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Posponen a marzo el macrojuicio de 24 saharauis por incidentes de Gdeim Izik

26 ene 2017
10h47
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El juicio a los 24 independentistas saharauis acusados por los incidentes de Gdeim Izik de 2010 en el que murieron once policías marroquíes, fue pospuesto anoche hasta el próximo 13 de marzo, según informaron fuentes de la defensa.

En la audiencia de ayer, que terminó cerca de la medianoche, el juez accedió a la petición de los abogados defensores de someter a los acusados a exámenes médico forenses para confirmar o descartar las acusaciones de tortura supuestamente sufridas durante su detención en 2010.

El peritaje médico será realizado por tres forenses marroquíes.

El juez rechazó la petición de la defensa de conceder la libertad provisional a los que están detenidos -que van a ser trasladados a una prisión de Casablanca- y también el recurso de los abogados sobre la falta de competencia del tribunal.

También se decidió convocar a los mismos testigos que comparecieron en el primer juicio celebrado en un tribunal militar en 2013 y cuyo veredicto fue invalidado por una instancia superior.

Uno de los puntos que marcó la audiencia de ayer es la retirada de un abogado de la defensa de los acusados después de que una abogada francesa mencionara en su intervención la expresión "territorios ocupados" para referirse al Sáhara Occidental, y que fue seguida por los gritos de indignación por parte de algunos presentes en la sala y los abogados de los familiares de las víctimas.

Este es el segundo abogado que se retira de la defensa de los acusados al protestar por lo que considera el "carácter político" que se está dando a este proceso, que según la acusación se refiere sencillamente a crímenes de derecho común, lo que contradice la defensa.

A lo largo de los pasados tres días en los que duró el juicio tanto unas como otras partes aprovecharon el caso para lanzar consignas, unos en favor de la autodeterminación del Sáhara y los otros para insistir sobre la "marroquinidad" del Sáhara Occidental, dejando al juez visiblemente desbordado en varias ocasiones.

Este juicio tuvo un amplio seguimiento mediático tanto de la prensa nacional como internacional y ha sido seguido por un nutrido número de observadores internacionales, entre ellos varios españoles.

Este proceso se celebra después de que el Tribunal de Casación anulase el veredicto pronunciado en febrero de 2013 contra los activistas -condenados antes por penas entre cadena perpetua y 20 años de cárcel- por defectos de forma y de fondo ante la ausencia de pruebas y ordenó repetirlo en una jurisdicción civil.

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