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Gobierno de P.Rico advierte a la junta que no pedirá préstamos a corto plazo

23 ene 2017
01h59
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El ejecutivo de Puerto Rico volvió hoy a remitir una misiva a la Junta de Supervisión Fiscal para la isla, en la cual le contesta a varios puntos que le planteaba dicho organismo en varias cartas esta semana y le asegura que cumplirá con todas las fechas que le marca y que no buscará préstamos a corto plazo.

La carta es la última de un continuo ir y venir de misivas desde que el pasado día 18 la Junta le remitiera una al Gobernador, Ricardo Rosselló, en la que le muestra su disposición favorable de extender la fecha límite para que presente un Plan Fiscal bajo varias condiciones, que generaría unos ahorros ingresos adicionales y/o ahorros anuales por 4.500 millones de dólares hasta el 2019.

La junta se mostraba en ese documento de acuerdo en prolongar el plazo de entrega del Plan Fiscal hasta el 28 de febrero y extender hasta el uno de mayo la fecha de vencimiento de la moratoria en la deuda, si el gobierno no acepta más préstamos y desarrolla un plan de liquidez.

La carta de hoy, firmada por Elías Sánchez, representante del gobernador ante la junta, le recuerda al organismo que el Gobierno de la isla no buscará préstamos a corto plazo o financiación a mediano plazo "que pudiera restringir las opciones fiscales" del ejecutivo.

A su vez, reitera su intención de colaborar con la junta de supervisión fiscal para la creación de un Plan Fiscal que se ajuste a las normas estatutarias de Puerto Rico establecidas por Promesa, la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

La Ley fue aprobada a finales de junio de 2016 por Washington para tratar de socorrer al Gobierno de Puerto Rico.

La carta también considera "crucial" toda la información que pueda tener sobre su liquidez y considera que ambos comparten el deseo de buscar una solución consensuada a los problemas que se enfrenta Puerto Rico.

El gobierno, a su vez, también advierte que el Plan Fiscal que entregará a la Junta estaría sujeto a cambios durante su aplicación debido a que "muchas variables como las fluctuaciones económicas no previstas", por lo tanto, indica, "no hay razón para excluir la elaboración de un segundo plan".

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda de más de 60.000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

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