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Congreso español revisará esta semana la controvertida "ley mordaza"

19 mar 2017
13h26
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La ley de Seguridad Ciudadana española, más conocida como "ley mordaza", será sometida esta semana a revisión en el Congreso, en un proceso en que la oposición tratará de modificar la ley más polémica de la pasada legislatura, que a su juicio, restringe el derecho de reunión e información.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) o Human Rights Watch han criticado la ley por las "restricciones injustificadas" que afectan a los derechos de la libertad de información, expresión y de reunión.

La normativa, aprobada en julio de 2015, multa con hasta 30.000 euros (32.237 dólares) a quienes insulten o injurien a agentes de policía, o tomen imágenes sin su consentimiento, a quienes se nieguen a disolver manifestaciones o a quienes perturben el orden de actos públicos (espectáculos, deportivos u oficios religiosos), entre otras medidas.

También regula las denominadas "devoluciones en caliente" que se aplica en las ciudades fronterizas de Melilla y Ceuta, y que consiste en el retorno inmediato a Marruecos de los inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera, lo cual vulnera el derecho a asilo, refugio y protección internacional, según organismo internacionales.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), en su primer año de vigencia, la ley provocó que varios periodistas fuesen multados por fotografiar manifestaciones, sucesos y acontecimientos en la calle.

La normativa fue aprobada por el conservador Partido Popular (PP) cuando tenía mayoría parlamentaria, pero ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy gobierna en minoría y la oposición ha puesto sobre la mesa dos propuestas para reformar la ley.

Los socialistas del PSOE (principal partido de la oposición) ha propuesto un reforma que supondría prácticamente su derogación, y los nacionalistas vascos del PNV (conservadores), han presentado una alternativa más "posibilista" que ataca a los aspectos más controvertidos.

El PP ha reiterado su voluntad de diálogo y de modificar la norma, aunque en ningún caso aceptará su derogación. El texto vigente fue incluso suavizado porque el borrador inicial suscitó más que recelos entre los partidos y un buen número de organizaciones sociales.

Tras su aprobación en 2015, todos los grupos de la oposición recurrieron ante el Tribunal Constitucional las medidas más controvertidas sobre los derechos de reunión, manifestación, información y ley de extranjería, entre otros.EFE

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