Andan
estos días los diputados viendo la forma de aplicarse los recortes económicos de los que nadie se libra. Lo
hacen con mucho tiento y con el propósito de dar lecciones de austeridad aunque
no sea para tanto, porque manejan trucos.

La
reducción del dinero que reciben sus señorías ha de concretarse en una
modificación legal que elaboran y aprueban sus mismas señorías. Algo lógico,
aunque recuerde lo del cocido de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.

Tienen
que retocar, y en eso están, nada menos que una ley orgánica, la de financiación de los partidos políticos.
Cuando se reúnen en comisión para redactar las modificaciones les asoma su resistencia a mermar los
ingresos, aunque de puertas afuera prediquen
lo contrario.

El
resultado es que casi nada es lo que
parece. Decidió este Gobierno en los Presupuestos del Estado que las
subvenciones a los grupos parlamentarios se
redujeran en un 20%, y así se va a hacer. Es un tajo, pero no tanto porque
resulta que ese mismo porcentaje es el
que se incrementaron en 2008, un año después de que esas cantidades se
fijaran por ley. En consecuencia, el dinero público destinado al funcionamiento
de los grupos parlamentarios baja de 78
a 65,88 millones anuales y el dirigido a sus gastos de seguridad, de 4 a 3,38 millones, reparto que se hace en función de los escaños de cada uno.

Se
trata de una reducción a una parte de los gastos que ocasiona el mantenimiento
del Congreso y sus diputados, porque esta rebaja del 20% no afecta a los honorarios, dietas, complementos, etc., que simplemente
están congelados tras la reducción
de un 10% aplicada en 2010.

Pero
los diputados de la oposición se oponen,
aunque no lo dicen de puertas afuera, a la pretensión del grupo Popular de suprimir en la ley la cláusula de revisión anual de las
subvenciones según el IPC.

Con
la presentación de los Presupuestos del Estado el Gobierno de Rajoy ha reincidido en el pobre  discurso que mantiene desde el primer
momento. No se conocen 100 primeros días
de gobierno más trepidantes y decisiones más trascendentes que los del actual
Ejecutivo, pero con una torpe estrategia
de imagen. O, como ahora se dice, con ausencia de un relato inteligente y
solvente.

Ocurrió con el subidón
de impuestos explicado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el
ministro Montoro; ocurrió con la
presentación de la reforma laboral a
cargo de la ministra Fátima Báñez y el ministro Luis de Guindos; ocurrió con la respuesta a la huelga general a cargo de una
desconocida Cristina Díaz, directora general de Política Interior; y ocurrió con la presentación de la ley
más importante, los Presupuestos
Generales del Estado, otra vez a cargo de Soraya Sáenz y Cristóbal Montoro.

En
ninguna de esas ocasiones, a cual más dramática, ha dado la cara el presidente Mariano Rajoy. Ese afán por no quemarse
ante la opinión pública, por no mancharse con decisiones tan duras deteriora su
propia imagen y le quita credibilidad
a unas medidas, según dice inevitables. ¿O es que no lo son tanto?

Tenga
o no madera de líder el inquilino de la Moncloa, en los momentos difíciles ha
de ser el jefe el primero en dar la cara
máxime si, como en este caso, ha sido aupado al poder por una mayoría
abrumadora de los ciudadanos. Pero ha sido incapaz
de dirigirse a la nación, explicar lo que pasa y pedir sacrificios.

Fatigada
la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras comerse todos los marrones,
el pasado fin de semana hemos asistido a un desfile de ministros y dirigentes
del PP intentando justificar la amnistía
fiscal para defraudadores como Dios les ha dado a entender.

Ese
perdón a las fortunas de dinero
negro o de dinero evadido previa penitencia de un 10%, lo anunció el ministro
Montoro en la presentación de los PGE como un mal menor ante la necesidad de
recaudar. Lo hizo con el balbuceo y
escasa convicción que le caracterizan.

A
la vista de lo mal que ha sentado en la opinión pública que una subida del IRPF
vaya acompañada de una amnistía a defraudadores, la secretaria de Estado de
Presupuestos ha ofrecido un argumento popular y político pero poco afortunado.  ”No nos
gusta aprobar una amnistía fiscal, pero la alternativa
era subir el IVA“, ha dicho Marta Fernández Currás,  responsable de Presupuestos en el Ministerio
de Hacienda. O sea, como que les da vergüenza lo que han hecho o lo hacen tapándose la nariz.

Cómo
será la cosa que el documento elaborado en Moncloa 100 días de Gobierno: el impulso
reformista, en su referencia a los PGE omite lo de la amnistía pero habla
de un futuro plan de lucha contra el fraude fiscal.

El
colmo de la torpeza han sido las
iniciativas del PP para sacar de apuros al Gobierno. Dolores de Cospedal no se ha cortado un pelo al
afirmar que esa amnistía fiscal “es buena para todos los ciudadanos“. Su
segundo en el partido, Carlos Floriano, ha intentado lucirse soltando que estos
Presupuestos del Estado “dicen la verdad“.
Y el remate ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso
Alarcón, que ha querido achicar el balón
de su campo identificando los 25.000 millones de fraude fiscal con un
agujero de igual cuantía por culpa de “la
nefasta gestión de Alfredo Pérez Rubalcaba
durante 2011“.

Paradojas
de la política: a este paso el errático
PSOE puede ser capaz de ganarle al Gobierno y al victorioso PP la batalla de la imagen por la vía del discurso
coherente y de tener un líder que dé la cara.

El aforismo
popular que advierte eso de que vendrá el tío Paco con la rebaja lo
hace carne propia el recién estrenado presidente del Gobierno. Ha empezado a
representar ese papel en su segundo Consejo de Ministros y último del año 2011,
aprobando unos recortes que solo son el
aperitivo de lo que nos espera.

En vísperas de
las campanadas de Nochevieja Mariano Rajoy no
ha querido amargar al personal la presunta alegría por el Año Nuevo y ha
dejado lo más doloroso -pero muy, muy doloroso- para la presentación de los
Presupuestos de 2012. Solamente los pensionistas verán revalorizadas sus pensiones en un discreto 1%, seguramente inferior
a la inflación del próximo año.

La prolongación
durante 2012 de la congelación salarial para los funcionarios, y de las
plantillas, era algo que estaba cantado y casi anunciado. Son dos años seguidos sin subir un euro y
partiendo de un recorte del 5%… pero lo peor es que en marzo pueden llegar
noticias aún peores para los tres millones
de empleados públicos.

Cómo será el
panorama, que los funcionarios de la Policía y la Guardia Civil, los de Sanidad
y los de Educación pueden considerarse privilegiados porque en esos
sectores se repondrán un 10% de las
plazas vacantes. En el resto,
ninguna.

El Gobierno
quiere envolver los duros recortes con los aplicados a altos cargos y a gastos
suntuarios. Eso es popular a corto plazo, pero insuficiente para conseguir comprensión de los ciudadanos a la
llegada del tío Mariano con la rebaja.

Algo tendrá que
hacer el Ejecutivo de Rajoy para obtener una cierta comprensión ante estas
primeras medidas de subida en el IRPF y
en IBI, antesala de las que vendrán después. Y no será suficiente decir que
el anterior Gobierno ha ocultado la
dimensión del agujero, 4.000 millones por encima de lo que decían.

El presidente,
sus ministros y los presidentes de las CC.AA., al menos las gobernadas por el
PP, deberían tener el valor suficiente para contarnos cuál es la deuda de todas las administraciones. Es decir,
hasta dónde estamos entrampados por culpa de ayuntamientos, diputaciones y
empresas públicas donde socialistas y
populares han venido disparando con
pólvora del rey.

Dado que no es
delito la ruina provocada por un gobernante, Rajoy sí debería echar un par de narices y empujar a los
responsables de ese descalabro, sean o no de su partido, a que den la cara y se expliquen, sigan o no
en sus cargos públicos, y al menos reciban
el escarnio público.

La crisis será global y tendrá un origen
externo, pero lo que no se debe hacer es pedir a los españoles que hagamos de paganos del sobrecoste de la crisis por
los excesos o la bribonería de unos tipos que nos han ocultado la verdad y ahora se van de rositas.