El
inane Grupo Socialista del no menos inane Senado ha encontrado motivo para afear la protección de la que goza el
presidente del Gobierno. El jefe de los senadores del PSOE ha pedido al
presidente de la Cámara Alta que investigue la posible actuación ilegal de una policía de la escolta de Rajoy, que
el otro día agarró a un senador que pretendía acercarse a Mariano Rajoy.

Se
trata de un asunto menor, de mero reglamento
de la Cámara, pero puede dejar en evidencia el exceso de celo de esa
aguerrida policía que no está facultada para actuar dentro del salón de Plenos,
porque para eso el Senado tiene su propio dispositivo de seguridad.

En
el vídeo que acompaña este relato de
lo sucedido antes de iniciarse el último pleno del Senado, se observa cómo el senador socialista es alejado del lugar de la escena por la
escolta.

Y
en las fotografías sobre estas líneas se aprecia cómo el mismo parlamentario es
bloqueado entre la escolta que le sujeta
un brazo y le quita la bolsa que lleva y el jefe del Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, que se interpone entre
el presidente y el senador.

Lo
que pretendía Ibán García del Blanco, así se llama ese senador por Castilla y
León, era entregar al presidente del Gobierno un casco minero en nombre de los trabajadores de la minería de León
al borde del paro: eso había dentro de la bolsa.

Puede
sentirse tranquilo el inquilino de la Moncloa con quienes cuidan de su
seguridad física, particularmente de esta
mujer que, cual ángel de la guarda, no
lo deja a sol ni a sombra.

Como
buena escolta, no llama la atención en su aspecto personal, pasa desapercibida con su traje gris y
melena suelta, pero cada vez que algo se sale
del guión en torno a Rajoy, aparece su fiel
cuidadora. Ocurrió el día que el
Presidente dio una espantá a los
periodistas para abandonar el Senado por la puerta trasera y en las pocas
ocasiones que se le han podido acercar reporteros en un espacio abierto.

Hace unos días dio
que hablar la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al
ordenar a la Policía un comportamiento con las manifestaciones no autorizadas
opuesto a la vista gorda que el año pasado se aplicó a las concentraciones del
15 M. Hace menos de una semana, la misma señora Cifuentes fue voz disonante en el congreso del
Partido Popular por sus propuestas aconfesionales y por el apoyo a al
matrimonio homosexual.

Otra delegada
del Gobierno, la de la Comunidad Valenciana, está ahora en el punto de mira de los estudiantes valencianos como máxima
responsable de la contundencia con la que se aplica la Policía en los
disturbios en la capital del Turia. Se trata de Paula Sánchez de León.

Tanto esta última como su colega de Madrid, Cristina Cifuentes, pertenecen al
equipo de estrictas gobernantas que
Mariano Rajoy ha colocado como delegadas
de la Administración Central en las comunidades de Andalucía, Canarias,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra.

Sin responder a una ley de cuotas,  las nuevas delegadas del Gobierno son: Carmen Crespo (Andalucía), Carmen Hernández Bento (Canarias), Llanos de Luna (Cataluña), Paula Sánchez de León (Comunidad
Valenciana), Cristina Cifuentes
(Madrid) y Carmen Alba (Navarra).

Digo yo, y los primeros hechos parecen demostrarlo,
que Rajoy no habrá colocado a unos simples floreros en el puesto de mando de, por ejemplo, la actuación de la Guardia Civil y la Policía en
territorios como los antes citados.

Estas seis estrictas
gobernantas, todas ellas de la confianza del ministro del Interior, Jorge
Fernández, y de los dirigentes del PP en sus respectivos territorios, se ocupan
de coordinar la Administración Central con las autonómicas, de supervisar las
competencias no transferidas y, sobre todo, de controlar el orden público en sus comunidades autónomas.

Se tienen que ocupar de lo que ocurra con la inmigración ilegal, con la seguridad ciudadana, con las protestas
callejeras, con la amenaza terrorista,
con las manifestaciones en la vía pública, con el tráfico de estupefacientes,
con la persecución de delincuentes, etc.

No es la primera vez que hay mujeres al frente de Delegaciones del
Gobierno, pero nunca habían sido tantas
y en destinos tan conflictivos. Y con otra particularidad: estos cargos siempre habían dependido de un Ministerio de Administraciones Públicas que ya no existe, sino que está integrado en el de Hacienda. Como, a la vez, se da la circunstancia de que sus principales competencias son las de orden público y seguridad, el complejo resultado final es que están integradas orgánicamente en el ministerio de Cristóbal Montoro pero funcionalmente están a las órdenes del ministro Jorge Fernández.