Andan
estos días los diputados viendo la forma de aplicarse los recortes económicos de los que nadie se libra. Lo
hacen con mucho tiento y con el propósito de dar lecciones de austeridad aunque
no sea para tanto, porque manejan trucos.

La
reducción del dinero que reciben sus señorías ha de concretarse en una
modificación legal que elaboran y aprueban sus mismas señorías. Algo lógico,
aunque recuerde lo del cocido de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.

Tienen
que retocar, y en eso están, nada menos que una ley orgánica, la de financiación de los partidos políticos.
Cuando se reúnen en comisión para redactar las modificaciones les asoma su resistencia a mermar los
ingresos, aunque de puertas afuera prediquen
lo contrario.

El
resultado es que casi nada es lo que
parece. Decidió este Gobierno en los Presupuestos del Estado que las
subvenciones a los grupos parlamentarios se
redujeran en un 20%, y así se va a hacer. Es un tajo, pero no tanto porque
resulta que ese mismo porcentaje es el
que se incrementaron en 2008, un año después de que esas cantidades se
fijaran por ley. En consecuencia, el dinero público destinado al funcionamiento
de los grupos parlamentarios baja de 78
a 65,88 millones anuales y el dirigido a sus gastos de seguridad, de 4 a 3,38 millones, reparto que se hace en función de los escaños de cada uno.

Se
trata de una reducción a una parte de los gastos que ocasiona el mantenimiento
del Congreso y sus diputados, porque esta rebaja del 20% no afecta a los honorarios, dietas, complementos, etc., que simplemente
están congelados tras la reducción
de un 10% aplicada en 2010.

Pero
los diputados de la oposición se oponen,
aunque no lo dicen de puertas afuera, a la pretensión del grupo Popular de suprimir en la ley la cláusula de revisión anual de las
subvenciones según el IPC.