Cada vez estoy más convencido de que Pérez Rubalcaba es un bendito. Este
santo varón, no contento con haberse inmolado en las últimas elecciones
generales, ha situado como número dos del PSOE a la que fue responsable (en el mejor y en el peor
sentido) de su campaña electoral, la aguerrida Elena Valenciano.

La señora Valenciano, cuya biografía habla de muchos estudios y ningún título, una
vez asentada en el puesto de mando de su partido no disimula lo mucho que le agrada semejante cargo y la preeminencia
que le da entre los abatidos militantes. Resultado: Elena Valenciano se nos ha venido arriba y se pasea por
media España dando rienda suelta a su ideología
de prêt à porter.

Al carecer de las facultades de su líder Rubalcaba
para enhebrar dos frases seguidas con
sentido común y sin leer, la vicesecretaria general del PSOE recurre a
unos mensajes con abundancia de sal
gruesa, algo recurrente en los discursos de quien hace oposición. Antes lo
hacían unos y ahora otros.

En sus primeros pasos como divulgadora de las
posiciones de su partido y excitadora
del celo contra la derecha gobernante, Valenciano promete darnos algunas tardes de gloria con frases que serán muy
celebradas y no pasarán desapercibidas a sus rivales.

Ya hable de la crisis económica, del mercado laboral,
de la educación, del déficit o de la participación ciudadana, la referencia
feminista siempre está presente. Su leit
motiv es presentar a Rajoy como
enemigo de la igualdad de género, de la emancipación de la mujer.

He aquí un breve muestrario de perlas extraídas de sus
intervenciones más recientes, en el congreso de los socialistas de Baleares y en la presentación de la campaña del
PSOE contra la reforma laboral.

-   “Si por el PP fuera, las mujeres españolas
estarían en el siglo pasado, a principios del siglo pasado“.

-   “Cuando la derecha gobierna, las primeras que
pierden son las mujeres“.

-   “Rajoy ha montado una embestida ideológica
contra las mujeres“.

-   En
ocasiones hace pinitos con la lírica,
con este resultado: “(…) la educación que
permitirá que los sueños de los niños y niñas dependan del tamaño de esos
sueños, no del tamaño de la cuenta corriente de sus padres“.

-   O le
sale la líder carismática que lleva
dentro con ofertas así de originales: “Los
ciudadanos lo que necesitan son respuestas, respuestas que los socialistas
plasman en tres E: Empleo, Equidad y Europa“.

En este vídeo comprobaréis estas y otras expresiones de la número dos
del PSOE, de verbo tan distinto, tan
distante al de su jefe Pérez Rubalcaba. La disculpa de que sus
intervenciones públicas no pueden ser espontáneas, que han de ajustarse a un guión,
no es válida a la vista de su perfil en
Twitter.

En los tweets de Elena Valenciano, que
presumiblemente son fruto de su exclusiva cosecha, abundan reflexiones y análisis de todo a 100, como estos:

-  
“Las FARC anuncian que
no volverán a secuestrar. Espero q, además, liberen a todos los rehenes“.

-   “Ayuntamiento de Sevilla: Lamentable, quitarle la calle a Pilar Bardem!!
¿No tienen suficientes calles para santos y vírgenes? Revanchismo“.

No es habitual escuchar en los debates entre
representantes políticos o cargos públicos que uno se refiera a otro como “chorizo“
y “putero“.
Menos aún que esos calificativos los lance un socialista contra otro socialista. Pues eso ha ocurrido en un
plenario de la Diputación de Sevilla. Las
heridas por el descalabro electoral no
se han cerrado y las negras perspectivas para el PSOE en las urnas
andaluzas avivan los conflictos internos.

El escándalo de los ERE de la Junta de Andalucía aún
no ha reventado con toda la porquería
que hay dentro, pero lo hará en vísperas de las elecciones autonómicas del 25
de marzo. Ante la previsible decisión de tirar
de la manta por parte del ex director general de Trabajo de la Junta, y
principal implicado, Javier Guerrero, los del PP no paran de hurgar en la herida del partido de Griñán.

En una de esas es cuando el otro día el presidente de
la Diputación de Sevilla, el socialista Rodríguez Villalobos, reprochó a diputados
del PP que dieran crédito al testimonio “de
un sinvergüenza, de un chorizo, de un alcohólico… de un putero, sí, de un putero“,
refiriéndose al ex director general Guerrero. Dichos epítetos le han valido una
querella por injurias y calumnias de ese alto cargo que, según su chófer, mandaba
comprar cocaína con dinero de los
Expedientes de Regulación de Empleo.

En otras regiones los enfrentamientos entre
socialistas no han llegado a los bajo niveles de Andalucía, pero siguen volando cuchillos y menudean los navajazos por la espalda. Esto último
es lo que han hecho el pasado fin de semana dos maestros de la doblez, el embuste y la deslealtad, el
ex presidente de las Cortes, José Bono,
y el ex presidente de Castilla-La Mancha, José
Mª Barreda.

El primero, un adicto al coche oficial y a la
vanagloria, se descuelga echando en cara a los
gobiernos de Zapatero (que le consintió todas sus ambiciones) que no
hicieran lo que ahora ha hecho Rajoy
de reducir los ingresos de banqueros subvencionados, cancelar las deudas de la
Administración con los proveedores y promover la dación en pago.

Que eso lo dijera el socialista José Borrell tiene un
pase, pero que se sume al reproche el personaje Bono es una puñalada trapera a un Zapatero al que
siempre despreció pero le besaba la mano. En el colmo de la
desfachatez, el ex presidente del Congreso, a la vez que denostaba a ZP elogiaba las figuras de dos amiguetes socialistas,
el nefasto Barreda y el más nefasto aún
Hernández Moltó, artífice de la ruina
de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (la primera intervenida por el
Banco de España) y del inútil y
costoso aeropuerto de Ciudad Real,
entre otros desaguisados.

También suena a
mezquindad, por no decir ruindad, que en la misma ocasión  su paisano José Mª Barreda, ex presidente
castellano-manchego, haya tenido la desfachatez de culpar a la dirección federal del PSOE de su estrepitosa derrota en
las elecciones autonómicas de mayo.

“El partido -ha dicho- no acabó de entender que la madre de todas
las batallas era Castilla-La Mancha” y los dejó muy solos. Eso afirma quien
ha dejado la comunidad autónoma con
mayor déficit y quien hace pocos meses al ser preguntado por su caótica gestión económica soltó eso de
que “yo soy un presidente autonómico, no un contable, y no afronto la política
con esa mentalidad“.

Así
está el patio en el partido que le toca ir de perdedor y donde algunos tienen mal perder.

Me he encontrado en la prensa con dos temas tan
parecidos como opuestos. La gran paradoja, vamos. Me explico: Cáritas publica
su análisis social de España revelando que el 21,8 % de la población es pobre, es decir, que subsiste con menos
de 7.800 euros/año. En paralelo, elconfidencial.com presenta en una oportuna
infografía los cargos públicos que ganan
más dinero que el presidente del
Gobierno.

¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues nada, que
de 2007 a 2011 la pobreza en España se ha hecho “más extensa, más intensa y más
crónica“. Y cada vez los pobres
son más pobres y los ricos más ricos, con la particularidad de que 11,6
millones de españoles están en riesgo de exclusión social.

Quien está excluido
de los sabrosos emolumentos de los cargos públicos y de los directivos de
empresas públicas es el inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy. Ya sabemos que no
vive solo de su nómina, que gobierna la nación a gastos pagados, pero tiene narices que el sueldo de 78.128 euros anuales del presidente
del Gobierno de España le parezca una chuminada a un montón de alcaldes, presidentes de CC.AA. y un sinfín de cargos
públicos que superan con creces esa
nómina.

Por ganar, hasta el director del cementerio de Málaga gana más que Rajoy: 94.000 €, y
con una gestión tan lastimosa que ha estado aplicando a los servicios
funerarios el doble del IVA legalmente estipulado.

Como se aprecia
en el gráfico antes señalado, al menos hay catorce alcaldes que rebasan ampliamente los emolumentos del Jefe
del Ejecutivo. Unos son de grandes capitales (Barcelona, Madrid, Sevilla,
Valencia, Zaragoza, Bilbao…) y otros de municipios más modestos, como los
madrileños de Las Rozas, Pozuelo, Alcobendas y Alcalá de
Henares.

Otros siete presidentes de comunidades autónomas
también superan el salario presidencial, particularmente el de Cataluña, con
los 144.000 € de Artur Mas. No se
queda muy atrás la presidenta castellano-manchega, Dolores de Cospedal, equiparada al presidente vasco con 100.000 euros al año. Algo más discretas son
las presidentas de Navarra y Aragón, que solo le sacan un 3% de ventaja.

Ni estos, ni los miles de altos
directivos de las 2.000 empresas públicas que debe haber en España (no hay
un censo oficial exacto) conocen, por suerte, lo que es el umbral de la pobreza
o la exclusión social que ha radiografiado Cáritas. Lo más que les va a pasar
es que el Gobierno, las CC.AA. y los ayuntamientos apliquen de verdad el Real Decreto de la reforma laboral, que para
ese ejército de cargos de
fundaciones, entes administrativos, entes y empresas públicas, etc. Y eso
significa que en caso de despido sólo recibirán una indemnización de 7 días de salario por año, y sin contemplar
incentivos y complementos

Hace unos días dio
que hablar la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al
ordenar a la Policía un comportamiento con las manifestaciones no autorizadas
opuesto a la vista gorda que el año pasado se aplicó a las concentraciones del
15 M. Hace menos de una semana, la misma señora Cifuentes fue voz disonante en el congreso del
Partido Popular por sus propuestas aconfesionales y por el apoyo a al
matrimonio homosexual.

Otra delegada
del Gobierno, la de la Comunidad Valenciana, está ahora en el punto de mira de los estudiantes valencianos como máxima
responsable de la contundencia con la que se aplica la Policía en los
disturbios en la capital del Turia. Se trata de Paula Sánchez de León.

Tanto esta última como su colega de Madrid, Cristina Cifuentes, pertenecen al
equipo de estrictas gobernantas que
Mariano Rajoy ha colocado como delegadas
de la Administración Central en las comunidades de Andalucía, Canarias,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra.

Sin responder a una ley de cuotas,  las nuevas delegadas del Gobierno son: Carmen Crespo (Andalucía), Carmen Hernández Bento (Canarias), Llanos de Luna (Cataluña), Paula Sánchez de León (Comunidad
Valenciana), Cristina Cifuentes
(Madrid) y Carmen Alba (Navarra).

Digo yo, y los primeros hechos parecen demostrarlo,
que Rajoy no habrá colocado a unos simples floreros en el puesto de mando de, por ejemplo, la actuación de la Guardia Civil y la Policía en
territorios como los antes citados.

Estas seis estrictas
gobernantas, todas ellas de la confianza del ministro del Interior, Jorge
Fernández, y de los dirigentes del PP en sus respectivos territorios, se ocupan
de coordinar la Administración Central con las autonómicas, de supervisar las
competencias no transferidas y, sobre todo, de controlar el orden público en sus comunidades autónomas.

Se tienen que ocupar de lo que ocurra con la inmigración ilegal, con la seguridad ciudadana, con las protestas
callejeras, con la amenaza terrorista,
con las manifestaciones en la vía pública, con el tráfico de estupefacientes,
con la persecución de delincuentes, etc.

No es la primera vez que hay mujeres al frente de Delegaciones del
Gobierno, pero nunca habían sido tantas
y en destinos tan conflictivos. Y con otra particularidad: estos cargos siempre habían dependido de un Ministerio de Administraciones Públicas que ya no existe, sino que está integrado en el de Hacienda. Como, a la vez, se da la circunstancia de que sus principales competencias son las de orden público y seguridad, el complejo resultado final es que están integradas orgánicamente en el ministerio de Cristóbal Montoro pero funcionalmente están a las órdenes del ministro Jorge Fernández.

El presidente
de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha hecho otra de las suyas. La típica pirueta
del nacionalismo burgués, ora aliado con
la derechona española, ora aliado
con el separatismo sin contemplaciones.

Como estos nacionalistas de CiU, a semejanza de sus
colegas vascos del PNV, son unos maestros en el doble juego, el doble lenguaje, en poner una vela a Dios y otra al
diablo, al día siguiente de que  Mas
escenificara en el Parlament de Catalunya un pacto con el Partido Popular, se
descolgó en el diario Le Monde con unas
declaraciones asegurando que “Cataluña
podría perfectamente ser un Estado dentro de la Unión Europea“.

Justificó esa ensoñación con el argumento histórico de
que los catalanes pertenecen al Estado
español desde hace quinientos años,”más de trescientos por la fuerza, tras haber perdido dos guerras“.

La cosa no iría más allá de un mero dislate
nacionalista si no fuera por tres motivos:

1.- Las afirmaciones de Artur Mas
sobre un posible estado catalán
independiente y sobre la forzada integración de Cataluña en España a modo
de botín de guerra, se corresponden con la visión del pasado, del presente y
del futuro que el poder nacionalista mantiene desde siempre, con lo que se inculca desde hace años en el sistema
educativo catalán y con lo que bastantes jóvenes de ese territorio han
mamado y aprendido.

2.-Soltar semejante exabrupto contra España como estado de la UE y como
nación soberana en el periódico más influyente de Europa, es lo peor que podría
haber hecho Artur Mas respecto a la solvencia del país España en estos momentos de gravísima crisis
internacional.

3.- Son de tal calibre la frivolidad y la irresponsabilidad de las que ha
hecho gala el presidente de la Generalitat, que su web oficial reproduce la
entrevista de Le Monde disimulando dentro del texto ese
enloquecido fervor separatista que, como es natural, el periódico francés y los
demás medios lo sacaron a titular. Y omite
la referencia histórica a los 300 años de pertenencia a España por la
fuerza.

Para más inri y para mayor descrédito político de un Artur Mas que ha meado fuera de tiesto
en el momento más inoportuno, el mismo día que aparecían sus declaraciones en Le Monde, la agencia de calificación
Moodys rebajaba la deuda pública emitida
por Cataluña a un escalón de lo que se llama bono basura. O sea…

No os perdáis lo que es el juego entre políticos. Un
día antes de que las rotativas del vespertino Le Monde imprimieran la página con la entrevista al Molt Honorable President, él mismo se daba
el pico en el Parlament con la diputada portavoz del PP, Alicia Sánchez
Camacho, que le ha permitido sacar adelante su Presupuesto para 2012 gracias a
un intercambio de cromos. Entre ellos,
que los diputados de CiU en el Congreso
sean buenos con el Gobierno de Rajoy.

Como decía aquel castizo aragonés, ¿en
qué quedamos: semos o no semos?

En plena luna de miel con la mayoría absoluta, el
Partido Popular afronta su congreso nacional de este fin de semana como una
gran celebración, ligeramente empañada en sus vísperas por las enmiendas heterodoxas que han
presentado dos militantes madrileños, uno de ellos nada menos que la recién nombrada
Delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La señora Cifuentes, que no se corta un pelo para ordenar a la Policía que disuelva manifestaciones
ilegales, tampoco se ha amilanado para presentar unas modificaciones a la
ponencia del congreso que define el ideario del PP, pidiendo que de éste desaparezca la referencia a su carácter
cristiano.

Como el documento oficial dice que el partido de Rajoy
“está inspirado en los valores de la libertad, la democracia, la
tolerancia y el humanismo cristiano“, Cristiana Cifuentes y otro
dirigente popular madrileño, Ángel Garrido, han propuesto que en ese párrafo se elimine el término
cristiano y, de sustituirlo, se haga por “occidental” o “europeo“.

Ha llamado la atención que esta representante del
Gobierno de la nación en Madrid, y persona de confianza de Esperanza Aguirre, saliera por ese registro. Los
dirigentes de su partido no le han admitido esa enmienda -semejante, por cierto, a la que presentó en un congreso anterior
del PP la hoy ministra de Fomento, Ana
Pastor- y aquí paz y después gloria…

¿O no?

La artífice de esa enmienda siente  que eso la ha llevado a un linchamiento
absoluto, aunque los ponentes del congreso sí han acordado con ella
otra enmienda que había presentado defendiendo el matrimonio homosexual tal como lo reguló el gobierno de Zapatero.
La cosa va a quedar en que el PP no toque esa ley, salvo que lo ordene el Tribunal
Constitucional.

Todo indica que Cristina Cifuentes, alto cargo de
confianza en el Gobierno de Rajoy, va a dar
que hablar fuera y dentro de su partido. Quienes la ven con recelo dentro
del Partido Popular también le afean que al poco de tomar posesión como Delegada
del Gobierno recibiera a una
representación de las prostitutas para conocer qué pasa en las calles de
Madrid.

En esa ocasión se mostró contraria a posiciones que mantuvieron
anteriormente dirigentes del PP. “La
prostitución -dijo Cristina Cifuentes- el
considerado el oficio más viejo del mundo no es un trabajo, es una actividad forzada, obligada y denigrante, de ahí que no se
pueda regular: es imposible“.  Y añadió con
más sentido común que moralina: “lo que sí se puede
hacer es mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y laborales en las
que ejercen, la mayoría obligadas o porque no tienen otra alternativa: nadie lo
hace por gusto“.

Por si lo anterior no fuera
suficiente para ir de verso suelto en
el seno del Partido Popular, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid
también se ha confesado republicana,
por considerar la Monarquía una institución caduca, sin que sea óbice para
proclamar su lealtad a don Juan Carlos y a la Corona.

Esto de la
reforma laboral tiene todas las trazas de quedarse en un trágala por el ordeno y mando del Gobierno y, a la vez, en el naufragio
de unos sindicatos que no dan
más de sí.

La gente normal
necesita que se le explique si el decretazo del viernes pasado va a
favorecer la contratación de jóvenes
en pequeñas empresas (que sí) y va a facilitar
el despido en empresas en apuros (que también). Todo el mundo sabe que la
ministra de Empleo solo venderá las bondades de la reforma laboral, pero
necesitamos contrastar su versión con la
de la otra orilla.

¿De qué le sirve a un parado, a un empleado precario,
a un demandante de primer empleo, a un empleado estable, que los que deberían
analizar y juzgar el Real Decreto sean incapaces
de presentar argumentos?

“Es un golpe de
estado contra los trabajadores“.

“Es la peor reforma
laboral posible“.

Ambas aseveraciones, la primera del secretario de UGT,
Cándido Méndez, la segunda de la
número dos del PSOE, Elena Valenciano,
serán muy rotundas pero al ciudadano medio no le iluminan sobre el futuro laboral.
Se trata de frases, facilonas y
llamativas, sin la mínima fuerza
argumental a la que está obligada la crítica.

El PSOE intentará jugar el papel de oposición
responsable, pero los sindicatos convencionales, faltos de ideas, de respaldo y de prestigio, tienen todas las
papeletas para que su batalla contra la reforma laboral se convierta en su Waterloo particular.

En todo esto emerge como nueva estrella de Rajoy la figura de la ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez. Una mujer
desconocida para el gran público que se ha revelado como otra alumna aplicada de la clase, tales son
el aplomo y desparpajo con los que
se desenvuelve en esos terrenos de la contratación, el paro, la indemnización
por despido, los convenios colectivos, etc.

A esta mujer se le nota que tenía muchas ganas de balón, o sea, de llegar adonde ha llegado. Tantas,
que apenas llevaba un mes en el cargo aceptó que el Ayuntamiento de Huelva, su
tierra, la homenajeara con el máximo galardón, la Medalla de la Ciudad. ¿Méritos?: haber llegado a ministra. Báñez
llama la atención cuando interviene en público por dos detalles poco
habituales: se le nota que sabe de lo
que habla y no necesita llevar
escrito todo lo que dice.

Le ha tocado en suerte torear con uno de los más furiosos morlacos a los que se
puede enfrentar cualquier Gobierno, dar la vuelta como un calcetín a las reglas
del mercado de trabajo. Lo más duro para ella no será vérselas con un Cándido Méndez y un Ignacio Fernández Toxo atrapados en
unos esquemas sindicales sin actualizar y, además, subvencionados por el Gobierno al que pretenden hacer pupa.

Tampoco el peligro más grave que acecha a esta ministra-revelación es la
posibilidad de una huelga general.
Donde de verdad se la juega para quedar como estrella o terminar estrellada, es en el balance de si la reforma
laboral ha servido para frenar la destrucción de empleo en el sector privado,
para aumentar contratos de jóvenes y para aflorar economía sumergida.

Igual que al perro flaco, a este PSOE batido en las urnas y abatido en sus filas todo se le vuelven
pulgas: los conflictos, las divisiones, las frustraciones, los celos y las
venganzas le asoman por muchos rincones.

El problema más agudo lo tiene en Andalucía, donde el
futuro inmediato del partido de Rubalcaba huele
a chamusquina: la porquería del
escándalo de los ERE salpica a tanta gente y la torticera actitud del presidente José Antonio Griñán -ocultando su
apoyo a Chacón frente a Rubalcaba- ha provocado tanta división, que ya ha
habido un primer estallido en Sevilla.

Este domingo, en una asamblea para decidir la
candidatura de los socialistas sevillanos a las elecciones autonómicas de
marzo, ha dimitido el secretario provincial del PSOE de Sevilla,  José Antonio Viera.

Eso no tendría mayor trascendencia si no fuera por dos
circunstancias: Viera es rubalcabista
y no admitía en la lista candidatos chaconistas señalados por Griñán. Viera era consejero de Empleo de la Junta de
Andalucía durante el caso de los ERE
falsos. Resultado: los socialistas sevillanos se han roto en dos bloques.

Que el partido hegemónico en Andalucía se acerca a un largo calvario, donde el descalabro
electoral solo será el comienzo, se deduce de este paquete de titulares extraídos de El País en la última semana:

-  La lista del PSOE de Córdoba divide
en dos al partido.

-  El sector de Griñán excluye a los
críticos en Málaga y Almería.

-  El PSOE de Jaén planea excluid a Mar
Moreno de la lista andaluza (se trata de la actual consejera de Presidencia).

-  Primer roce entre el PSOE andaluz y
Ferraz por las listas del 25 M.

Todo eso pueden
considerarse escaramuzas de perdedores, pero lo más sobresaliente es que las
semanas previas a las elecciones en esa comunidad van a estar acompañadas de nuevas y escandalosas revelaciones en
el sumario judicial sobre los ERE falsos o0, mejor dicho, el reparto de 700 millones a boleo entre amiguetes.

La juez
instructora Ayala, se ha descolgado acusando a la Junta de Andalucía de un delito gravísimo: nada menos que falsear las actas oficiales de la Junta de
Gobierno de los años 2001 a 2010, que ella reclamó y tanto trabajo le costó
recibir. Y no solo eso. La magistrada
también ha abierto investigación sobre la presunta compra de cocaína con dinero público por el chófer del director
general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero.

De ser cierta esa falsificación documental, lo de menos es que el PSOE andaluz
fuera arrasado en las elecciones del 25 de marzo. La Junta en pleno caería bajo
sospecha, los dirigentes socialistas de esa región deberían dar paso a una
gestora y, lo que es peor, el descrédito de José Antonio Griñán lo convertiría
en personaje ignominioso para el PSOE
nacional… que en su último congreso lo ha colocado como presidente del partido
para salvarle
el culo en Andalucía. Menuda
papeleta.

Los medios informativos nacionales coincidieron ayer
en abrir un hueco en sus ediciones digitales para recoger la que fue imagen del día. No la del primer debate
Rajoy-Rubalcaba, no, sino la aparición pública de la ex vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega sin el rostro tan
característico que todos los españoles observábamos cada viernes en sus
comparecencias tras los Consejos de Ministros.

La mayoría de esas publicaciones recurrieron a contar la
noticia con imágenes y escasas palabras, por el sencillo procedimiento de
juntar dos fotografías con la cara que
conocíamos de Fernández de la Vega y con la cara que tiene ahora.

Los textos que acompañaban, y acompañan, esas
imágenes, digo, son escuetos, respetuosos
y con cierta carga eufemística. Que se fijen en ella por
una cuestión nada trascendente no es
consecuencia de pertenecer al género femenino sino de pertenecer al poder
político.

“Dejar el poder
rejuvenece“, afirma El País en su página de moda y
belleza en torno a unas fotografías espléndidas de la ex número dos de Zapatero
en Moncloa. “La relajada cara de María Teresa Fernández de la Vega“, es todo lo que
llegaba a decir el diario El Mundo, cuyo director trabó
estrecha relación de intereses con la susodicha. “El ‘milagro facial’ de María Teresa Fernández de la Vega“, avanzaba
Vanitatis.
“De la Vega o cómo rejuvenecer tras pasar
por Moncloa“, apostillaba Abc
con ironía indisimulada.

Me trae al
pairo si la señora
Fernández de la Vega ha recurrido a algún método quirúrgico, bioquímico o
naturista para borrar aquella faz tan genuina
y natural, quitándose de encima arrugas y años. O si, como dicen que dicen
sus cercanos, es consecuencia de haber metido
unos kilos en su cuerpo (en este caso, podría patentar la fórmula y se forraba).

Ahora bien, el hecho de que todos los medios de comunicación se hayan fijado en ese cambio no
obedece a misoginia o machismo: como
periodista y profesor en la materia, reconozco que ahí hay noticia, hay novedad en un personaje público que ya
no es vicepresidenta pero sigue ocupando un alto cargo: nada menos que consejera del Consejo de Estado.

La antigua vicepresidenta  se había dejado ver hace una semana en un acto
público de apoyo a Carme Chacón,
pero ha sido este jueves, oficiando de presidenta
de la Fundación Mujeres por África, en un acto con presencia de la Reina, una
ministra, banqueros, empresarios y futbolistas, cuando su nuevo rostro ha
copado el protagonismo gráfico de un evento
de tan alto copete.

Estoy seguro que el día que un alto cargo
político del sexo masculino modifique su aspecto físico, eliminando lo
caduco y ofreciendo una apariencia más juvenil y bella, habrá una catarata de comentarios periodísticos. Un
cambio de ese tipo es mucho más novedoso en un varón convencional que en una
mujer convencional. Pero hasta ahora no se había visto en una mujer del poder
que ha cambiado el máximo organismo
Ejecutivo, el Gobierno de la nación, por el máximo organismo Consultivo, el Consejo de Estado.

Las futuras sesiones parlamentarias de control al Gobierno no ofrecerán aquellos espectáculos en los que la diputada conservadora, Soraya Sáenz de Santamaría, ejercía de inmisericorde mosca cojonera del gobierno socialista, primero frente a Teresa Fernández de la Vega y después frente a Pérez Rubalcaba.

Ahora, aquella diputada opositora ha pasado a la orilla contraria y, como vicepresidenta del Gobierno, tendrá que soportar la fiscalización de la nueva portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez Ramos. Es un nombre poco común, pero mira por dónde van a ser dos Sorayas las protagonistas semanales del combate dialéctico en el Congreso.

¿Devolverá la diputada Soraya a la vicepresidenta Soraya los puñales que la segunda lanzaba al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba? La Soraya Rodríguez tiene fama de templada y con capacidad negociadora, la Soraya Sáenz tiene acreditada la condición de peleona, dura y quisquillosa, pero no es lo mismo mirar los toros desde la barrera que en el centro del ruedo.

La vicepresidenta Sáenz y la diputada Rodríguez tienen en común algo más que el nombre de pila de princesa oriental. La primera está casada y con un hijo. La segunda está divorciada y con dos hijos. Ambas son de Valladolid, ambas estudiaron Derecho, ambas viven de la política y ambas desconocieron las opresiones y persecuciones de la dictadura franquista.

Les separa algo la edad, Rodríguez es de 1963 y Sáenz de 1971, y sobre todo les distinguen sus trayectorias profesionales.

Con la licenciatura en Derecho bajo el brazo, la diputada Soraya trabajó en los años 90 para un Centro de Acogida a Mujeres en Valladolid. En 2007 intentó y no pudo arrebatar la alcaldía de Valladolid al grosero alcalde conservador de esa ciudad (el de los morritos de Pajín). Para entonces ya había sido eurodiputada, diputada al Congreso y miembro del equipo de Zapatero en la dirección del PSOE. Hasta la derrota socialista de noviembre pasado, era nada menos que secretaria de Estado de Cooperación, la número dos de Asuntos Exteriores.

Cuando terminó sus estudios de Derecho, la vicepresidenta Soraya tomó un derrotero distinto a su tocaya socialista. Galardonada con el Premio Extraordinario Fin de Carrera y mejor expediente académico, optó por presentarse, y sacar, la oposición a abogada del estado. Ejerció como jefa de la Abogacía del Estado en León y más tarde en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Después, un año de profesora universitaria y diputada al Congreso desde 2004.