El Follonero tiene argumentos más que
suficientes para otra edición del programa Salvados
que tanto éxito alcanzó presentando unas cuantas barbaridades del gasto público
inútil. A aquellos aeropuertos y líneas de alta velocidad ruinosas y sin
sentido podría sumar el escándalo de la compañía Spanair.

Lo primero a considerar es que el cierre “abrupto“, como lo ha calificado Fomento,
de esa empresa ha llevado al paro a 2.000 empleados, hay otros 2.000 empleos
indirectos que pueden llevar igual camino y ha dejado en tierra a más de
20.000 pasajeros con los billetes pagados.

Pero lo más lacerante es lo que se esconde detrás del
caso Spanair, lleno de irregularidades e ilegalidades: el capricho del nacionalismo catalán por tener una compañía de bandera de Cataluña en pie
de igualdad con Iberia, la aerolínea
española.

Hay que situarse en la esquizofrenia política de la reforma del Estatuto de autonomía de
Cataluña de hace cuatro años, vía abierta a toda clase de ensoñaciones
nacionalistas por las que competían el PSC-PSOE,
CiU y ERC, a ver quién meaba más
lejos. Hay que situarse también en la envidia de los gobernantes catalanes
al ver que Madrid inauguraba la grandiosa
T-4 de Barajas, mientras el aeropuerto de El Prat no disponía de una
instalación semejante. Hay que situarse, por último, en el hundimiento de Spanair
tras el accidente en 2008 de su Boeing
en Madrid, con 154 muertos.

La conjunción de las dos primeras de esas
circunstancias dio lugar a que el Gobierno de Zapatero acordara dotar a Barcelona-El Prat de
instalaciones propias de un nudo de
vuelos intercontinentales. Para que la ensoñación nacional fuera completa
la Generalitat de entonces, presidida por el socialista José Montilla aliado con ERC e IU-EV, vio en la Spanair
que ya no querían sus dueños suecos la oportunidad de dotarse de una aerolínea de bandera catalana que diera
sentido a ese gran centro aeroportuario que enlazaría Cataluña con los cinco continentes.

Esa era una forma de hacer país y de colocar a Cataluña en el mundo, como
entonces decían, y siguen diciendo, los socialistas/nacionalistas del PSC y los
nacionalistas/nacionalistas de CiU. Y, manos a la obra, un grupo de empresarios
catalanes (Joan Laporta entre ellos) adquirieron Spanair a precio de saldo y en enero de 2009 la compañía pasó a
manos de una empresa pública donde la Generalitat
y el Ayuntamiento de Barcelona tienen el 85,6% del capital.

Un directivo del Barça, Ferrán Soriano, fue colocado
al frente de una aerolínea que han intentado reflotar con el resultado
de llevarla al cierre. Dos años de pérdidas millonarias y 150 millones de euros de los bolsillos de los contribuyentes echados a perder por esa irresponsable
manera de hacer país que han tenido los gobernantes autonómicos y municipales, primero del PSC y después de CiU.

Mientras a los catalanes les han estado cerrando quirófanos y reduciendo otros
servicios asistenciales, las maltrechas arcas
públicas alimentaban un falso sueño: en realidad, otra pesadilla de un
trasnochado paletismo nacionalista.

¿Y ahora qué pasará con esas instalaciones
sin aprovechar y cuyo mantenimiento sale por un porte? ¿Se rascarán el
bolsillo, o al menos reconocerán públicamente su irresponsabilidad, los José
Montilla, Artur Mas, Durán i Lleida, Saura, Carod y compañía? Ellos sí que forman una compañía de bandera beneficiada del silencio cómplice del PP catalán con una Alicia Sánchez Camacho que pasa la mano por el lomo a los de CiU.

•  Jolgorio en los derechistas por la absolución del ex presidente valenciano Camps en el juicio de los
  trajes.
•  Escándalo en los izquierdistas por los juicios a que está siendo sometido el
  magistrado Baltasar Garzón.
•  Indignación popular entre los ciudadanos sevillanos y de muchas otras ciudades por la
  suave condena a los asesinos de Marta
  del Castillo.
•  Estupor general ante
  la decisión judicial que no ordena ingreso en prisión ni depósito de fianza a
  Julián Muñoz y al presidente del Sevilla C. de F., Del Nido, compinches en el caso
  Minutas, una deriva del entramado marbellí.

Ésta es una relación de decisiones recientes de la
Justicia, porque si me remonto un poco más atrás en el tiempo, el suma y sigue
resultaría larguísimo.

En la jerga institucional los órganos que imparten justicia,
ya sea un solo juez, un tribunal profesional o un jurado popular, no adoptan decisiones: fallan. Esa curiosa
acepción del verbo fallar empleada en el prolijo papeleo judicial teóricamente
equivale a acierto. Es decir, cuando el
juez falla quiere decir que acierta al emitir un auto o dictar una
sentencia.

A la vista de las resoluciones y de los fallos de estos últimos días en los
cuatro casos antes citados, la opinión pública tiene la sensación de que la
Justicia comete fallos cuando falla,
cuando acierta y cuando mete la gamba. Algo así como la jaleada frase del
alcalde jerezano Pedro Pacheco de que “la
Justicia es un cachondeo“.

Dejando aparte el galimatías, la Justicia española
tiene una imagen pública muy
deteriorada, con demasiados fallos, fallas y fallidos. El nuevo ministro de
Justicia, Ruiz-Gallardón, ha presentado un plan reformas de reformas legales
que, desgraciadamente, ya no podrán
enmendar lo que sienten los ciudadanos ante estos hechos:

Unas leyes, una interpretación de las mismas y una
metodología policial que han permitido a los culpables del crimen de Marta del
Castillo añadir al asesinato el escarnio
y la burla de la familia de la víctima, de la Justicia y de la sociedad
toda. Con la paradoja de que a la manifestación callejera contra la sentencia
por ese caso se arrimaron autoridades
políticas porque se acercan elecciones andaluzas.

Una absolución de Francisco Camps por un delito de cohecho
impropio, algo casi anecdótico que ni el instructor Garzón, ni los querellantes
del PSOE, ni el aguerrido fiscal supieron convertirlo en hilo que llevara al ovillo de los despropósitos económicos de Francisco Camps, que han dejado en
quiebra a la Comunidad de Valencia. El ex presidente de esa comunidad es
inocente de cohecho impropio, pero nadie duda de la alegría con la que ha manejado
el presupuesto y lo bien que se
desenvuelve en el hoy por ti mañana por mí.

Un esperpento en el mismísimo Tribunal Supremo por los
tres juicios en los que se ve envuelto el magistrado Baltasar Garzón. Estos procedimientos, como casi todo lo que rodea
a un magistrado que pasa por  méritos propios
de héroe a villano en cuestión de
semanas, son una especie de baile de máscaras
donde nadie ni nada es lo que parece. Ni el acusado, ni la acusación, ni la
defensa, ni los incondicionales que lo vitorean, ni los vengadores que lo
machacan, ni las muestras de solidaridad internacional… todo conforma una gran impostura provocada por un magistrado que,
junto a sus aciertos, ha tenido grandes contribuciones al descrédito de la
Justicia.

Un guante de
seda para los condenados a 7 años y
6 meses de prisión José Mª del Nido
y Julián Muñoz, el primero asesor jurídico del ayuntamiento de Marbella
cuando era cueva de ladrones, y el
segundo, alcalde de la localidad. Consideran los jueces que ambos pájaros no han de entrar de momento en chirona ni abonar fianza, porque no
hay riesgo de que se vayan a fugar o alterar pruebas documentales.

… Y veremos a ver qué ocurre en el caso
Campeón, el del ex ministro Pepe Blanco y su cita en la gasolinera.

Desde Bruselas y Madrid, desde Barcelona y Berlín,
desde Valencia, Santiago y Sta. Cruz de Tenerife, llueven noticias alarmantes
sobre recortes en gastos y lo que es peor: subida
de impuestos y tasas. Sin descartar que, junto al IRPF también se
incremente el IVA, lo que ahora sopesa el Gobierno es alguna forma de copago sanitario, concretamente en las medicinas.

Lo ha planteado
claramente Esperanza Aguirre en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Popular del pasado lunes. Y Rajoy, sin
decirle ni sí ni no, ha pedido que nadie se pronuncie públicamente sobre
esta cuestión. Pero, ¿de qué se trata eso del copago de las medicinas?

Es una forma de meter
tijera en la llamada factura
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, un capítulo del gasto público que el año pasado alcanzó
11.136 millones de euros, a razón de
888 millones mensuales. Y eso que la citada factura está bajando gracias a la
implantación de genéricos y otras medidas.

Las medicinas, como es sabido, no son gratis para
todos. Los menores de 65 años (volante
verde) abonan un 40% del precio,
mientras que los jubilados (volante
rojo) no tienen que pagar. Cuando se habla, pues, de copago hay que
esperarse una de estas fórmulas:

-        
Subir el actual 40% que pagan los activos.

-        
Introducir un pequeño porcentaje de pago, del 2 al 5%, a los jubilados.

-        
Establecer una tasa fija por cada
receta dispensada.

-        
Organizar el copago y la gratuidad según
el nivel de renta de cada persona.

La presidenta de la Comunidad de Madrid pide una
justicia distributiva, de manera que se pague algo, mucho o nada por las medicinas en función de los ingresos de cada cual, con independencia de su
edad.

Otra fórmula es la que ya ha dicho que va a implantar
la Generalitat de Cataluña. Se trata de poner una tasa de 1 euro por receta, con algunas excepciones, con la que el gobierno
de Artur Mas piensa recaudar 102
millones de euros.

Tanto la propuesta de Madrid como la de Cataluña no tienen claro cómo se materializaría el nuevo sistema de copago.
Tampoco lo sabe la ministra de Sanidad, Ana
Mato, que no puede permitir desigualdades territoriales en las prestaciones
farmacéuticas. Pero, a la vez, está en el trance de tener que olvidar las promesas de no establecer
copago sanitario y hacer caso a los informes que ya tiene sobre su mesa
aconsejando el cambio del actual modelo.

No quiero analizar la coyuntura económica, que
bastantes analistas salen de debajo de las piedras. Tampoco voy a desbrozar las
rectificaciones, globos sonda y pifias
en las que han incurrido los ministros económicos del Gobierno. Para aclararlas
o para taparlas está la vicepresidenta Sorayaparatodo.

Pero no me resisto a enumerar una serie de noticias,
malas por supuesto, de las últimas fechas que destapan una realidad insoportable. Con la que a la gran mayoría de
la población nos está cayendo encima, y con lo que nos amenazan, toca mucho las narices enterarse de
que:

1.-  Si una parte de los 647 millones para los ERE
de Andalucía se fueron por el agujero
del fraude, los amiguetes y la coca, otra cantidad importante se ha evaporado al colocarla en aseguradoras
que invirtieron en bonos basura de tan alto riesgo que se ha perdido. Es decir,
los ERE han costado el doble.

2.- Entre unas cosas y otras, y
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la Junta de Andalucía ha
decidido no pagar más facturas de
los miles que tiene pendientes. La maniobra es falaz: a dos meses de las
elecciones no quieren que se descubra el
déficit acumulado con el truco de guardar
las facturas en cajones sin contabilizarlas.

3.- Polémicas futbolísticas aparte
sobre el portuguesismo o el españolismo que impera en el Real Madrid, la
reciente subida de impuestos ha servido para recordar la desigualdad fiscal
entre extranjeros ricos y españoles del
montón. Gracias a la llamada ley Beckham, Cristiano Ronaldo tributa un 24,75% de su sueldo (hasta hace unos
días, el 24%), exactamente igual que cualquier españolito con ingresos anuales inferiores a 20.000 euros. Pero
sus compañeros de equipo Casillas y
Ramos, al ser nacionales, pagan un
52%, más del doble que CR7.

4.- El ciudadano común no consigue un
préstamo ni para la casa ni para el negocio, pero los directivos de las ocho cajas de ahorros rescatadas en 2011 con
dinero público del FROB por su mala gestión, se beneficiaron durante ese año de
721 millones de euros en préstamos
personales en condiciones muy ventajosas. Hay que tener en cuenta que tuvieron
unas retribuciones que oscilaron solamente entre 456.000 y 2,3 millones de euros anuales.

5.- La Comunidad Valenciana ha sido salvada in extremis de la quiebra
gracias a un crédito de 820 millones del ICO, para hacer frente a multitud de
acreedores. Se trata de la comunidad más endeudada de España, no en vano es la
de proyectos megalómanos de ocio
como Copa del América, circuito de Fórmula 1 y de motociclismo, Terra Mítica,
Ciudad de la Luz, aeropuerto fantasma de Castellón… siempre disparando con pólvora
del rey.

6.- Ahora que en las Cortes Generales
se plantean si suprimen el fondo de pensiones para diputados y senadores, el Abc ha hecho unos cálculos sobre los parlamentos autonómicos con curiosos
resultados. El mantenimiento de esos organismos, con 1.228 diputados más funcionarios, sedes, etc. cuesta 392 millones al año. El coste medio por
escaño autonómico es 319.000 euros, más caro que el del Congreso, que nos
sale a 262.000 cada uno, gastos generales incluidos.

7.- Los madrileños de la capital esperan
a ver por dónde mete la tijera su alcaldesa, pero casi nadie sabe que ya no se
puede recortar en la herencia faraónica
de Ruiz-Gallardón: los ciudadanos de Madrid estamos pagando 847.000 euros diarios, sí, sí diarios, durante 35 años por la construcción de
los túneles de la M-30.

Ahora que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propone
perseguir con el Código Penal a los gestores públicos que gastan lo que no
tienen, lo asocio a lo que está pasando con políticos abusones, manirrotos y mentirosos.

El recuerdo inmediato se dirige al senador del puticlub, el socialista
Casimiro Curbelo, el que montó una bronca
con agresiones a policías en un local madrileño de señoritas de compañía, y tuvo que dimitir tras el escándalo. ¿Cuál
ha sido su castigo?: ya no es senador, pero recibe una indemnización de
2.800 €/mes por haberlo sido. Y sigue
gobernando en su isla La Gomera.

El tal Curbelo, que aquella noche de autos de julio
pasado iba sobrado de todo menos de sobriedad y responsabilidad, fue obligado por la dirección federal del
PSOE a abandonar su escaño en la Cámara
Alta en representación de la citada isla canaria.

Pero Casimiro Curbelo no dejó, ni piensa hacerlo, el
puesto de presidente del Cabildo Insular
gomero. Allí está instalado, elección tras elección, desde el año 1991, como presidente y cacique paternalista. Tanto es
así que los miembros de la Agrupación Socialista de La Gomera, que se empeñó,
sin éxito, en que en las pasadas elecciones repitiera como senador, lo ha designado delegado en el próximo Congreso
Federal del PSOE.

Obligado a devolver su credencial de la Cámara Alta
tras su grosero escándalo de la noche de
mariscada, copas y puterío -sin establecer trato carnal, todo sea dicho-,
impedido a repetir como candidato al Senado pese a su insistencia, Casimiro
Curbelo puede alardear de que en su tierra y en su agrupación política sigue siendo el rey. Como tal, acudirá a
Sevilla para apostar por Rubalcaba o por Chacón.

Es decir, el único
castigo sufrido ha sido no continuar como senador. Pero, ¡ojo!, como
ocupaba escaño desde 1993, tiene derecho a la máxima pensión de jubilación y además disfruta de dieciocho mensualidades de 2.800 euros como
indemnización por haber estado ese tiempo en la Cámara Alta. Goza, además, de
otros ingresos cuya cuantía no es
conocida como presidente del Cabildo y de otros organismos públicos de La
Gomera, en concepto de dietas e indemnizaciones.

De la catadura del senador del puticlub, a quien se la
refanfinflan el respeto, la ética y la estética, da idea el texto que figura en
su página como presidente del Cabildo.
Para empezar su biografía incluye una mentira como un piano, la de asegurar que
sigue siendo senador y lo hace con estas palabras: “En
el año 1993 es elegido Senador por La Gomera, representando a la Isla en el
Senado de la Nación Española, cargo que también
ostenta en la actualidad“.

Al más puro estilo Aída Nizar dice de sí mismo:  ”No es
casualidad que, de nuevo, sea Casimiro Curbelo la persona que los
gomeros hemos elegido
mayoritariamente para gobernar La Gomera… Desde la Presidencia del Cabildo,
Casimiro Curbelo ha adquirido el firme compromiso de establecer las bases que
permitan el desarrollo de la isla“.

Continúa
con otra explosión de humildad
garbancera y en primera persona del plural, como habla el Papa: “Estamos convencidos de que la confianza que los ciudadanos han puesto en
Casimiro Curbelo es fruto del trabajo realizado en los últimos años, pero para
nosotros no es suficiente. Queremos seguir
liderando el desarrollo de la isla (…)”.

Media Europa se ha quedado temblando tras el hachazo a su solvencia financiera por
Standard & Poor’s, una agencia de calificación de riesgos que sirve de
guía a los grandes inversores. Entre los europeos que hemos recibido el palo de
S&P estamos los españoles, por supuesto, y los intocables franceses. Para más inri, España le paga a S&P para que nos examine… y nos vaya bajando la nota.

¿De qué van esas llamadas agencias de rating que han empujado
a Rajoy y Sarkozy a un pacto de mutua defensa? ¿Van por libre o están a sueldo de alguien?

Para centrarnos en la más influyente de todas, la
citada S&P, que la semana pasada quitó
la máxima calificación a Francia, nos
rebajó dos puntos a España, Italia, Portugal y Chipre y el lunes también ha
bajado la nota al Fondo de Rescate Europeo, digamos que es una compañía
estadounidense, igual que las agencias Moody’s y Fitch.

Estas empresas recuerdan en sus procedimientos a la Santa Inquisición: sus investigaciones son secretas,
sus deliberaciones son secretas, los responsables de sus decisiones permanecen en el anonimato.

Resulta que detrás
de los informes de Standard & Poor’s que hacen temblar a los gobiernos
europeos hay una española, Myriam
Fernández de Heredia. Hace unos días, excepcionalmente y rompiendo la
máxima confidencialidad con la que desarrollan su trabajo, la señora Fernández Heredia dio la cara con unas breves declaraciones a El País, salvando la honorabilidad de
las agencias de rating.

Tiene su aquél que siendo España un país alejado de la
condición de potencia financiera, una española
figure como responsable de las calificaciones
de los estados de Europa, porque esa es su misión en S&P. Quién nos iba
a decir que contamos con una auténtica
dama de hierro temida, y es de sospechar que odiada, por la mayoría de
gobernantes de la Unión Europea. Los que se
tragan dictámenes como el del último palo
a España, que comenzaba así:

“Standard & Poor’s rebaja el rating de
largo plazo al Reino de España en dos escalones, a ‘A’ desde ‘AA-’, y el rating
de corto plazo a ‘A-1′ desde ‘A-1+’.

La rebaja refleja nuestra opinión
sobre el impacto de la profundización de los problemas políticos, financieros y
monetarios dentro de la Unión Económica y Monetaria Europea (Eurozona), con la
que España está fuertemente integrada“.

Una vez conocida la identidad de quien firma las
calificaciones de los estados, los llamados ratings
soberanos, necesitamos más que nunca a los Nadal,
Adrià, Barça y Madrid, para despertar en la UE la simpatía que no
proyecta la compatriota Myriam Fernández.

Termino con la respuesta a la segunda pregunta que planteaba al comienzo
del post. S&P y las demás agencias de calificaciones viven de los honorarios que cobran a sus clientes: a los estados y entidades privadas que piden ser examinados y a los inversores
que les piden los resultados de esos exámenes. El Estado español, por ejemplo,
pagó en 2010 a Standard & Poor’s medio
millón de euros… para que nos ponga a escurrir. O sea, como decía aquélla: además de p…, poner la cama.

Coincidiendo con el término del plazo que tenían
sindicatos y patronales para acordar una reforma laboral, sin haberlo
conseguido, se conoce públicamente que esas organizaciones se embolsaron, solo en el tercer trimestre de 2011, más de 30 millones
de euros en subvenciones oficiales. No se ponen de acuerdo sobre los modelos de
contratación, la negociación de convenios y el coste del despido, pero a la hora de pillar dinero coinciden plenamente

Es de esperar que, como ha insistido Rajoy, el Gobierno
dicte por decreto esa reforma laboral.
¿En qué condiciones? Quiero llamar la atención sobre el marco incomparable en el que se va a acometer dicha reforma. Si
sobre ese ambiente, al que no es ajeno el mundillo
de las subvenciones oficiales, hubiera que encargar un guión a Álex de la Iglesia o a Alejandro Amenábar, la comedia
sórdida o la obra trágica debería contar con estos tres ingredientes:

1.- Los mismos sindicatos y patronales que
llevan casi dos años sin alcanzar
acuerdo coinciden, sin rechistar, a la hora de repartirse los millones. Curiosamente,
la publicación de la concesión de esas subvenciones
del Ministerio de Trabajo del socialista/ugetista Valeriano Gómez fue
autorizada tres meses más tarde, en diciembre, cuando el citado ministro estaba
a punto de abandonar su despacho. Y
acaba de ser publicada.

Las citadas ayudas
al fomento del empleo o a la formación profesional no por ser legales dejan
de resultar llamativas o incongruentes para el ciudadano común. ¿A qué se destina realmente esa auténtica
lluvia de millones que detalla la resolución aparecida en el BOE? ¿Alguno
de vosotros tiene noticia de que alguna vez algún ayuntamiento, algún sindicato
o alguna patronal haya explicado
públicamente lo que han hecho con
ese dinero nuestro que les entrega el Gobierno?

2.- Y -amargas casualidades de la vida- nos enteramos de las citadas subvenciones
para fomento del empleo a la vez que el presidente Rajoy corrige la cifra de
paro y dice que, según la Encuesta de Población Activa, 2011 se cerró con 5,4 millones de desempleados.

Me gustaría saber cuántas personas han salido del paro
o han evitado engrosar la lista de los 5,4 millones gracias a lo que haya hecho
Comisiones Obreras con los 9,5 millones
de euros recibidos o la UGT con sus 9,3
millones o la CEOE con sus 6,6
millones o la CEPYME con otros 6,6
millones de euros de subvención. Y no estaría de más que también rindieran
cuentas la patronal del metal y CC.OO. y UGT por los 30 millones recibidos para impartir cursos de formación en Gijón.

3.- La saga sevillana del chófer de la coca, antes conocida como la de los
ERE falsos, es más que un cajón de sobresaltos.
Ahora nos enteramos de que el
director general de Trabajo de la Junta de Andalucía que manejaba 670 millones pensados para indemnizaciones por expedientes
de regulación de empleo como si se tratara de un fondo de reptiles, con su chófer como socio de francachelas, ese
alto cargo, digo, resulta que por las tardes despachaba en el pub Caramelo,
gin-tonic en una mano y fajo de billetes en la otra. Javier Guerrero se
llama el pavo.

Dicen que desde su llegada a la Moncloa Mariano Rajoy
no gana para sustos a causa de la incontinencia
verbal de su ministro de Economía, Luis de Guindos. En tres ocasiones
durante diez días ha tenido que rectificar o ha sido corregido por otro compañero de Gabinete el responsable de política
económica. A la vez, ha despertado desconfianza y  malestar en la derecha por colocar en el número dos de su ministerio a una seguidora
de Zapatero y de Rubalcaba.

Aunque De Guindos es un economista del PP de toda la
vida, ex presidente para España y Portugal de la tristemente célebre Lehman
Brothers, algunos de sus nombramientos han encocorado
a los sectores más conservadores. El más reciente ha sido fichar como directora de comunicación de su
departamento a la jefa de información económica
de El País, pero más
estupefacción ha ocasionado la designación de la biotecnóloga Carmen Vela como secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación.

Nadie esperaba en las filas del PP que el ministro de
Economía colocara en ese puesto a una científica destacada por su apoyo público al candidato Rodríguez Zapatero en 2008 y al
candidato Pérez Rubalcaba en 2011. Y
la mayor irritación en una derechona que, según El País, ha declarado la guerra a Carmen Vela, es que ésta sea la miembro
del clan
de la ceja que en febrero de 2008 leyó
públicamente el manifiesto de la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ).

Su identificación con el PSOE no terminó ahí. El
pasado mes de noviembre, la que hoy es secretaria
de Estado de I+D+i en el Ministerio de Economía e Innovación se adhirió a
la plataforma Ciencia con Rubalcaba, en apoyo del contrincante socialista de
Rajoy.

Hay que reconocer a la señora Vela su derecho a cambiar, aunque sea tan
drásticamente y en tan poco tiempo, como también su disposición a poner al servicio público su capacidad
profesional reconocida como presidenta de la Sociedad Española de
Biotecnología. Por ello ya circula un escrito de científicos apoyándola.

A la vez, no deja de ser paradójico que quien
reclamaba para la investigación los recursos y ayudas que solo podían llegar de
la mano de Zapatero o de Rubalcaba, se haya estrenado en el cargo tragándose el marrón
de un recorte de 600 millones de euros en subvenciones con aquel fin.

Una prueba palpable de las vueltas que da la vida es
contemplar este vídeo con Carmen
Vela apoyando a ZP junto a
Almodóvar, Víctor Manuel, Pilar Bardem, Cuerda, etc., y compararlo con este otro sobre su reciente toma de
posesión rodeada de sus nuevos colegas,
algunos de ellos conspicuos representantes del neoliberalismo capitalista y de la economía financiera.

Con sus meteduras de pata sobre la previsión de recorte presupuestario, sobre la
conveniencia de constituir un Banco malo que asuma la mitad de  pérdidas de los demás, sobre la forma de
anunciar un control presupuestario de las CC.AA. y sobre la dependencia de las
decisiones españolas de exigencias externas, Luis de Guindos se ha ido forjando
la imagen de garbanzo negro del Gobierno de Rajoy, y sin pretenderlo ha
sumado a su secretaria de Estado Carmen Vela a esa condición.

En la provincia de
Guipúzcoa está cerca de consumarse un atentado
filonazi, con la lengua como excusa, pero el presidente del gobierno vasco
prefiere coquetear con el acercamiento
de presos etarras. Ha sido una juntera (diputada) socialista, Rafaela
Romero, quien ha dado la voz de alarma,
pero curiosamente Patxi López, de su mismo partido, no ha mostrado gran
preocupación por este caso de
segregación lingüística.

Lo que se está
cociendo en la diputación guipuzcoana, gobernada por los proetarras de Bildu con Martín Garicano al frente, es el resultado
de mezclar paletismo con odio y matonismo.
A estas alturas del siglo XXI, y en plena Unión Europea, los colegas de un Arnaldo
Otegui que algunos quieren hacer candidato
al Nobel de la Paz pretenden llevar adelante una medida racista como no se
había conocido en el Viejo Continente desde
la Alemania de Hitler.

Los dirigentes de las
Juntas Generales de Guipúzcoa quieren ejecutar un decreto aprobado hace tiempo por el PNV -ojo al dato-, y elaborar un censo de los ciudadanos
vascoparlantes en esa provincia. Dicen que no será obligatorio, que cada
ciudadano será libre de elegir su lengua preferente.

Eso en mi tierra se
llama segregación lingüística, una forma
de apartheid en función del idioma, paso previo a la discriminación étnica que llevó a los nazis de Alemania
y Sudáfrica a estigmatizar a los judíos
y a los negros, hasta arrinconarlos en guetos. Lo ha dicho la propia
juntera del PSE: “eso tiene que ver
mucho con regímenes totalitarios de espeluznante recuerdo“.

Esa medida, como
digo, fue aprobada hace años por el PNV pero ha sido Bildu quien la quiere
poner en marcha. Lo detectó la portavoz socialista
Rafaela Romero en septiembre pasado, cuando en una reunión de las Juntas
Generales inquirió al diputado general
Martín Garicano sobre la utilidad o finalidad de ese registro de ciudadanos
vascoparlantes.

La web del PSE
recogía así la escalofriante versión de
la juntera Romero sobre su petición de explicaciones a los gobernantes de Bildu:
“ella le hizo una pregunta “directa“: “¿Qué hará Bildu con ese registro de vascoparlantes?“. La respuesta del Diputado
General, Martín Garitano fue el silencio. “Un silencio que preocupa mucho“.

Tres meses después de que los proetarras que mandan en
la Diputación despreciaran las preguntas
de la portavoz socialista, a ésta le ha llegado respuesta escrita, tan falaz como taimada. Dice el
director de Euskara de la Diputación que el censo de vascoparlantes no es más
que una pequeña parte del obligatorio censo general de la población y que
servirá para que los ciudadanos que lo
deseen puedan “vivir en euskara“,
es decir,
relacionarse con las administraciones públicas vascas exclusivamente en esa
lengua.

Si en el post anterior a
éste calificaba de tragicómica la
patochada autonómica de la Tarjeta de Andaluz o Andaluza, lo de la
clasificación de los guipuzcoanos según la lengua de cómico no tiene ni gota de
comicidad. Trágica y penosa.

Desde que cambiaron
los gobiernos en las comunidades autónomas y desde que ha cambiado el gobierno
de la nación, unos y otro en manos del PP, proliferan las noticias sobre barbaridades económicas perpetradas en los últimos
años. Y, en algunos casos, de riesgo de estado de quiebra como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, aunque se
nieguen a reconocerlo.

Los desmanes
presupuestarios no se han producido porque sí, han ido de la mano de auténticos
disparates político/sociales, por no
llamarlos gilipolleces en grado sumo.

Podríamos hacer un
listado de estas últimas, y os invito a que las aportéis al foro de este post.
Ahora me fijo en una reciente patochada
del gobierno andaluz del socialista José Antonio Griñán, que data de
octubre: la Junta de Andalucía emite una especie de pasaporte o DNI regional
llamado Tarjeta de Andaluz o Andaluza en el Exterior.

Como andaluz, mi
tendencia es analizar esa ocurrencia de la Junta por el lado trágico, pero con un ligero esfuerzo lo contemplo como algo tragicómico. Y paso por alto la
cansina sustantivación en masculino y femenino.

¿Para qué sirve ese
documento oficial? Evito hacer interpretaciones y me atengo a la literalidad
del Decreto 303/2011 de la Junta de Andalucía, que empieza aclarando que “no
tiene valor acreditativo de la identidad del titular, por lo que deberá presentarse siempre conjuntamente con
el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o documento equivalente“.

Hecha esa salvedad, que es una forma de decir que no
vale pa ná, describe como
principal utilidad del DNI regional “Ser
informado y asistido por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones” (!!).

Buscando algo más preciso sobre la razón de la “Tarjeta de Andaluz o Andaluza” que los camelos del Decreto, encuentro la
respuesta en la web de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Y
pone este  ejemplo de para qué puede servir el peculiar documento: “…cuando una persona andaluza residente en el
exterior desee participar en un evento
donde la condición de andaluz o andaluza le permita el acceso automático, solo tendrá que presentar la tarjeta de
andaluz o andaluza en el exterior para ejercer su derecho“.

¡Toma ya! Con su credencial de la Junta, un emigrante en
Düsseldorf igual tiene pase gratis a un
recital de Bisbal subvencionado por el gobierno autonómico.

Pero no queda ahí la
cosa. También pueden ser titulares de la Tarjeta de Andaluz o Andaluza en
el Exterior los oriundos de esa comunidad
que residan, es un poner, en Extremadura, en Cataluña o en La Rioja. No se
olvide que la normaque regula este documento es desarrollo de una ley
autonómica de 2006 llamada del Estatuto
de los Andaluces en el Mundo. Entendiendo el Mundo por lo que hay de
Despeñaperros hacia arriba y de Gibraltar hacia abajo.

Dice el art.2 del Decreto que tendrán derecho a esa especie
de pasaporte “los andaluces residentes
temporalmente fuera de Andalucía que tengan su vecindad administrativa en
cualquiera de los municipios de Andalucía“.

Y, para que no quepa duda de que puedes exhibir esa credencial (aunque no sirva pa ná) en Pontevedra o en Alicante, la norma especifica que para
solicitarla los andaluces residentes temporalmente “en otra Comunidad o Ciudad
autónoma del Estado español” deberán presentar “Documento acreditativo de dicha residencia (contrato de alquiler, contrato
de abastecimiento de luz, agua, o similares)“.

¿Sabéis cuántos andaluces y/o andaluzas del
Exterior han solicitado esa Tarjeta desde que se instauró? Uno. ¿Qué os parece, trágico o cómico?
Pues otro día me referiré a la última en
el País Vasco.