Lugar de peregrinación para unos y atractivo turístico para otros. En eso se ha convertido la gasolinera Cafestore de Guitiriz, a 40 kilómetros de Lugo, donde se encontraron el ministro de Fomento, José Blanco, y el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, implicado en la Operación Campeón, presunta trama de comisiones ilegales.

El empresario confesó ante la jueza de Lugo que instruye el caso, Estela San José, que se entrevistó con Blanco en varias ocasiones, la última dentro del coche oficial del ministro en una gasolinera. Además declaró haberle pagado una comisión de 400.000 euros.

A la curiosidad de los lugareños por saber dónde se entrevistó el ministro con el empresario, se añade la de los foráneos que acuden a celebrar las fiestas de San Froilán. Allí se hacen fotografías y cuentan todo tipo de chascarrillos.

La empleada de la estación de servicio está harta de responder que ella no se enteró de que el número dos del PSOE había repostado allí su coche, pero todos quieren saber cuál fue exactamente el lugar de encuentro de Pepiño.

José Blanco confirmó el pasado 7 de octubre, tras la acusación de Dorribo, que la  entrevista clandestina era cierta, pero aclaró que era una “falsedad absoluta”. La dirección del PSOE está inquieta con este asunto, mala noticia que se viene a añadir a las pésimas expectativas electorales.

Aunque varios dirigentes del partido han salido en defensa de Blanco, otros en petit comité admiten que la entrevista en la gasolinera dentro del coche resulta “inadmisible”. Las formas en política son tan importantes como el fondo.

El ministro ha metido prisa para que se levantara el secreto de sumario y así conocer los datos exactos para interponer una querella, pero por el momento no ha logrado su propósito. El secreto continúa.

La jueza tiene que comprobar si la imputación del delito del que le acusa Dorribo es veraz. En caso de que las pruebas no sean ciertas, Blanco podrá ejercer acciones legales.

En Lugo se vive con inquietud esta nueva trama corrupta de la Operación Campeón, con 15 imputados de momento, que viene a añadirse a la Operación Carioca contra la prostitución, en la que están imputadas más de 60 personas y en la que tras dos años de investigación se han visto implicados agentes de la Guardia Civil, policía nacional, policía local, empresarios y abogados.