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19 de febrero de 2013 • 19:20

¿Qué no tratarán en el debate sobre el estado de la nación?

Es fácil saber de qué se hablará en el Congreso. Paro, crisis, corrupción y desafección centrarán las intervenciones y réplicas, pero... ¿qué diez temas es poco probable que aparezcan a pesar de ser importantes?

  • Borja Ventura
 

Al debate sobre el estado de la nación los líderes suelen llegar con la lección aprendida. Leyendo la prensa, viendo los informativos, escuchando las tertulias y atendiendo a sondeos, escenarios electorales y sondeos sociológicos, trazan un mapa de cuáles son los temas que preocupan a la gente. Estos temas, regularmente generados por los propios medios y líderes políticos, copan las intervenciones y las réplicas, fijándose posiciones y aclarando estrategias.

Dicho así, la cita parlamentaria más importante del año (y de la legislatura, ya que Rajoy decidió no celebrarlo en 2012 y todavía no se ha medido a Rubalcaba) parece un guión ya escrito. Es más, es fácil adivinar de qué hablarán este miércoles los Rajoy, Rubalcaba, Lara, Díez y demás. Hablarán de la crisis, de modelo de Estado, de nacionalismo, de corrupción, de regeneración democrática, de déficit, de creación de empleo, de reforma laboral, de privatización sanitaria y reformas educativas, de duplicidades y triplicidades que hacen necesaria una reforma del régimen local y de 'brotes verdes'. Todo esto aderezado con el tradicional 'y tú más' al que nos tienen acostumbrados los parlamentarios.

Los temas evolucionan con los años y con las inquietudes. ETA ya no centra los debates, ni tampoco la inmigración o las guerras en el extranjero. Hay quien se salta ese guión y crea su propia agenda, llevando lemas o ideas al Congreso y centrando la atención de la cita. En debates sobre el estado de la nación anteriores vieron la luz frases tan célebres como el 'Váyase, señor González' o propuestas sorpresa como el 'cheque-bebé'. Es la ocasión perfecta para presentar credenciales políticas e intentar ganar protagonismo.

Rajoy y Rubalcaba se enfrentan por primera vez en un debate sobre el estado de la nación
Foto: AFP

¿Sirve de algo tener debates sobre el estado de la nación? Son, en cualquier caso, una ocasión para hacer una radiografía certera de qué ocupa el tiempo y la mente de los políticos, para saber qué se pulsa en el país y tomar medidas al respecto. Pero también hay muchos temas importantes que, por estar fuera de la agenda mediática y política, no destacarán (o ni siquiera aparecerán) durante el debate. Estos son algunos de ellos:

Una de las consecuencias evidentes de la crisis ha sido la destrucción de empleo y, a consencuencia a su vez de ésta, la salida de centenares de miles de personas del país en busca de una oportunidad fuera. Es mayoritariamente gente joven y formada en la que el Estado ha invertido un dinero que acabará revirtiendo en los lugares en los que trabajen. Previsiblemente formarán familias fuera, lo que sumado a que la crisis y el no acceso a trabajo ni a vivienda, también ha generado que los que se queden en España no se emancipen ni formen familias. Esa situación nos aboca a un serio problema demográfico en unas generaciones, y más aún contemplando el boom de nacimientos de hace unas décadas. La situación será insostenible cuando se reduzcan los nacimientos y se haya destruido la posibilidad de integrar al sistema laboral a los actualmente jóvenes: las pensiones y prestaciones sociales no podrán pagarse y ni siquiera los inmigrantes que vinieron a España en la última década podrán frenar esa tendencia, ya que muchos han empezado a volver a sus países de origen.

Si hay un poder nacional con necesidad de actualización es el judicial. Sumarios de miles de páginas, sentencias incomprensibles y farragosas cien veces recurridas, trámites interminables y jueces con adscripciones ideológicas son sólo algunos de los problemas que generan el bloqueo de muchos casos. Pero tras esa superficie se esconde mucho más: partidos políticos que elevan recursos continuos al Constitucional sólo para lograr un titular, órganos judiciales con renovaciones bloqueadas y fallecidos sin sustituir, instituciones costosísimas sin más función que la consultiva o sentencias que se demoran casi una década. Y, mientras, el sector en armas contra la reforma de las tasas emprendida por el Ejecutivo.

España produce poco porque no es un país industrial, especialmente tras la entrada en la UE. La poca producción que hay (automovilística, por ejemplo, o astilleros) depende del exterior, ya sea por gestión, ya sea por demanda. Lo mismo pasa con la energía, a pesar de que España fue un país puntero en fuentes alternativas, o con la inversión económica. Hasta el turismo, una de nuestras mayores fuentes de riqueza, depende del exterior. Literalmente, España depende de otros.

Los Estados se financian de dos formas: con los impuestos que cobran a sus ciudadanos o colocando deuda a inversores nacionales y extranjeros. El problema viene cuando la prima de riesgo sube, es decir, cuando tienes que ofrecer un buen interés a otros países para que se fíen de que devolverás ese dinero en el plazo acordado. En estos años de crisis España ha obtenido miles de millones de financiación, celebrando cada subasta en la que se había logrado colocar la cantidad deseada. El problema vendrá cuando los plazos empiecen a expirar en los próximos años y haya que devolver todo ese dinero con los altísimos intereses acordados.

Fue el tema estrella hace meses, pero la relajación de la prima de riesgo, la estabilización de la Bolsa y la desaparición de bajistas y especuladores ha hecho que se olvide el tema. Sin embargo, la 'relajación' de la prima de riesgo la mantiene en niveles que nos parecían insoportables en la última legislatura, la Bolsa vale la mitad de lo que valía hace unos años y los bajistas y especuladores no tienen por qué haber desaparecido del todo. De hecho hubo rescate, aunque bancario. Y las condiciones impuestas, aunque menos severas, incluyen la supervisión directa de los 'hombres de negro' de la troika a las entidades nacidas gracias a la ayuda del Banco de España con el FROB.

El proceso de fusión de entidades que acabó con el modelo de cajas de ahorros y dejó la estructura financiera española únicamente en manos de los bancos tiene consecuencias a las que no se ha prestado demasiada atención. Por ejemplo, el fin de la obra social a la que estaban obligadas las cajas por estatuto fundacional, dejando muchas becas, ayudas y créditos en manos de organismos que dependen de su cuenta de beneficios y sin más necesidad de invertir en área social que mejorar su imagen corporativa.

La crisis de las cajas de ahorros mostró cómo políticos y sindicalistas -en activo y retirados- plagaban sus consejos de administración con emolumentos considerables a pesar de la nefasta gestión. Con casi seis millones de parados, cargos políticos y sindicales copan todavía multitud de puestos en múltiples empresas e instituciones públicas, con todos los efectos perniciosos que eso genera y el baile de contratos y ceses cuando cambia el color político correspondiente.

A buen seguro los partidos medianos como IU y UPyD harán bandera, una vez más, de la necesidad de reformar el sistema electoral. Que si listas abiertas -que ya las hay en el Senado-, que si circunscripción única -con lo que se perdería la representatividad territorial actual-, que si la reforma del Senado -pendiente desde hace legislaturas-. Sin embargo, con la oposición de los dos grandes partidos mayoritarios -los grandes beneficiados de que se mantenga el sistema electoral que se ideó en la Transición para favorecer la creación de mayorías y evitar la atomización de la Cámara-, la reforma será imposible. Pasa lo mismo con la reforma constitucional: todos la citan, pero nadie la concreta. Unos porque abogan por reformarla para cambiar el sistema autonómico, sea para eliminarlo, fortalecerlo o cambiarlo por uno federal, otros porque abogan por regular la sucesión de la Corona, y los de más allá porque reclaman incluir el derecho a decidir. La Constitución sólo se ha cambiado dos veces, y siempre con el acuerdo de los dos grandes, sino los cuales es imposible: una para entrar en la UE y otra hace dos veranos para fijar el techo de gasto y déficit a instancias de Europa.

Los escándalos que en los últimos tiempos sacuden a la Casa Real, la salud del monarca, la presunta corrupción de Iñaki Urdangarín y la futura sucesión al frente de la Corona no son asuntos menores. Se trata de la institución que representa la jefatura del Estado, con atribuciones extraordinarias en la Constitución, como la inviolabilidad legal, y con la misión de promover y mejorar la imagen del país en el exterior. La Corona sirvió para facilitar la Transición y cerrar intentonas golpistas, contribuyó a estabilizar la democracia y a fortalecer el modelo vigente. Ese trabajo ya está hecho, y la imagen de la institución y la del país se han visto salpicadas por sus escándalos. Los partidos, sin embargo, cierran filas en torno al Rey en lugar de abrir una reflexión al respecto que determinados sectores demandan. Apenas quedan en vigor dos docenas de monarquías en el mundo.

España tiene un problema endémico con incendios, inundaciones y suministro de agua. En los veranos calurosos la sequía provoca que ardan los montes. Los inviernos lluviosos hacen que, aunque entonces la escasez de agua no sea un problema, se erosione el terreno, se arrastre la vegetación y se desertifiquen grandes extensiones. Y una y otra cosa facilitan que se produzcan grandes inundaciones cuando la lluvia se vuelve más copiosa de lo habitual. El problema no es menor si se atiende a las cifras de muertos en los últimos años por fuego y agua, además de la deforestación y la afectación a la fauna y los intereses económicos de las zonas afectadas.

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