Foto: ARCHIVOEl gasto creciente de las empresas audiovisuales de las comunidades autónomas siempre es arma arrojadiza para los partidos opositores, aunque todos las mantienen cuando gobiernan. El PP ha propuesto formalmente la privatización de esas entidades, total o parcial, pero nadie ha dado un paso en ese sentido.
La promesa de terminar con el gasto de las televisiones públicas, que en 2010 tuvieron pérdidas de 536 millones de euros con un coste de 152 €/hogar, es bien acogida por la opinión pública pero los gobernantes autonómicos no tienen prisa por ejecutarla.
De hecho, legalmente no ha sido posible iniciar esas privatizaciones hasta el pasado día 3, que entró en vigor una modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual que así lo contempla. Incluso ese cambio con rango de ley, publicada en el BOE del 1 de agosto, no habla explícitamente de privatizaciones. En su enunciado dice que su objetivo es “flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos”.
Pero además, el artículo primero de esa norma legal no tiene nada que ver con aquel objetivo sino que marca la prohibición de emitir contenidos de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita. Y determina de manera precisa las franjas de protección horaria para menores de 13 años a lo largo del calendario.
Más adelante se autorizan los sistemas y el alcance en la colaboración público-privada de la gestión del servicio público audiovisual, dejando la puerta abierta a diferentes grados de presencia de capital y gestión de particulares. Por lo tanto, solo desde hace una semana existe procedimiento legal para las referidas privatizaciones.
