La Alta Corte Constitucional egipcia suspendió este martes el decreto del presidente islamista Mohamed Mursi que restablecía el Parlamento, disuelto a mediados de junio por el mismo tribunal.

"La Corte ordenó la suspensión del decreto presidencial", declaró una fuente judicial.

El domingo, ocho días después de haber asumido el cargo, Mursi, de los Hermanos Musulmanes, anuló por decreto la decisión de la Alta Corte Constitucional, que el 14 de junio había invalidado la Asamblea, en la que los islamistas son mayoría, debido a un vicio jurídico en la ley electoral.

Este martes, según la fuente judicial, "la Corte ordenó que su decisión precedente (declarando al Parlamento ilegal) sea aplicada".

La Asamblea del Pueblo se reunió sin embargo este mismo martes por la mañana, en un claro desafío al ejército y a la justicia.

Los abogados de Mursi no tardaron en denunciar una decisión "política", y dijeron que temen que ésta complique aún más la crisis en el país.

"El veredicto es nulo y sin valor", declaró uno de ellos, Abdel Moneim Abdel Maksud, leyendo un comunicado ante la prensa.

Al mismo tiempo, miles de personas se reunieron en la emblemática plaza Tahrir, en El Cairo, para manifestar su apoyo al presidente Mohamed Mursi y gritar eslóganes hostiles al ejército, a quien Hosni Mubarak, expulsado del poder en febrero de 2011, había entregado el mando del país.

Luego de la disolución de la Asamblea, los militares fueron quienes recuperaron el poder legislativo, provocando la cólera de aquellos que quieren verlos salir de la política.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que celebró una reunión de urgencia después del decreto presidencial, llamó el lunes a respetar "la ley y la Constitución", y dijo "confiar en que todas las instituciones del Estado respetarán lo que se ha dicho en las declaraciones constitucionales".

Al abrir la sesión este martes, el presidente de la cámara baja, Saad al Katatni, miembro de los Hermanos Musulmanes, aseguró que el Parlamento no vulneraba la ley al estar reunido.

La posición de Katatni está en conformidad con la de la presidencia, para la que el decreto de Mursi "no contradice ni contraviene el veredicto de la Corte constitucional" pues este último puede no ser aplicado "inmediatamente".

Los diputados de los Hermanos Musulmanes y los fundamentalistas salafistas, que dominan la Asamblea, estaban presentes, pero los ediles de otros partidos, en particular los liberales, boicotearon la sesión y algunos calificaron el decreto de Mursi de "golpe de Estado constitucional".

Katatni indicó en un comunicado que el Parlamento remitió el asunto de la invalidación de la cámara baja a la Corte de Casación.

Estos últimos acontecimientos ilustran el conflicto iniciado entre el nuevo presidente y el CSFA, sobre todo después de la adopción por los militares de una "Declaración constitucional complementaria" que debilitó considerablemente la función presidencial.

Los Hermanos musulmanes habían acusado a los militares de haber organizado la disolución del Parlamento para adjudicarse el poder legislativo, denunciando un verdadero "golpe de Estado", y afirmando que para ellos la Asamblea seguía siendo válida y conservaba todas sus prerrogativas.

Por su lado, la Alta Corte Constitucional aseguró que ella "no era parte en ninguna lucha política" y que su misión era "proteger el texto de la Constitución". Sin embargo, está acusada por varios grupos y políticos de ser parcial.

Estados Unidos llamó a los dirigentes egipcios al "respeto de los principios democráticos" para salir de esta confrontación, y la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinto reclamó el martes un "diálogo intensivo de todos los protagonistas".