Ex guerrillero, ex alcalde, ex gobernador, ex constituyente, ex candidato presidencial, Antonio Navarro Wolff, de 64 años, es para muchos el ejemplo de lo que el gobierno colombiano quiere lograr con una reforma constitucional llamada genéricamente "Marco jurídico para la paz". Navarro perdió su pierna izquierda en un atentado en mayo de 1985 y un nervio que controla el movimiento de su lengua.
La reforma, aprobada el 14 de junio, plantea la posibilidad de suspender penas y renunciar a la persecución judicial penal de la guerrilla. Una ley posterior, que aún debe presentar el gobierno, deberá reglamentar los beneficios.
Pero aunque la enmienda asegura que el "marco" no ampara a narcos ni a criminales comunes, las normas que se refieren a la amnistía han provocado la oposición de dos sectores escasamente afines: la derecha encabezada por el ex presidente Alvaro Uribe y los defensores de los derechos humanos.
Activistas que han tenido contactos con las guerrillas, defensores de derechos humanos, políticos, analistas y Navarro expresaron a AP opiniones divergentes y dudas de que la reforma constitucional sea una herramienta eficaz para acabar con el conflicto armado.
Para unos, el "marco" abre la puerta a la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad. Para otros representa los límites de una eventual negociación y para muchos es un simple gesto del gobierno para presionar a los guerrilleros a sentarse a dialogar y acabar con casi 50 años de guerra no declarada.
Muchos han especulado si la rapidez del gobierno para aprobar la enmienda significa que el presidente Juan Manuel Santos ya tenía contactos secretos con las guerrillas y se ha adelantado ofreciéndoles rebajas de penas o la suspensión de ellas, a cambio de dejar las armas.
El ex presidente Alvaro Uribe, predecesor de Santos (2002-2010) y responsable de haber logrado dar de baja a emblemáticos líderes de las FARC como Raúl Reyes, de diezmar a buena parte de sus combatientes y de replegarlos a territorios selváticos, también ha criticado el marco para la paz.
"Voces del gobierno y del Congreso engañan a la opinión ciudadana y también a las Fuerzas Armadas", dijo Uribe en un acto el pasado 5 de julio. "Dicen en público que Timochenko no será elegible, pero quisieron imponer la elegibilidad del delito de lesa humanidad". Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", de 53 años, es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembro del secretariado, o cúpula de siete miembros de la guerrilla.
En un comunicado conocido el 22 de junio, las FARC dijeron que la reforma era "cínica", pero no dieron más indicaciones sobre si estarían dispuestos a discutirla. "El único acuerdo de paz que espera (el gobierno de Santos) es un contrato de adhesión, en el que una guerrilla arrepentida y llorosa se rinde de rodillas", añadió en su comunicado la jefatura de las FARC, que financia parte de su accionar con el narcotráfico.
