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24 de mayo de 2013 • 19:01

Uruguay: Ley de medios, proyecto con claroscuros

 

Un proyecto de ley para regular los medios de comunicación que el gobierno uruguayo acaba de enviar al Parlamento es confuso porque aunque permitiría al Estado controlar los contenidos también tiene aspectos que garantizan la libertad de expresión, dijeron analistas.

Es una iniciativa contradictoria que "tiene artículos muy garantistas del ejercicio de la libertad de expresión y prensa pero a la vez contiene amenazas, ya que habilita al Estado a meterse en los contenidos", dijo Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

No obstante, "es un texto que no tiene nada que ver con leyes sobre la materia como la venezolana o la ecuatoriana", dijo Paolillo a The Associated Press. "No es como las que existen en otros países de América Latina, es distinta a las que hay en Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua o a una ley que quiere aprobar Honduras, que tienen todas una vocación censuradora", afirmó.

Según Paolillo, la iniciativa "tiene una cantidad de garantías a la libertad de prensa y de expresión que esas otras leyes no tienen".

Entre esas garantías mencionó un artículo que declara a los medios "soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la libertad de información, preexistentes a cualquier intervención estatal".

Sin embargo, el texto también implica potenciales limitaciones.

"Por ejemplo, dice que los medios tendrán que respetar la pluralidad, la inclusión, la diversidad. ¿Quién define qué es plural y qué no, qué es inclusivo y qué no? Según la ley habrá un Consejo de Comunicación Audiovisual que decidirá cuándo una opinión o una información violan esos principios. Pero todas estas definiciones son tan poco precisas que dan para avanzar negativamente sobre la libertad de expresión y de prensa", afirmó.

En contrapartida, otro de los artículos prohíbe interferencias o presiones sobre cualquier expresión, opinión o información difundida por un medio.

En definitiva, se trata "de un proyecto confuso, hay que esperar a que se apruebe como ley y luego se aplique para ver qué prevalece, si las garantías o las limitaciones", indicó Paolillo.

Para Mauricio Rabuffetti, docente de periodismo de la Universidad Católica del Uruguay, en algunos aspectos el proyecto "maneja conceptos anticuados, superados por la realidad de los medios modernos". Por ejemplo, en las definiciones en materia de libertad de expresión, ya que "no se necesita una ley para garantizar algo que es un derecho humano, consagrado en convenciones internacionales de las que Uruguay es firmante", dijo a la AP.

"Nunca hubo en la historia de la humanidad un acceso más fácil y libre a opiniones e informaciones diversas como hoy a través de internet", afirmó.

Rabuffetti sostuvo que como cualquier ley que regule el trabajo periodístico, el proyecto "implica siempre una cortapisa a la libertad de la gente a acceder a información", pero destacó que la iniciativa "busque regular los mecanismos de atribución de ondas de radio y televisión, que son un bien público. Sobre todo para que esa atribución sea justa y transparente".

El gobierno del Frente Amplio, de izquierda, envió el 21 de mayo al Congreso -donde cuenta con mayoría- su proyecto de ley de medios afirmando que Uruguay necesita adecuarse "a la realidad del siglo XXI".

Según el presidente José Mujica, su contenido "está a leguas de cualquier cosa que se parezca a una ley mordaza".

El proyecto, que no incluye a los medios escritos, determina un porcentaje obligatorio de contenido de origen nacional en la programación, según el texto publicado por presidencia en su portal. También obliga a los medios a emitir publicidad electoral gratuita de todos los partidos en tiempos electorales.

Además, prohíbe que empresas audiovisuales ofrezcan servicios de telefonía y determina que una misma empresa podrá poseer un máximo de tres medios audiovisuales y no más de una frecuencia radial por banda.

También establece un horario de protección a niños y adolescentes entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, durante el cual los programas deberán ser aptos para todo público.

El abogado Edison Lanza, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, consideró al proyecto "positivo" y "muy cuidadoso con el respeto a la independencia de los periodistas y de los medios de comunicación".

Respecto de los contenidos, sostuvo que "el Estado tiene prohibido cualquier censura... Para la tarea periodística no incluye ninguna injerencia, al contrario, da garantías", dijo a la AP.

Lanza destacó que el texto avanza en temas en los que hasta ahora Uruguay no había avanzado como prevenir la consolidación de monopolios mediáticos e "introduce derechos en comunicación de ciertos grupos vulnerables" como los niños, los homosexuales y los discapacitados.

El abogado resaltó que el proyecto fije cuotas mínimas de producción nacional a ser emitidas por los medios porque ayuda a "proteger la identidad y la industria nacional", pero cuestionó al Consejo de Comunicación Audiovisual. "Me gustaría que el consejo que crea fuera más independiente", explicó.

El consejo, según el artículo 65 del proyecto, tendrá cinco integrantes: tres nombrados directamente por el presidente de la república, otro por el Ministerio de Industria y el último por el Ministerio de Educación y Cultura.

Paolillo argumentó que con un consejo así integrado "hoy día el gobierno, de izquierda, podrá aplicar la ley de un modo y mañana vendrá un gobierno de derecha y la aplicará de otro modo completamente distinto".

Por su parte, el politólogo Adolfo Garcé lamentó la forma en que el gobierno presentó el proyecto, enviándolo directamente al Parlamento e incluso comentándolo antes de que el resto del espectro político y la sociedad conociera su contenido.

"Todos estos temas extraordinariamente densos, que rozan la democracia, merecen un tratamiento consensuado, multipartidario", dijo a la AP.

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