Bobby Wayne Woods tomó anoche su última cena. Nada nuevo para él. Hoy, 3 de diciembre de 2009, es su tercera cita con la muerte. Sentenciado a la inyección letal por el estado de Texas, ha pasado en el ‘corredor’ los últimos 13 años pensando en este día. Pudo haber dejado de existir en 2002, pero el Supremo estadounidense reguló entonces que los retrasados mentales –Woods tiene un coeficiente de inteligencia de 68- no podían ser ejecutados. El estado de Texas paralizó la ejecución hasta examinar su grado de invalidez y propuso otra fecha: el 23 de octubre de 2008. También fue aplazada...
Este jueves, si nada lo impide, finalizarán los 44 años de vida de Bobby Wayne, preso 99270 en el penal de Hood, raza blanca, nacido el 10 de noviembre de 1965 en el condado de Tarrant. Un tipo de 1,70m, pelo rubio, ojos azules, siete años de educación escolar y desempleado en abril de 1997 cuando, con 32 años, se coló por la ventana en la casa de su ex pareja para violar a su hija Sarah, de 11 años, antes de segar su cuello y su vida. Para conocer tanto detalle, a Terra Noticias no le ha hecho falta preguntar a abogados, testigos o familiares. El departamento de Justicia de Texas registra todos estos detalles en su web.
"Son realidades culturales y jurídicas distintas, para nada exportables", comenta Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). "Las sociedades demócratas demandan transparencia a los poderes públicos. Lo que sucede, al menos en España, es que primero está la garantía de los derechos fundamentales, y entre estos se encuentra el derecho a la privacidad". El responsable de la AEPD apela a la intimidad, algo que Estados Unidos no parece tenerse en cuenta. El registro de Texas acoge las fichas de las 446 ejecuciones llevadas a cabo desde 1982, y cualquiera puede acceder a la fotografía de los presos. A sus datos. A sus delitos. Y cuando sean ejecutados,Texas también difundirá sus últimas palabras.
Porque la exposición de intimidad llega sin pudor a las últimas voluntades, guardadas en los registros del Departamento de Justicia desde 1982. Algunas son ciertamente pasotas, como las de Jerry Bird, ejecutado en 1991: “¿Que si tengo algo que decir? Bah, paso… ¡Hola Mamá!”, le espetó a su madre, al otro lado del cristal, antes de recibir una inyección letal que a Texas le cuesta 86$ por dosis, y que mezcla tres sustancias: tiopental sódico (sedante), bromuro de pancuronio (relajador muscular) y cloruro de potasio (que paraliza el corazón). Pero lo normal es el arrepentimiento, la encomienda a la religión y el consuelo a unos familiares que, habitualmente, acuden a la ejecución junto con algún periodista.
Y es que permanecer tantos años en el ‘corredor’ –el promedio de espera calculado es de una década– ofrece un gran período de maduración a los remordimientos. “¿Podrían decirle a esa mujer tras el cristal…mmm … no me está mirando”, se lamentaba desde la camilla Johnny Conner, quien con 23 años entró en una tienda, disparó a un cliente en el pecho y posteriormente le asestó dos tiros en la cabeza a la tendera. “Señora”, advirtió Conner; “no me guarde rencor. Cuando llegue usted a las puertas del cielo, le abriré mis brazos. No se preocupe por lo que pasará ahora, no sufra, no estoy enfadado con usted. No me conoce, pero la quiero. Os quiero a todos”. El veneno en sus venas paró poco después su corazón.
Algunos se lo toman a chifla como James Clark. “Pues no sé qué decir. No sabía que vendría alguien a verlo. ¡Eh, hola, cómo estáis!”, exclamó en abril de 2007 antes de morir. O como Charles Nealy, asesino de un dependiente. “La razón por la que han tardado tanto [estuvo nueve años en el corredor] es que no me encontraban una vena. Decidle a mi compañero de celda que no me he puesto pañales”. Otros, en cambio, aprovechan para criticar la venganza subyacente a una pena capital. “Van a meterme una droga en las venas que la Asociación Veterinaria de Estados Unidos no aplica ni a los perros. Me matan por un crimen que no cometí. Seguiré luchando. Y os volveré a ver. No digo más”, amenazó el californiano Reginald Blunton, de 29 años, ajusticiado el 23 de octubre por un robo con asesinato.
La exposición de la privacidad no se limita a Texas
Pero la exposición de los datos privados de los convictos no se limita a los condenados a muerte. Estados Unidos desarrolla desde hace una década un registro on-line de pedófilos que muestra dónde viven, quiénes son y qué aspecto tienen. La iniciativa se denomina Megan’s Law –en honor a Megan Kanka, una niña de siete años que fue violada y asesinada en 1994– y busca prevenir a la comunidad frente a la cercanía de la vivienda de un pederasta. Algo así, en España, sería impensable. "En su día se suscitó un debate al respecto del caso Marta del Castillo", explica Artemi Rallo; "pero esa vía de crear un registro público de agresores sexuales no prosperó. Y la sociedad no lo demanda de forma mayoritaria".
Para el director de la AEPD, la Justicia española es garantista de la identidad de los delincuentes. Y recuerda que los Ayuntamientos de Baracaldo y Plasencia, que pretendían colgar en sus webs las sentencias condenatorias de los maltratadores, tuvieron que desechar la idea por ser contraria a la Ley de Protección de Datos. "Las sentencias poseen la titularidad de las partes, no de la sociedad en su conjunto", afirma Rallo, que incluso califica de "terreno brumoso" que se puedan celebrar juicios abiertos al público.
Nada que ver, por supuesto, con Texas, que anuncia sin pudor las próximas fechas de ejecución en su estado. Tras Bobby Wayne Woods, que morirá en el día de hoy, el estado sureño ya ha concertado citas con la muerte para otros cinco presos: Kenneth Mosley morirá el 7 de enero, Gary Johnson el 12 de enero, Henry Skinner el 24 de febrero, Michael Sigala, el 2 de marzo y Franklin Alix el 30 de marzo.
Todo un derroche de transparencia.