Castresana compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una de las audiencias de su 137 periodo de sesiones públicas, que concluye hoy en Washington.
El jurista presentó ante el organismo internacional un informe sobre el resultado de los dos años de trabajo de la CICIG, creada en 2007 por un grupo de expertos en razón de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su exposición, Castresana aseguró que el trabajo de la Comisión es 'imprescindible' en un momento en el que 'solo un 2 por ciento de los casos se resuelven con las sentencias adecuadas'.
Según datos de la CICIG, entre 2005 y 2007 hubo un total de 1.960 asesinatos de mujeres en el país y los tribunales solo emitieron 43 condenas relacionadas con esos casos.
Aunque el Estado ya no es, como en los años 80 y 90, 'responsable de las violaciones de derechos humanos' en el marco judicial, siguen persistiendo estructuras que impiden el funcionamiento correcto de la justicia, indicó.
Entre los problemas, Castresana denunció la 'constante reválida' a la que están sometidos los magistrados de las principales cortes del país, que se renuevan cada 5 años y acaban actuando con base en 'los intereses de los grupos de presión y los partidos políticos'.
Esa 'politización' del estamento judicial motivó el pasado mes una denuncia que situó al CICIG en el centro de la polémica en el país, cuando el organismo acusó a 6 de los 13 magistrados elegidos para dirigir el Poder Judicial de integrar una estructura paralela creada para controlar los tribunales y procurar impunidad.
Pese a las críticas de la CICIG y diversos organismos civiles, la nueva Corte Superior de Justicia (CSJ) entró en funcionamiento el pasado 13 de octubre tras un complejo proceso en el que se destituyó a 3 de los 6 abogados calificados como 'no idóneos' por la Comisión.
En este sentido, Castresana aseguró que en el informe entregado a la CIDH ha incluido 'propuestas de futuro' para evitar la politización de las 'comisiones de postulación' y lograr que sus criterios de elección de jueces y funcionarios públicos sean 'meramente técnicos'.
Entre los avances que la CICIG ha hecho durante estos dos años, el jurista destacó la aprobación de la Ley de Armas y Municiones, la modernización del sistema de protección de testigos y la creación de tribunales de alto riesgo, con protección de jueces y fiscales para los casos que lo requieran.
'Necesitamos enseñar a Guatemala que se pueden seguir procesos judiciales contra cualquiera', dijo Castresana, que pretende a largo plazo consolidar nuevos modelos de fiscalía y de Policía, y dotar al Estado de una nueva política criminal.
El embajador de Guatemala ante Naciones Unidas, Gert Rosenthal, elogió en la audiencia los 'avances' demostrados por la CICIG en los últimos años y señaló que el siguiente paso es que el Estado 'haga suya' la misión de la Comisión, cuyo mandato fue ampliado en julio por dos años más, hasta 2011.