'Frente a las publicaciones de prensa que destacan casos recientes de violación y abuso sexual de niños en el país, Unicef se manifiesta consternado (...) y propone una revisión de la normativa existente para garantizar el cumplimiento de los derechos' de los menores, indicó hoy este organismo en un comunicado.
Unicef instó a las autoridades a eliminar toda forma de explotación y abuso sexual de niños con 'un compromiso en lo administrativo y legislativo en pro del enjuiciamiento y criminalización efectivos' de los violadores de menores.
'Se requiere de sistemas legales operativos que aseguren un apropiado seguimiento a los casos de abuso y que garanticen la protección y asistencia a las víctimas', indica el comunicado que considera que en Bolivia 'puede hacerse mucho más para enfrentar la vulnerabilidad manifiesta' de los menores en estos casos.
El máximo representante de este organismo en Bolivia, Gordon Jonathan Lewis, invitó 'a toda la sociedad boliviana a hacer una evaluación introspectiva y autocrítica sobre esta problemática, preguntándose si este es el futuro que se quiere garantizar a la niñez y adolescencia del país'.
Unicef aseguró que el abuso sexual de niños en el país 'no es un hecho nuevo' y es una de las más aberrantes violaciones de Derechos Humanos, que acarrea consecuencias devastadoras de largo plazo sobre las víctimas y les niega 'la posibilidad de continuar una vida con dignidad'.
Precisamente la Comisión de Política Social del Congreso y el Ministerio de Justicia analizarán el próximo martes cinco proyectos de ley para fortalecer los castigos de quienes abusen sexualmente de menores de edad, informó hoy el diputado Guillermo Mendoza, promotor de las iniciativas.
Cada día se registran en el país unas 12 denuncias de violaciones a menores de edad y en más de la mitad de los casos las víctimas son menores de 12 años, afirmó Mendoza que recogió estas cifras entre los datos de los medios de comunicación, la policía y organizaciones no gubernamentales.
Además, el diputado lamentó la recurrencia y la metodología de estas violaciones que, a su juicio, es 'cada vez más fuerte y cruel'.
Para él, existe un 'descrédito y fracaso del sistema penal boliviano' en estos casos, que obliga a buscar 'alternativas nacionales y políticas' que favorezcan a las víctimas.
Mendoza impulsó el pasado mes de mayo un debate con todas las instituciones y sectores implicados para elaborar un borrador de proyecto legislativo para endurecer las penas de los violadores de menores.
Entre las opciones barajadas está la castración química o quirúrgica y el aumento de las penas de cárcel a 30 años.