Foto: Terra / sxc.huEl argumento de la opinión pública de Alemania y otros países europeos ricos para no dar más dinero a España es que gastamos más de lo que tenemos para vivir por encima de nuestras posibilidades.
Eso no lo expresan abiertamente los gobernantes alemanes pero así se dice en el parlamento de Berlín y en los medios de comunicación con alusiones al derroche español en infraestructuras de gran calidad y en unas administraciones públicas de escasa eficacia.
Ejemplo reciente de lo que le sirve a Alemania para terminar con lo que llaman “exceso de solidaridad” con España es lo ocurrido con la financiación de obras hidráulicas.
En marzo pasado el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Arias Cañete, reveló que España ha recibido en los últimos años 1.664 millones de euros de fondos europeos para construir 51 estaciones desaladoras, pero solo hay 17 funcionando y 15 en construcción, y son necesarios otros 762 millones para que funcionen adecuadamente esas 32.
La Comisión Europea ha tomado nota del incumplimiento, agravado porque las desaladoras en explotación solo producen el 16% de su capacidad al no haber demanda: se aprobaron pensando en un aumento de viviendas en el litoral mediterráneo que no ha existido y en el uso para regadío.
Pero los agricultores no pueden pagar el alto precio del agua desalada y a este respecto confesó el citado ministro que para hacer viables las desaladoras hay que acudir a “una cadena de subvenciones encubiertas, porque, de lo contrario, los agricultores no demandan el agua de la desaladora”.
Bruselas ya ha abierto a España dos expedientes sancionadores y una demanda ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo por incumplimiento en directivas marco sobre agua, uno de ellos por no iniciar las obras de 11 de las 23 estaciones depuradoras para otras tantas poblaciones.
El nefasto panorama que según palabras de Arias Cañete ofrecía la gestión hidráulica, con la empresa pública del agua en quiebra, tres meses más tarde, en junio, mereció del mismo ministro una calificación opuesta al firmar un crédito de 500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, para terminar las desaladoras.
