El precio de los peajes de las autopistas que dependen del Estado subirá un 7,5 % a partir de las 00:00 horas del domingo tras la supresión de la compensación que el Gobierno hasta ahora proporcionaba a las concesionarias, que repercutirán la medida a los clientes.

Fuentes del Ministerio de Fomento han explicado hoy a EFE que ayer se remitió una orden ministerial a las empresas concesionarias indicando los nuevos peajes máximos autorizados.

En concreto, el real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria suprime la compensación del 7 % a las concesionarias por la pérdida de ingresos derivada de una bajada equivalente en las tarifas, recogida en el artículo 8 del real decreto ley 6/1999.

Las mismas fuentes de Fomento señalan que son las empresas concesionarias las que deben decidir ahora si asumen ese nuevo margen.

Fuentes de estas empresas han indicado que la medida afecta a todas las concesionarias, que "no podrán imponer de nuevo las bonificaciones y gratuidades que se impusieron en su día a cuenta de ese 7 %".

Además, afirman que la entrada en vigor de la subida del IVA, prevista para el 1 de septiembre, provocará otro aumento de los precios, que sumado al de este fin de semana llegaría al 10 %.

En el caso de Cataluña, subirán las tarifas de la AP-7 la conocida como autopista del mediterráneo, la AP-2 la autopista del nordeste y la C-33.

La Generalitat acusa de deslealtad al Gobierno por no avisar la subida

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha acusado al Gobierno central de deslealtad institucional por no haber avisado de la aprobación del aumento.

La vicepresidenta ha criticado la nocturnidad y sin previo aviso de la subida, que a su juicio demuestra que "cada viernes hay unas medidas que castigan a Cataluña y que van en contra de lo que necesita el país".

En su opinión, ello "ayuda a que Cataluña esté cada vez más harta", y ha constatado que ello no favorece ni a los catalanes ni a unas buenas relaciones con el Estado, alegando que Cataluña ya lleva año y medio de ajustes importantes.

Esta medida "va en contra del autogobierno y de lo que necesita el país", según Ortega, que ha pedido al Gobierno que se centre en una reestructuración propia de los servicios públicos del Estado y deje de aplicar ajustes que acaban pagando las comunidades.

"Nos lo está poniendo muy difícil y parece que no se está dando cuenta de la situación actual", ha señalado la vicepresidenta en alusión al Gobierno central, tras constatar el aumento de las cifras del paro.