El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales una veintena de preceptos y varias disposiciones del segundo Plan E que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que han invadido competencias de la Generalitat catalana.

En una sentencia recogida por Europa Press, el pleno del Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Govern contra el real decreto ley de 2009 por el que se creó el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

El Gobierno socialista pretendía inyectar liquidez a las arcas municipales para que éstas invirtieran en determinados proyectos y se dinamizara así la economía, para lo que contempló la concesión de subvenciones o ayudas condicionadas a la realización de actuaciones que generaran empleo.

El Ejecutivo catalán impugnó esta normativa porque centralizaba en órganos de la Administración estatal la administración, gestión, dirección y control del fondo, lo que vulneraba las competencias de la Generalitat previstas en el Estatuto autonómico.

Por su parte, el Abogado del Estado interesó la desestimación del recurso al invocar la "plena constitucionalidad" de un real decreto que contenía medidas absolutamente excepcionales y de urgente aplicación dada la gravedad de la crisis económica. Añadía que la Carta Magna reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la hacienda general.

Ahora, el Tribunal Constitucional rechaza este planteamiento y defiende que el Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus presupuestos generales "hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las comunidades para concretar con mayor detalle la afectación o destino o, al menos, para desarrollar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación".