El Gobierno de Navarra ha anunciado su "compromiso" para garantizar a los inmigrantes irregulares la atención sanitaria pública mediante una "fórmula viable y novedosa", que consiste en habilitar ayudas que cubran el coste de la asistencia de quienes acrediten no poder pagarla. Fija varias condiciones: no ganar más de 532 euros, estar más de un año empadronados o no tener antecedentes penales.

El portavoz del Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha señalado tras el consejo de Gobierno que Navarra cumplirá así con los cambios en la normativa estatal para el pago de la sanidad por parte de quienes no están adscritos al Sistema Nacional de Salud, como los inmigrantes irregulares.

Sin embargo, las competencias forales han permitido crear esta fórmula, por la que el departamento de Políticas Sociales habilitará una línea de ayudas para sufragar íntegramente las cuotas establecidas por el Servicio Navarro de Salud, al que se desembolsarán directamente 1,68 millones de euros anuales.

Ésa es la cantidad que el Gobierno foral estima necesaria para compensar el pago por atender a los 2.150 inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años que se calcula residen en Navarra y que no podrían pagar las tasas requeridas para ello.

Los requisitos para obtener una acreditación de este tipo son la mayoría de edad, no tener ingresos superiores al IPREM (fijado en 532,51 euros al mes en 2012), llevar al menos un año empadronado en Navarra y no tener condenas por delitos ni causas pendientes con la justicia.

La consejera de Salud, Marta Vera, ha explicado que estas personas podrán acceder a un servicio sanitario integral, como el resto de la ciudadanía, y por ello tendrán garantizada la asistencia sanitaria en todo tipo de centros y especialidades, la prestación farmacéutica o el transporte sanitario.

Para ello, el Departamento de Salud va a actualizar el Decreto foral que desde 1996 establece las tasas de acceso al régimen universal de salud de Navarra para los colectivos excluidos del Sistema Nacional de Salud.

Las tasas serán de 764,46 euros anuales para las personas entre 18 y 64 años (los menores tienen garantizado el acceso al Sistema Nacional de Salud) y de 2.675,62 euros para las de más edad, frente a los 710,40 euros y 1.864,80 establecidos en el Estado, respectivamente.

El consejero de Políticas Sociales, Jesús Pejenaute, ha calculado que, excluyendo los 1.500 menores de 18 años que ya reciben atención sanitaria, serán unas 2.150 las personas irregulares susceptibles de percibir estas ayudas, que suponen unos 53.000 euros al año para las 20 mayores de 65 años y 1,6 millones para los 2.150 de entre 18 y 65 años.

La puesta en marcha de ambas medidas se dilatará probablemente hasta el mes de octubre y hasta entonces las personas sin recursos seguirán siendo atendidas en las mismas condiciones que hasta la fecha.