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21 de abril de 2013 • 10:20

Tres mil extranjeros fueron internados en el CIE de Aluche en 2012 y la mitad acabaron expulsados del país

 

Un total de 3.060 personas fueron internadas el año pasado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, de los cuales poco más de la mitad fueron finalmente expulsados del país, según datos proporcionados por el informe 'Atrapados tras las rejas' de la ONG jesuita Centro Pueblos Unidos.

El 23 por ciento de los encerrados llevan menos de un año en España. Vienen de otras provincias y hay un número importante procedentes de pateras o de Canarias y de Ceuta y Melilla, algunos después de pasar un tiempo en los CETI de esas ciudades.

El estudio se basa en las 1.277 visitas de un grupo estable de voluntarios a 328 internos del CIE de Madrid. La mitad de ellos fueron detenidos en un lugar público (estación de tren, bus, Metro, calle) o raíz de un control de extranjería.

Las personas que vienen de Ceuta y Melilla se suelen presentan voluntariamente en las comisarías para ser trasladadas a un CIE de una península con la esperanza de salir en libertad y comenzar una estancia en España u otro país de Europa, indica el estudio.

El tercio restante fue arrestada por la Policía tras una denuncia o son personas que vienen de la cárcel o a quienes el Juzgado ha sustituido una condena inferior a seis años por expulsión del territorio nacional.

La ONG jesuita apunta en su informe en todo el año pasado sólo han encontrado entre los internos visitados diez casos de expulsiones judiciales. El resto son expulsiones administrativas por estancia irregular, "cuyas circunstancias particulares no han sido consideraras ni por la Policía ni por los juzgados que autorizaron el internamiento".

A lo largo del año 2012, los voluntarios han detectado en el CIE de Aluche 18 casos en los que la persona ni siquiera tenía una orden de expulsión previa al internamiento. "Atender a las circunstancias concretas de cada caso en vez de gestionar el control migratorio de manera indiscriminada, aunque sea más complejo, es más acorde con las exigencias de nuestro Estado de Derecho", consideran los redactores del estudio.

Además, según datos de Pueblos Unidos, a lo largo del año 2012, menos de un tercio de las personas visitadas en el centro de Aluche tenían antecedentes penales. Este dato contrasta con la cifra del 87 por ciento de 'expulsiones cualificadas' que maneja el Ministerio del Interior.

QUEJAS

Entre las quejas de los internos destaca el hecho de que no se explica a los internos su situación jurídica concreta. La mayoría no comprende su situación y muchos no tienen el nombre y teléfono de sus abogados.

La ONG habla de 247 situaciones con suficientes elementos como para interponer quejas o denuncias ante los órganos competentes, entre las que incluye el caso de la ciudadana congoleña Samba M., que falleció tras 40 días de internamiento.

"El servicio médico no diagnosticó siquiera su gravísimo estado de salud, a pesar de sus repetidas visitas al médico y de que venía del CETI de Melilla, donde se le había realizado una analítica que mostraba su gravedad", señala el informe.

También denuncian que en los CIE "hay privación de derechos, mucho más allá de la privación de libertad ambulatoria, que se agudiza en situaciones de particular vulnerabilidad, como son las 127 personas que no tienen a nadie que les puede visitar o quienes no entienden el idioma, el 25 por ciento del total". Más graves son los casos de los 11 internos que tienen menores españoles a su cargo y los 24 con enfermedades físicas o mentales.

El informe también apunta que en el CIE de Madrid se repiten las quejas de personas de las personas internas por "agresiones y malos tratos" acaecidos durante el proceso de internamiento y de expulsión, por las expulsiones sin previo aviso, por la dificultad para realizar determinadas gestiones, o por la difícil convivencia con los internos (compartir espacios con internos violentos, la problemática de que haya fumadores en espacios comunes, etcétera).

Según el informe, además de las deficiencias en las instalaciones, también existe una "incapacidad real" para ejercitar derechos básicos como el derecho a la información, a comunicarse con el exterior, al contacto con familiares, a formular quejas al Juzgado de control, a recibir visitas de entidades sociales, etc.

CONCLUSIONES

Las conclusiones del estudio es que "se sigue recurriendo al internamiento de manera desproporcionada" y las condiciones de estancia son "malas". Además, constatan el "fuerte impacto psicológico" del internamiento, especialmente en los inmigrantes sin antecedentes penales, "a quienes la ambigüedad de estar encerrados sin haber cometido un delito les causa una profunda angustia y desconfianza".

Por ello, la Fiscalía de Madrid reclamó el año pasado al Ministerio del Interior por la construcción de un nuevo CIE en Madrid debido a la masificación del actual. Señala que la infraestructura y dotación del centro "no son las idóneas para acoger a un número tan importante de personas".

"Las habitaciones son de 6 a 8 personas, que duermen en literas y las instalaciones para ocio, comedor y actividades comunes son de unas dimensiones no acordes con las necesidades de un número tan considerable de interno", añade la institución.

Por último, respecto al anuncio de la elaboración de un reglamento de los CIE, Pueblos Unidos ha manifestado que los primeros pasos han sido de momento "muy decepcionantea, pues el proyecto no altera el régimen de ingreso en los CIE ni garantiza la efectividad de los derechos de las personas internas, sino que consolida el modelo actual". Por ello, creen que el cambio de denominación a Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE) es "un eufemismo inaceptable".

Europa Press