La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado este martes a Juan Márquez, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, cuatro delitos continuados por la concesión de ayudas ilegales por importe de más de 154 millones de euros.
De este modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al exalto cargo sendos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial.
La primera parte de la comparecencia de Márquez ha estado dedicada a la enumeración de los cuatro delitos continuados que se le imputan: prevaricación omisiva y activa, falsedad en documento oficial, omisión del deber de perseguir delitos y malversación de fondos públicos.
En total se trata de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas que Márquez otorgó a sabiendas de dos informes de los bufetes Garrigues y Price Waterhouse sobre la ilegalidad del procedimiento y su concesión sin fiscalización ni control de la UE.
El imputado "mantuvo el procedimiento pese a tener conocimiento de sus consecuencias ilegales" y permitió un "uso abusivo de fondos públicos regalados a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE", según Alaya.
Mantener el sistema de ayudas "era jurídicamente inexplicable", según la imputación, que acusa a Márquez de haber favorecido especialmente a su provincia natal de Huelva.
Uno de los aspectos que Alaya le ha imputado es haber vulnerado el artículo 133 del Estatuto de Autonomía sobre la obligación de servir objetiva y fielmente los intereses generales de Andalucía.
