Con el sugerente título ‘El placer está en tus manos’, el Consejo de la Juventud de Extremadura y el Instituto de la Mujer extremeño, dependientes de la Junta, han desarrollado una campaña que, a través de distintos talleres pretende enseñar a los adolescentes todo lo referente a la sexualidad con “naturalidad”. Uno de los obejtivos es que los jóvenes mejoren su autoestima con “el fomento de la autoexploración sexual”.
El coste de la campaña ha sido de 14.000 euros, un derroche según algunas asociaciones de padres que se han mostrado contrarias a esta iniciativa. El colectivo de objetores a la asignatura de Educación por la Ciudadanía ha calificado de “poco moral” invertir tal cantidad de dinero público en un momento de crisis económica y con una elevada tasa de paro.
La directora general del Consejo de Juventud de Extremadura, María José Pulido, asegura que este plan pretende “desmontar estereotipos e informar de una forma objetiva y clara”. Para conseguirlo, tres cursillos abordarán temas como anatomía y fisiología masculina y femenina, cuáles son los juguetes sexuales más frecuentes o la discriminación de género en el ámbito de la sexualidad. Todo ello en un contexto que favorece “la participación de los jóvenes, siempre de una manera lúdica y formativa”.
Además de estos talleres, los promotores han editado mil fanzines en los que responden a las dudas y preguntas más habituales entre los adolescentes. Intentan así dismitificar algunos asuntos controvertidos, como que la masturbación provoca daños físicos o que los chicos son los encargados de llevar siempre la iniciativa, y romper tabúes.
Traductores en el Parlament
Otra medida polémica por la utilización del dinero público ha sido la decisión del Parlament de Catalunya de contratar, por unos 1.000 euros, a dos traductores durante la comparecencia de una delegación de Nicaragua en la Cámara catalana. Los expertos se han encargado de traducir del castellano al catalán, y a la inversa, una reunión en la comisión de cooperación y solidaridad.
La idea ha sido criticada por socialistas, populares y convergentes, mientras que sólo ERC ha defendido “indignada” esta decisión.