La trama ha costado el puesto, entre otros, a tres alcaldes, un consejero de la Comunidad de Madrid, el tesorero nacional del Partido Popular y el secretario general del PP en Valencia.
El juez estudia la red de supuesta corrupción cuyos integrantes están imputados por delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. El modo de operar de las empresas, cuyas cabezas visibles eran Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, era sobornar a funcionarios y cargos públicos para obtener un fuerte beneficio propio mediante fondos públicos o contratos con un trato de favor. Los regalos eran el modo frecuente de sobornar a políticos.