Según informa el diario 'Sur' de Málaga, Julián Muñoz ya no tendrá que volver a ese centro de régimen abierto ni siquiera para pernoctar, después de que el pasado viernes abandonara el recinto, donde tenía que pasar las noches desde que se le concedió el tercer grado penitenciario en octubre pasado.
Acompañado de su abogada, firmó el documento por el que queda en libertad y la sonrisa se dibujada en su semblante, según indica el periódico, que cita a fuentes penitenciarias para afirmar que se mostró muy feliz y emocionado al despedirse de los funcionarios y se marchó sin que la imagen la captaran los medios de comunicación.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga remitió a la dirección del centro de régimen abierto el auto de libertad tras haber cumplido una condena acumulada de tres años de cárcel.
Julián Muñoz obtuvo el tercer grado penitenciario tras cumplir con el requisito de contar con un contrato laboral, que obtuvo en la empresa de vinos de un familiar, según el rotativo, que añade que más tarde empezó a trabajar en el chiringuito Flamingo Beach en la playa del núcleo de población marbellí de San Pedro Alcántara, del que es director general.
Ha cumplido 18 sentencias ejecutorias por delitos urbanísticos que supusieron condenas de hasta un año de cárcel y se ha beneficiado del artículo 76 del Código Penal que establece que el máximo de cumplimiento de la pena no excederá del triple de condena más grave, siempre y cuando los delitos se consideren conexos.
La aplicación de este artículo -indica el diario malagueño- fue fruto del pacto con la Fiscalía de Málaga que formalizó en mayo de 2008 y por el que Muñoz y otros cinco ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) evitaban 49 juicios por delitos urbanísticos a cambio de pisar la cárcel y reconocer su culpa.
Julián Muñoz fue encarcelado en julio de 2006 dentro de la 'Operación Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, cuyo juicio está pendiente de celebrarse.
Muñoz y otra decena de imputados prestaron declaración recientemente por una pieza separada del caso 'Malaya' que investigan supuestas irregularidades del promotor José Miguel Villarroya en Marbella y donde la Fiscalía ve indicios de fraude y malversación de caudales públicos en relación a dos proyectos que fueron adjudicados por el Consistorio al empresario.