El Ministerio Público considera en un escrito remitido al magistrado que existen 'indicios racionales de criminalidad' en las actividades de estas cinco personas, basadas en su relación directa con miembros de la Mesa Nacional de Batasuna.
Así, el escrito destaca la existencia de al menos tres reuniones celebradas en las localidades de Salvatierra (Álava) y Elorrio (Vizcaya) entre los meses de junio y septiembre de 2007 en las que participaron numerosos dirigentes 'batasunos' como Juan José Petricorena, Juan Cruz Aldasoro o Joseba Permarch.
Los encuentros se celebraron adoptando 'mecanismos de seguridad', como la recogida de los participantes en puntos de encuentro aislados, en su mayoría aparcamientos de centros comerciales en horario nocturno, y su posterior traslado al lugar de la reunión en vehículos particulares.
Otro de los indicios señalados en el escrito es la localización de transferencias bancarias realizadas desde cuentas a nombre de los imputados a otras titularidad de Batasuna.
Subordinación a Batasuna
El Ministerio Público pone de manifiesto 'la subordinación del grupo parlamentario PCTV a las directrices impartidas por Batasuna', la contratación por parte del primer partido de miembros del segundo y el vaciado de cuentas del grupo en beneficio de Batasuna.
Destaca también la utilización de la sede del polígono Belartza de San Sebastián, para las actividades de la Mesa Nacional y 'la integración de los recursos económicos y financieros de PCTV 'en una gestión común con los de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Batasuna'.
El juez Garzón imputó en febrero de 2007 a Ramos, Aguirre y Jacinto, un delito de colaboración con banda armada y asociación ilícita. Erauskin y Berasategi, disfrutaban en aquel momento de la condición de aforadas, que perdieron tras las elecciones al Parlamento Vasco en mayo de 2007.