Algunos lo llaman ya “Primavera Valenciana” y desde luego hay cierto paralelismo; estudiantes osados que tienen el descaro de manifestarse en contra de recortes que les dejan si calefacción en clase en invierno y que son duramente reprimidos con violencia por la policía.

Muchos creenque es exagerado apelar a una comparación así, que España nada tiene que ver con las revueltas árabes y tienen razón, todavía no estamos en ese nivel. Eso no significa, en cambio, que no resulte repugnante ver a la policía cargando a caballo contra menores de edad, empujando a niñas contra los coches, deteniendo con exceso de brutalidad a los jóvenes y disparando al aire para disolver manifestaciones sin que ningún responsable dimita y ponga fin a imágenes tan dantescas como las que hemos podido ver estos días a través, principalmente, de las redes sociales.

Para colmo el Jefe de Policía  se refiere a los estudiantes como “enemigos” por lo que el nuevo diccionario del Partido Popular sigue cogiendo fuerza tras llamar “privilegios” a los derechos y “pérdidas” a los trabajadores. Está claro que no entendimos bien ese lema electoral que aseguraba que “empieza el cambio”, con lo claro que estaba.

La violencia, si nadie la frena, seguirá creciendo. No hay nada como ver a la policía lanzarse contra manifestantes para saber que hay quien está dispuesto a todo por callar unas voces críticas, aunque lo haga de la peor manera posible. Es evidente que cualquier carga policial supone revitalizar la protesta y hacerla más grande, mientras que actuar de manera pacífica y colaborativa con los manifestantes siempre lleva a la disolución de la misma.

Algunos mandos se han quedado todavía en las viejas formas de actuación y se parecen más a los grises que a los policías azules que vemos hoy.

Sumado al retroceso social que está aplicando el PP, normal que quieran quitar de TVE la serie Cuéntame, pues sería muy duro ver que los Alcántara nos terminan adelantando…

La foto salió ayer en Twitter, desconozco el autor pero fue subida por @pilarodguez.

Prueba de la capacidad de gestión del Partido Popular – además del caos entre ministros a cuenta del déficit- es su gestión en la Comunidades Autónomas donde es gobierno desde hace años.

Porque lo de los ministros se supone que lo va a "intentar" solucionar Soraya. Sí, ha dicho intentar porque no debe estar segura de poder coordinar a sus propios ministros, que hace apenas unos días decían de Zapatero que era el rey de la improvisación.

Pero la gestión del PP en Comunidades como Madrid, Valencia o Murcia son la prueba empírica de las medidas que toman y los resultados que arrojan. Así, por ejemplo, hoy ha sido necesario que el Gobierno rescatase a la Comunidad Valenciana, incapaz ya de pagar sus deudas y facturas pero que sigue obsesionada con la Fórmula 1, las regatas de lujo y actividades similares.

Madrid soluciona sus problemas inflando los impuestos de forma abusiva, como hace con el precio del billete de la red de Metro, que en relación al salario mínimo es el más alto de toda Europa. Eso sí, tiene dinero para gastarlo en una campaña publicitaria de autobombo para falsear la realidad sobre el precio del billete, al no ponerlo en relación con el salario de los países europeos.

Más y mejores ejemplos…. Gallardón, capaz de haber acumulado la mayor deuda consistorial de la historia, hipotecando a varias generaciones.

Ahora estos gestores están en el Gobierno, con ministros que vienen tras haber sido miembros de Lehman Brothers y que dicen una cosa y la contraria. Ministros de Interior que dan datos de déficit, Ministras que olvidan mencionar que la Sanidad es pública y Portavoces que "intentarán" controlar lo que dicen los demás. Todo un ejemplo de cómo dar confianza a los mercados…

Y por encima de todos ellos Mariano Rajoy, el "Presidente Ausente" que todavía está valorando si debería ser él el que comunicara los recortes. De seguir así su presencia puede ser como la de los Reyes Magos, que se nota sólo un día al año.

Sólo con que a Camps -o a cualquier político- se le pase por la cabeza la idea de pagar la multa y aceptar la acusación de cohecho con tal de poder seguir en el poder debería abrir el debate sobre la necesidad de plantear la dimisión forzosa.

Eso de que admitir el delito y pagar la multa exculpe al Presidente de la Comunidad Valenciana es lo más rocambolesco que se puede ver en política, un nivel de mezquindad absoluta amparada en mantenerse a toda costa en un cargo de respresentación pública.

Porque creía Camps, y se lo tragó Rajoy, que todas las acusaciones se cerrarían, que quedarían en nada o que la Justicia sería tan lenta y “especial” como con Carlos Fabra. Rápida no ha sido, pues ha tenido el detalle de esperar hasta el final de las elecciones y por tanto a la reelección de Camps, pero las plegarias sobre el cierre en falso no han funcionado, eso ocurre como mucho con las comisiones parlamentarias (como aquella de Esperanza Aguirre para investigar el espionaje dentro de su partido y similares…).

Tampoco se entiende que Rajoy esté dispuesto a concurrir a unas elecciones con las manos quemadas por Camps, que considere que pagar una multa es una solución a las responsabilidades políticas de cometer un delito así. Si le convencieron entonces de que no pasaría nada con Camps está a tiempo de abrir los ojos y ver que la tendencia no parece frenarse en el tiempo.

Evidentemente es cierto que pagando la multa y reconociendo el delito queda saldada la “deuda” con la Justicia, pero la deuda con la ciudadanía necesita de una multa mayor que obligatoriamente debe pasar por la dimisión de Camps. No existe otra alternativa, el sistema político no se puede permitir premiar con la continuidad a quien admite haber cometido delitos en los que hay un enriquecimiento personal.

Raro sería en todo caso que los valencianos se lo perdonasen… aunque no sería la primera vez que el asombro se apoderase de quienes lo vemos desde la distancia.

Asquerosa historia por tanto que arrasa con la credibilidad de la clase política y que sigue regando las raíces de la indignación colectiva. Y es que si Camps y el PP creen que declararse a uno mismo culpable es menos grave que escucharlo de un jurado debe ser que además confunden la Justicia civil con las confesiones religiosas cuando además ni con la visita del Papa podría exculpar Camps sus pecados sociales, civiles, públicos.

Sólo hay una opción para Camps, por mucho que el sillón le haga ver más, por mucho que siga incrédulo ante la posibilidad de perderlo todo por “tres trajes”.

No es un caso único, la historia está llena de quienes fueron cazados por muy poca cosa… en comparación con lo que se suponía que habían podido hacer…

Es probable que el Partido Popular pueda seguir diciendo que en “números globales” ellos tienen menos imputados que el PSOE, pero claro, viendo cómo se las gastan en Madrid, donde cada mes el Gobierno de Esperanza Aguirre pone una querella contra Tomás Gómez  que luego el juez una y otra vez las inadmite a trámite, pues nos podemos imaginar lo “voluble” de esos datos de los que ¿presume? el PP.

Esa denuncia a Tomás Gómez, por cierto, se basaba teóricamente en que el Secretario General de los Socialistas Madrileños había pedido al juez investigar la vinculación de 44 altos cargos de la Comunidad de Madrid con Gürtel, ya que sus nombres salían en el sumario. Eso, que a todas luces es la labor de la oposición, no le parece bien a Esperanza Aguirre, que no parece tolerar que nadie ponga en duda lo que hace. Así que ahora pesa una nueva duda sobre este Gobierno, ya que se investiga si están usando los servicios jurídicos de la Comunidad en defensa privada del Partido Popular. Es probable que se hable (mucho) de esto en unos días.

En cualquier caso hoy corresponde relfexionar de nuevo sobre un nuevo detenido del Partido Popular. Ripoll, de la diputación de Alicante. Ayer era detenido, posteriormente puesto en liberta dcon cargos. Se investiga a otros tantos.

Rajoy ha salido inmediatamente en su defensa. No le importa a Mariano que desde Alicante a Castellón, pasando por Valencia, tenga imputados su partido. De Fabra a Camps, pasando ahora por Ripoll, el Partido Popular tiene en su principal feudo (en el que llena a diario plazas de toros) más investigaciones abiertas que nunca, más imputaciones que nadie. Pero sigue la mano en el fuego por todos. Con el calor que hace…

Es justo, de Justicia, lo que hace Rajoy, conste eso en acta. Hasta la sentencia todos somos inocentes. Tiene motivos para defender a los suyos, aunque tenga algunos cuántos motivos más para hacer alguna limpieza que otra. ¿Nos va a sacar de la crisis un partido enfrascado en miles de casos de corrupción? No parece al alternativa deseable, desde luego.

Porque ya saben, aquí, en política, hay que acordarse a diaro de la mujer del César…

Menos mal que todos tenemos claro que Rajoy es un demócrata como la copa de un pino, porque de no ser así habría bastante miedo después de su rechazo al acuerdo educativo por no ceder en ninguna de sus exigencias, tras ver sus declaraciones sobre la economía y su insisntencia por decir que España es como Grecia o cuando dice eso de que Camps será candidato diga la Justicia lo que quiera.

Es como para asustarse que la oposición se empeñe en hacer creer que la economía española está al nivel de Grecia cuando todos los indicadores lo desmienten rotundamente. La economía española necesita confianza, por eso es extraño el empeño del PP por crear miedo y más miedo. Si no fuera porque el Partido Popular es una oposición diga que aspira a gobernar, pudiera parecer que cuanto peor le fuese a la economía española, mejor para ellos. Menos mal que no es así.

Y es mucho más importante tener claro que el respeto de Rajoy por la Justicia es absoluto, para no ponerse a temblar cuando afirma que Camps será el candidato para Valencia “diga la Justicia lo que quiera”. Estoy seguro de que Rajoy no quiere decir que desde la cárcel, Camps seguirá siendo cabeza de cartel electoral, porque no tiene sentido.

Sus palabras se han tenido que malinterpretar seguro, como pasó con Esperanza Aguirre cuando aseguró que la corrupción es “consustancial” con las instituciones. ¿Se imaginan que lo hubiera dicho en serio? Hubiera sido tremendo teniendo en cuenta que toda  el Gobierno de Comunidad de Madrid está implicado en la trama Gürtel.

Por eso, si no fuera porque conocemos la trayectoria del Partido Popular, siempre alejado en el pasado de posturas antidemocráticas, a pesar de las reticencias de muchos de sus militantes por dejar de llamar periodo de máxima placidez a la dictadura (seguro que también se les malinterpretó), uno estaría temblando, escondido en una cueva.

Siempre se le interpreta mal al PP, siempre entendemos las cosas que dicen de forma equivocada. La culpa tiene que ser nuestra, porque esas barbaridades no puede haberlas dicho nadie de un partido que compite en democracia y mucho menos Rajoy, que aspira a presidir esta país.

Hay muchas, la política está llena de momentos gloriosos. Pero resulta más interesante cuando se hace el seguimiento de una sola persona, de un solo político porque termina por describirla a la perfección.

En el mitin inaugural del Velódromo Palma Arena, por el que ahora Matas está donde está, Rajoy dijo alto y claro: “Yo quiero para España lo que Matas ha hecho en Baleares”. Como ven, Rajoy es un hombre de palabra y ha extendido el “savoir faire” a otros rincones como Valencia o Madrid. No se puede negar que las señas de identidad del PP son absolutamente claras y uno parece saber a lo que atenerse cuando es gobernado por él.

Pero como digo, para entender en detalle a una persona conviene seguir un par de frases más, algún otro momento de gloria. Por eso es interesante recordar la respuesta de Rajoy ante las acusaciones sobre Camps en aquella plaza de toros: “Siempre estaré a tu lado, delante o detrás”. El apoyo, no me lo pueden negar, es inequívoco (como poco). Teniendo en cuenta que la silla de Rajoy depende exclusivamente de Camps, cabía esperar una reacción así, aunque fuera defendiendo a Camps y sus trajes. 

Si comparamos entonces esa declaración y efusiva muestra de apoyo con la reacción de Rajoy frente a la declaración ante el juez de Matas veremos una clara diferencia: “Le deseamos lo mejor al señor Matas y que se defienda y, si puede, demuestre su inocencia”. No creo que haga falta señalar las diferencias.

El caso es que mientras España sigue en crisis, preocupada por las tasas de desempleo, la oposición no puede hacer su trabajo parlamentario porque bastante tiene con tapar todos los agujeros de corrupción que se están abriendo en su línea de flotación. Rajoy ocupa su tiempo en achicar el agua de un barco que Aznar dejó a escasos metros de encallar contra las rocas. Matas fue ministro con Aznar, Camps y Esperanza Aguirre crecieron a la sombra de Aznar, como Fabra, el alcalde de Boadilla o el de Pozuelo, que estaba en el círculo de confianza del ex-presidente. Toda una cohorte que ahora impide al PP ser alternativa y que sigue viva en plazas como Madrid, donde día si y día también se destapan contratos sospechosos de Aguirre. El último una factura de más de un millón de euros para una campaña de publicidad que jamás se realizó.

Dicen que Zapatero está saliendo vivo en las encuestas por esta situación interna del PP, pero casi se podría decir lo contrario: el PP sigue vivo por la crisis y los parados…

Parece mentira que todavía haya quien se escude en la censura para cubrir sus actos. Soprende, como digo, que todavía haya quien crea que impidiendo la inauguración de una exposición de fotografías se vaya a lograr que las mismas dejen de verse.

Si la censura no funcionaba hace cuarenta años y los libros prohibidos circulaban con verdadera facilidad por la España franquista, es absordo creer que al nivel de comunicaciones actual una decisión política logre la desaparición de contenido de interés.

Porque además de inútil, como se ha podido comprobar con la exposición de fotos de Valencia sobre fotoperiodismo que incluía, evdentemente, instantáneas sobre la imputación de Camps y Costa por Gürtel, se tiende a lograr el efecto contrario. La censura es la mejor manera de promoción, la mayor campaña de publicidad que se puede hacer, más aun cuando vivimos en una época en la que prácticamente nada es prohibido, por lo que aumenta nuestro interés por lo censurado.

Así que todos hemos sabido que existía una exposición que de otra forma hubieramos obviado, todos hemos llegado a ver y leer descripciones sobre las fotografías de la discordia y, sobre todo, habremos aumentado nuestras sospechas y reservas hacia Camps, Costa, Barberá… Porque evidentemente la censura no es una prueba válida en un juicio penal, pero el interés del PP valenciano por ocultar esa realidad lleva a uno a preguntarse los motivos, y no suelen ser demasiado benévolos.

Sorprendentemente (o tal vez no tanto) el que ha dimitido por esta burrada ha sido el director de la exposición, el que recibió las órdenes de no aceptar la exposición, pero nada sabemos de la persona que hizo la llamada. La ética ha llevado al director a presentar su renuncia, por haber tenido que aceptar una veto asó pero no es suficiente para el político que, amparado en el anonimato, tan sólo su integridad le llevaría a dejar su cargo. Lástima que la integridad en la política valenciana no esté en sus mejores días por lo que difícilmente veremos dimitir al responsable real de solicitar la censura.

Eso sí, conocemos a su jefe más directo…

¿Se imaginan que fuera posible que cada alumno tuviera un ordenador con el que trabajar en clase?

Sin tener en cuenta el partido que lo proponga, no se puede negar que es una medida positiva, que reduce al mínimo la brecha digital (esa que separa a los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no pueden permitírselo) y que resulta esencial para el futuro de las futuras generaciones de españoles. Hoy en día es tan importante saber inglés, como saber manejar un ordenador, sin ninguna duda.

Esa promesa electoral, que hizo el Partido Socialista, se está intentando convertir en realidad y el Gobierno de España está firmando un convenio con todas las Comunidades Autónomas para que así sea. Se dota con los medios necesarios a las Comunidades y éstas se encargan de poner en funcionamiento los ordenadores.

Esto no sería más que una demostración de lo útil que resulta la política, de lo esencial que es en nuestras vidas si no fuera porque tres Comunidades Autónomas han decidido rechazar esa inversión. Murcia, Valencia y Madrid se oponen a que los alumnos de sus Comunidades dispongan de un ordenador por cada alumno. Decir que las tres Comunidades están gobernadas por el PP no sorprenderá a ninguno.

El motivo alegado desde Valencia es que los ordenadores dañan la vista de los niños, mientras que Esperanza Aguirre prefiere decir que provocan problemas ergonómicos en los niños y niñas (las mochilas llenas de libros, en cambio, no provocan ningún problema ergonómico)

La pregunta es: ¿Sólo porque la oferta venga del Gobierno, que es del PSOE, se tiene que rechazar en las Comunidades gobernadas por el PP? ¿No importan los ciudadanos? ¿De verdad los niños madrileños, valencianos y murcianos se van a quedar sin ese gran avance por simples disputas políticas? Se va a lastrar a los ciudadanos de tres Comunidades Autónomas, con el único fin de oponerse a Zapatero, sin importar ni tener en cuenta lo que se rechaza o se deja de rechazar. Una disputa política, sin sentido, que pagan todos los ciudadanos.

Y es que utilizar el futuro de los más jóvenes como tema de oposición es simple y llanamente lamentable y los responsables tiene nombre y apellido, así que se merecen ser nombrados: Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel y, como no, Esperanza Aguirre.

Eso si, en 2012 podrán acusar a Zapatero de no haber cumplido su programa.

Rouco Varela pide que la política no se meta en temas religiosos, mientras alimenta a su infantería entre una manifestación y otra. El Gobierno no tiene derecho a responder a la Iglesia, no puede ofrecer su punto de vista ni debería poder legislar lo que quisiera porque…. sí. No hay más razones, no puede hacerlo y punto, lo dice Rouco y se cumple, como acto de fe.

Y Rouco reclama este silencio ahora, cuando la Justicia investiga la visita del Papa a Valencia, por aquello de la trama Gürtel que el PP quiere anular por haber utilizado un sistema de escuchas comprado por Rajoy y avalado por 9 procesos judiciales. Les parece indiferente el contenido de las escuchas, que presuntamente fuera una trama corrupta la que pagase la visita del pontífice, o que los coches de lujo pasen de mano en mano. No debe haber responsabilidades políticas ni legales, simplemente redención católica. Por eso están aliados Rouco y el PP, una vez más, y nuevamente en Madrid y Valencia, para que robar no sea delito sino pecado.

Así no hay cárcel, ni hay fianzas y, sobre todo, no hay noticia porque la confesión es secreta. 

El pacto parece evidente, de beneficio mutuo. Mientras el PP organiza los viajes papales, la Iglesia hace de oposición, con argumentos ilustrados de peso; excomunión, herejía y pecado público. Ante un Rajoy débil, despiertan a Rouco.

Y el Gobierno no tiene derecho a protestar porque Dios no está en el Parlamento, no ha sido votado y no depende de las encuestas. A Rajoy se le puede responder y denunciar, pero a Rouco no. 

El filón que ha encontrado el PP es “eterno”, traspasando su labor de oposición a elementos divinos, con sus propias leyes, reglas y penas. Donde les delitos son pecados, las conversaciones delatoras confesiones y las elecciones un proceso “digital”. Normal que se sientan cómodos los populares en la Conferencia Episcopal… funciona como pretenden que lo haga España.

El 61% de los españoles desaprueba las medidas del Gobierno, el 45% pide la cabeza de Camps (otros le piden más bien los trajes…) y un 18,5% se cree la teoría de la persecución contra el PP.

El País y Público, entre otros muchos, llenan estos días sus páginas de encuestas o pseudoencuentas que arrojan porcentajes que intentan resumir todos estos meses ya vividos. Otros, más electoralistas, transforman los porcentajes en votos y muestran la distancia que ahora mismo, sacaría el PP al PSOE.

Pero de todas esas cifras, apenas una es relevante, significativa, preocupante. El resto, entran dentro del sentido común. Que el 61% de los españoles desaprueben las medidas del Gobierno, cuando esas medidas suponen subir los impuestos entra dentro de la lógica más elemental. Lo mismo ocurre con ese 45% de ciudadanos que no soportan más la presunta corrupción de Camps. Cierto es que el porcentaje podría ser más elevado, pero tengan en cuenta que todavía no hay ninguna sentencia judicial en contra, aunque parece que se acerca.

Que el PP aventaje al PSOE, en plena crisis y tras una subida de impuestos, tampoco es demasiado extraño, aunque si preocupante para el Gobierno.

Pero que casi un 20% de ciudadanos españoles crea que existe una persecución contra el PP, es absolutamente asombroso. Si en una democracia como es la española, el principal partido de la oposición es capaz de hacer creer tal cosa y el mensaje cala en un 20% de la gente, algo está fallando.

Si de verdad ocurriera eso que denuncia el PP, si fuera verdad que la policía está contra ellos y que los fiscales les persiguen, les aseguro que el PP no estaría tan relajado, que sus abogados no estarían sentados a la bartola y que no un 20% de los españoles, sino un 100% estarían en las calles clamando contra el Gobierno.

Pero claro, si el PP se siente perseguido porque allí donde gobierna le investigan por corrupción (y no dejan de salir pruebas), deben saber que la culpa no es de la policía, sino de los que roban. ¿Molesta que la policía y la justicia hagan su trabajo?

No debería, teniendo en cuenta que el PP aspira a gobernar alguna vez.