Recordarán ustedes a César Cabo, portavoz de los controladores aéreos en aquel Diciembre en que los militares pasaron a tomar el control. Tiene un blog con reflexiones sobre la actualidad y hace unos días leí una frase suya que cobra especial sentido estos días, cuando nuestro espacio aéreo parece quedarse vacío por momentos.

Se refería a  la necesidad de “afrontar desde la Administración Central, con valentía y visión estratégica, la necesidad real aeroportuaria de una nación volcada en el tren de Alta Velocidad desde hace más de una década” y sin duda en esa dualidad está buena parte de la situación de hoy.

España ha apostado como casi ningún otro país del mundo en trenes de alta velocidad (nos copian hasta en EEUU) pero sigue manteniendo precios elevadísimos en este medio de transporte cuando además los turistas vienen en avión. Por el contrario no hemos sido capaces de mantener o facilitar una aerolínea española -pública en el mejor de los casos- lo que nos deja en manos de compañías en quiebra o todavía peor, en manos de Ryanair…

El caos es absoluto, sin ninguna planificación a largo plazo y con la necesidad de vender los aeropuertos como forma de financiación.

Es necesario optar, saber si vamos a trenes o a aviones. Saber que el AVE debería ser un medio de coste asumible si va a suplir todos los recorridos que hasta ahora se cubrían con avión o apostar por una gran línea aérea española y seguir dejando que el tren sea un medio de transporte de lujo.

Poner parches para cada momento no soluciona nada, más bien todo lo contrario. Vamos perdiendo calidad y oferta en vuelos de forma gradual según pasan los años mientras el resto de transportes no bajan de precio. Se condena a la Sociedad española al coche -a pesar de los abusivos precios de la gasolina- o a compañías que se venden como bajo coste cuando lo único bajo es la calidad, la seguridad y el trato. Se está obligando a los españoles a tener que subirse a unos aviones de una aerolínea que no respeta la legislación española, que viola los derechos de los ciudadanos españoles y que decide aleatoriamente quien vuela y quien no.

Un país como el nuestro, que vive del turismo, no puede permitirse quedar en manos de compañías así por ser incapaz de crear una alternativa, ya sea por tierra, mar o aire…

En España opera una compañía aérea que tranquilamente se salta la legislación española en materia de vuelos nacionales. AENA lo sabe y gestiona abundantes reclamaciones y denuncias por ello, pero a pesar de eso siguen permitiendo que en los aeropuertos españoles opere Ryanair, que no tiene reparos en dejar a pasajeros en tierra por cláusulas abusivas y contrarias a la Ley española.

Es un caso bien conocido por la opinión pública -al menos por una parte significativa- y además en este caso hay un componente personal.

Quienes traten de volar con sus hijos menores a un destino nacional, aportando como exige la Ley el Libro de Familia, les denegarán el embarque, mostrándoles una cláusula en el billete (casualmente el único texto que ponen en catalán cuando el resto está en castellano) que pone literalmente que “cada pasajero debe presentar su documento de identificación con fotografía válida”. Por mucho que se logre aportar un documento oficial que identifique al niño con foto, lo rechazarán igual, incumpliendo así incluso su propia normativa y negando la validez de un documento oficial.

 Por tanto, a pesar de cumplir con las exigencias que nuestro país nos hace, se autoriza que una compañía pueda vetarnos por motivos arbitrarios. Evidentemente, cabe preguntar a Fomento por esto y así lo hago aquí públicamente.

Sobre todo porque no es un caso único -de serlo no lo contaría en este foro- y hay sentencias en contra de esta arbitrariedad. Se trata además de una compañía que incluso ha tenido que hacer aterrizajes de emergencia porque se les había despegado una ventanilla que simplemente había pegado con cinta adhesiva. Sí, textual.

Tampoco lo tienen fácil las embarazadas, pues a pesar de que las directrices de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea aseguran  que “solo se precisa certificado médico en caso de superar las 32 semanas”, Ryanair exige presentar un certificado médico en inglés (no puede ser en castellano aunque el vuelo sea en España) incluso a las mujeres con un embarazo de 28 semanas.

Con estos graves fallos de seguridad y uso abusivo de cláusulas privadas arbitrarias sorprende que esta compañía pueda operar en aeropuertos internacionales de prestigio y, sobre todo, que el Gobierno lo consienta, velando más por el interés de la compañía privada que por el de sus ciudadanos.

Está claro, para futuras ocasiones, que por mucho que los horarios de vuelo coincidan con lo solicitado, Ryanair queda excluida del abanico de compañías aéreas con las que volar. 

Son demasiados motivos y demasiadas “trampas legales” sin sentido como para que se cumpla el requisito fundamental que un pasajero espera al montar en un avión; confianza. Con Ryanair desde luego, todo lo contrario.