Hay quien entiende la oposición como un grupo de políticos que se dedican a decir lo contrario de lo que diga el Gobierno, sea lo que sea, cuando sea y como sea.

Para estas personas tiene lógica que el PP, en situación de crisis o sin ella, con casi 4 millones de parados o sin ellos, haga que sus dirigentes boicoteen todas las medidas y decisiones que se intenten tomar. No les parece extraño que los presidentes de varias Comunidades Autónomas representen, en una Conferencia de Presidentes, a su partido en vez de a sus vecinos.

Por eso, si el Gobierno plantea un nuevo modelo económico, envía el borrador al resto de grupos políticos y se aceptan el 80% de las propuestas del PP, les parecerá coherente que dicho partido lo rechace.

Para el resto de ciudadanos, que creemos que la oposición tiene y debe tener una labor propositiva, de crítica constructiva y de lealtad institucional, la actitud del Partido Popular representa jugar a ganar votos mientras España se enfrenta a uno de sus peores momentos económicos. Si el PP rechaza un documento que incluye el 80% de sus propuestas y es incapaz de llegar a un mínimo acuerdo, mientras que sí lo logran otras fuerzas políticas, sindicatos y representantes de la patronal, queda claro que se viajaba a Madrid con la intención de hacer más sonoro el ya famoso “no a todo”.

Las consecuencias las pagarán nuevamente los ciudadanos, precisamente en mayor medida los de comunidades como Madrid y Valencia, principales generadoras de Paro en España actualmente. Así, mientras el mundo entero está definiendo ya su nuevo modelo de crecimiento económico, haciendo política de Estado, leal y con visos de futuro, en España la oposición no es capaz de mirar más allá de las siguientes elecciones generales, sobre todo desde que los periódicos les dicen que ganarían. Se olvidan eso si, de que mientras recortan distancias a nivel nacional, las pierden a nivel local, como está ocurriendo en Madrid, donde por primera vez en muchos años el PP podría estar perdiendo su mayoría absoluta.

Probablemente porque los ciudadanos no se sienten representados en una presidenta de una comunidad que en vez de ser la voz de todos los vecinos, se limita a representar a su partido. Esto ocurre cuando se confunden las siglas políticas con las instituciones, cosa que desgraciadamente pasa mucho, sobre todo en determinados lugares.