En España opera una compañía aérea que tranquilamente se salta la legislación española en materia de vuelos nacionales. AENA lo sabe y gestiona abundantes reclamaciones y denuncias por ello, pero a pesar de eso siguen permitiendo que en los aeropuertos españoles opere Ryanair, que no tiene reparos en dejar a pasajeros en tierra por cláusulas abusivas y contrarias a la Ley española.

Es un caso bien conocido por la opinión pública -al menos por una parte significativa- y además en este caso hay un componente personal.

Quienes traten de volar con sus hijos menores a un destino nacional, aportando como exige la Ley el Libro de Familia, les denegarán el embarque, mostrándoles una cláusula en el billete (casualmente el único texto que ponen en catalán cuando el resto está en castellano) que pone literalmente que “cada pasajero debe presentar su documento de identificación con fotografía válida”. Por mucho que se logre aportar un documento oficial que identifique al niño con foto, lo rechazarán igual, incumpliendo así incluso su propia normativa y negando la validez de un documento oficial.

 Por tanto, a pesar de cumplir con las exigencias que nuestro país nos hace, se autoriza que una compañía pueda vetarnos por motivos arbitrarios. Evidentemente, cabe preguntar a Fomento por esto y así lo hago aquí públicamente.

Sobre todo porque no es un caso único -de serlo no lo contaría en este foro- y hay sentencias en contra de esta arbitrariedad. Se trata además de una compañía que incluso ha tenido que hacer aterrizajes de emergencia porque se les había despegado una ventanilla que simplemente había pegado con cinta adhesiva. Sí, textual.

Tampoco lo tienen fácil las embarazadas, pues a pesar de que las directrices de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea aseguran  que “solo se precisa certificado médico en caso de superar las 32 semanas”, Ryanair exige presentar un certificado médico en inglés (no puede ser en castellano aunque el vuelo sea en España) incluso a las mujeres con un embarazo de 28 semanas.

Con estos graves fallos de seguridad y uso abusivo de cláusulas privadas arbitrarias sorprende que esta compañía pueda operar en aeropuertos internacionales de prestigio y, sobre todo, que el Gobierno lo consienta, velando más por el interés de la compañía privada que por el de sus ciudadanos.

Está claro, para futuras ocasiones, que por mucho que los horarios de vuelo coincidan con lo solicitado, Ryanair queda excluida del abanico de compañías aéreas con las que volar. 

Son demasiados motivos y demasiadas “trampas legales” sin sentido como para que se cumpla el requisito fundamental que un pasajero espera al montar en un avión; confianza. Con Ryanair desde luego, todo lo contrario.

Con el verano llega el calor, las vacaciones, la canción del verano y la huelga de controladores (queda la de pilotos…). Puntual como un reloj, molesta como de costumbre, encubierta como casi siempre.

Así, mientras España está en crisis y sufre unas tasas de paro del 20%, los controladores aéreos, con un sueldo abultado y seguro, consideran que deben mejorar más todavía sus condiciones laborales. No dudo que deban tener beneficos extra, dado que tienen en sus manos la seguridad de aviones, pero esa misma responsabilidad les debería recordar que faltar a su puesto de trabajo puede tener consecuencias nefastas, más allá de retrasos y cancelaciones molestas.

Y todo por el limbo legal con el que se encuentran, con su lógica facilidad para tener una baja por estrés. Difícil de regular por mucho que Fomento lo intente incluso sin negociar, apelando a la Justicia, cuando eso mismo se ha criticado en el caso del Metro de Madrid y eso que las circunstancias son bien distintas, pues estos últimos reconocían abiertamente su huelga.

Hay quienes piden una Ley mas detallada para regular las huelgas y los servicios mínimos. Lo pedía Tomás Gómez para evitar nuevos abusos por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid al imponer servicios mínimos y desde luego ayudaría a simplificar el tratamiento de las huelgas y promovería la negociación.

Pero los controladores necesitan algo más. Necesitan primero declararse en huelga, qué menos. Porque si bien es cierto que su huelga es de las menos comprendidas de todas, este sentimiento se agrava cuando ni siquiera tienen el valor de reconocerlo, impidiendo así servicios mínimos que portejan a los  ciudadanos.

En todo caso, recomendaría a Fomento negociar antes que denunciar (los resultados serán siempre mayores) y a los controladores les recordaría la situación laboral de millones de personas en España, por si se les despierta la lógica solidaridad.

No olvidemos que la huegla es un derecho, esencial, para los trabajadores. Lástima que los controladores no tengan el valor de reconocerse ese mismo derecho.