Es falso que en España la Justicia sea lenta y el caso de Garzón lo demuestra. Fíjense si será rápida que vamos a juzgar y probablemente condenar antes al juez que a los presuntos delincuentes. Se nota que vamos un paso por delante.
Lejos de entrar en el detalle de derecho en el que seguramente nos podríamos perder, basta con ver la escena con cierta perspectiva para darse cuenta que resulta ciertamente paradójica.
Así que de no ser por los gloriosos momentos televisivos que está dejando el juicio de Camps y Costa podríamos llegar a creer que toda la trama Gürtel tiene como foco unas escuchas policiales y no el caso de corrupción más grande en España, aunque demasiadas veces se nos olvida -especialmente a algunos votantes-.
Acataremos, como siempre, la decisión judicial. No significará compartirla, como tantas veces pasa, pero se respetará. El propio Garzón se mueve más con gesto de resignación que de voluntad de seguir luchando.
Una vez nos olvidemos de Garzón y algunos políticos presuntamente corruptos hayan logrado alargar sus juicios, esperemos vuelva la sensatez y las portadas sean para que éticamente vuelva a ser peor visto robar dinero público que un error administrativo/judicial (como lo quieran llamar) cometido -o no- al tratar de llevar ante la Justicia a quienes convertían el dinero público en privado desde su propio bolsillo.
Es una pena esta oportunidad que les ha dado Garzón (involuntariamente, sin duda) a los acusados. Sin la posibilidad de ir a por un juez tendrían que haber intentado demostrar su inocencia y les aseguro que les hubiera costado bastante más que lo primero. Nada como escuchar las conversaciones de Camps con “el Bigotes” para intuirlo.
Así que es probable que la lucha contra la corrupción se lleve por delante a un Juez y a muchos otros que a partir de ahora se lo pensarán dos veces -ojalá me equivoque- a la hora de investigarla. Un precio alto, muy alto, para frenar una trama corrupta incluso mayor.
Acabará ganando la Democracia, pero como siempre con costes cada vez más inasumibles.
Estar a metros del banquillo de los acusados por cochecho, pensar en declararte culpable para evitar el proceso y dimitir al cabo de unas horas haciéndolo pasar por un acto de sacrificio por España puede ser considerado en sí mismo como un motivo más que suficiente para redimitir, en el caso de que fuera posible.
Sólo con que a Camps -o a cualquier político- se le pase por la cabeza la idea de pagar la multa y aceptar la acusación de cohecho con tal de poder seguir en el poder debería abrir el debate sobre la necesidad de plantear la dimisión forzosa.
Camps lo ha logrado. Además de tener y retener el sillón de la presidencia del PP en Valencia y el sillón del Presidente de la Comunidad Valenciana, ahora tiene un sitio reservado en el banquillo de los acusados.
Francisco Camps es todo sensibilidad… para vestir. La elegancia con la que sus hombros soportan sus trajes es tal que no le queda para nada más lo cual, en periodo electoral, supone un gran handicap dado que el 90% del tiempo lo pasará hablando y dado que es del PP de ese 90% el 100% será para hablar de sus rivales.
Los periódicos ya tienen preparadas todas las frases que uno a uno los dirigentes del PP ofrecieron en defensa de Camps. Están contadas todas las manos que se llevan puestas en el fuego por él (si no recuerdo mal el propio Rajoy puso las dos de las que dispone) y la noticia prácticamente escrita a falta de fechas y titular final.
Reirse de la prensa, estar imputado por corrupción o directamente ser acusado de prostitución de menores son los nuevos valores políticos, la esencia de la actual democracia.
Es probable que el Partido Popular pueda seguir diciendo que en “números globales” ellos tienen menos imputados que el PSOE, pero claro, viendo cómo se las gastan en Madrid, donde cada mes el Gobierno de Esperanza Aguirre pone una querella contra Tomás Gómez que luego el juez una y otra vez las inadmite a trámite, pues nos podemos imaginar lo “voluble” de esos datos de los que ¿presume? el PP.
Alberto Sotillos