El “Rafita” anda suelto y la clase dirigente sigue preguntándose el motivo del desprestigio de la justicia. Miles de palabras y gestos se gastan para revalorizar a unos de los tres poderes del Estado, cuando sería mucho más barato aplicar el sentido común (esto es una constante que se repite en exceso en este país).

Tras cuatro detenciones las cámaras de televisión nos mostraban como bajaba nuevamente los escalones del juzgado hacia su -escasa- libertad vigilada. Ha rechazado todos los esfuerzos de la sociedad para lograr la reinserción, ha rechazado un puesto de trabajo (que para sí quisieran miles de españoles) y sigue demostrando cual es su principal interés. Sorprende que esa actitud no esté penada, que no haya castigo con cárcel como respuesta a la no voluntad de reinserción o al menos pena económica, que subsane el gasto.

Es evidente que la reinserción funciona, que la cárcel debe ser el primer paso para que ella se produzca pero resulta casi imposible cuando no existe voluntad y, sobre todo, cuando la temporada entre rejas no ha sido la necesaria.

Nuestra sociedad ha fallado al no dejarle claro a “Rafita” cuál es la pena real por los actos cometidos. Ha fallado por tener una actitud equivocada ante alguien sin interés alguno por formar parte de la misma. Y sigue fallando hoy.

Las respuestas que venimos escuchando estos días para corregir este error son muchas, pero no todas acertadas. Es evidente que algo se está haciendo mal, pero errar en el diagnóstico es casi peor  que no hacer nada. Por eso hablar de cadenas perpetuas y de reformar la Ley del Menor, -a pesar de contar con es espontáneo aplauso del público de una Rueda de Prensa- es confundir la solución con el problema y la labor política con el populismo.

A esos oradores fáciles, de respuestas escasamente meditadas que buscan el voto antes que una mejora social, habría que recordarles que el sistema falla con el “Rafita”, pero no con miles de presos que gracias a no tener encima la presión de una cadena perpetua logran reinsertarse. O descubrirles que la Ley del Menor es efectiva y correcta para el resto de jóvenes que en su inmadurez cometieron errores fatales de los que se arrepienten.

La única respuesta sensata que he podido escuchar hasta hoy es la del Secretario General de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que ha incidido en la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es precisamente la que debería impedir que personas como el “Rafita” acumularan condenas sin preocupación. Como bien dice, los delitos que está cometiendo ahora los hace como mayor de edad y eso debería poder ser sumado al resto de condenas, lo que evitaría que hoy el “Rafita” estuviera en la calle.

¿Lo ven? No hacen falta cadenas perpetuas, basta con conocer las leyes y proponer correcciones sensatas. Eso y cumplir con las labores de vigilancia, que en la Comunidad de Madrid no se están haciendo.