El asalto un supermercado en Écija a manos de sindicalistas para llevar alimentos a un comedor social ha desatado una pequeña crisis institucional en Andalucía. La acción estuvo liderada por Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y diputado en el Parlamento Andaluz por Izquierda Unida, grupo que apoya al Ejecutivo socialista de la Junta.
Aunque no participó en los hechos, esperaba a sus compañeros de sindicato en la puerta del supermercado y justificó los hecho como "una expropiación forzosa" de alimentos, a lo que José Antonio Griñán, presidente de la Junta, respondió que le parecía "una barbaridad" que se produjera el asalto con la complicidad del diputado. "Sánchez Gordillo se manifiesta contra la participación de IU en el Gobierno. Yo, contra la barbaridad de que este diputado asalte supermercados", aseguró.
El parlamentario de IU respondió al presidente andaluz que fue una acción "necesaria" y que probablemente volverá a repetirse "porque alguien tiene que hacer algo para que haya familias que puedan comer todos los días" en declaraciones a Canal Sur Radio, donde también dijo que "más deleznable" desde el punto de vista político es el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos que pesa sobre el Ejecutivo andaluz y el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre la reforma de la Constitución.
Junto a él se ha manifestado su compañero de partido y exsecretario general del mismo, Gaspar Llamazares, que ha asegurado que el Código Penal "justifica" este tipo de acciones "en situaciones dramáticas". En declaraciones a ABCPunto Radio ha manifestado que esto fue un acto "simbólico" que se hizo "a las claras, con la cara al descubierto y no en beneficio propio", sino para personas que tienen dificultades económicas.
Los comunistas disienten
El alcalde de Marinaleda justificó que había que dar "un toque de atención" a lo que realmente está pasando en Andalucía, "donde el 35% de las familias de las grandes ciudades está por debajo del umbral de la pobreza, hay un millón doscientos cincuenta mil parados, tres millones de pobres y más de 200.000 familias con todos sus miembros parados y sin cobrar ningún tipo de percepción".
"El Estado tiene que intervenir para que la gente coma todos los días", añadía Sánchez Gordillo, que defiende la necesidad de que en España se apruebe un ley de Renta Básica para que las familias sin recursos cobren "al menos 500 o 600 euros al mes", al tiempo que se mostraba convencido de que las familias van a empezar a movilizarse porque "si sus hijos pasan hambre, pueden hacer cualquier cosa".
"El polvorín de la desigualdad está encendido y alguien le puede meter mecha, en cualquier momento, por cualquier circunstancia", ha afirmado, además de decir que acciones de este tipo, incluyendo ocupaciones de bancos y tierras, seguirán realizándose por parte del SAT "para llamar la atención sobre que hace falta que la crisis no la paguen siempre los mismos".
Una opinión diferente han mostrado desde el Partido Comunista de Andalucía, formación cercana a la de Sánchez Gordillo, cuyo vicesecretario general consideraba que había que organizar una respuesta social "más allá de acciones mediáticas o con resultados asistenciales o caritativos que no van a la raíz del problema".
