El aumento de los impuestos, dijo Colom, 'significará un incremento de entre el 1 y el 1,2 por ciento', y los programas de combate a la corrupción y el contrabando 'significarán entre un 0,4 y un 0,5', por lo que al cierre del próximo año 'la carga tributaria estaría subiendo un 1,7 por ciento'.
En declaraciones a periodistas en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario precisó que con la reforma fiscal propuesta por su Gobierno, buscan obtener 'solo una parte de los recursos que necesita el Estado', y que el resto se debe generar mediante el combate a 'la corrupción y el contrabando'.
La iniciativa presentada este lunes por el Poder Ejecutivo al Parlamento contempla una subida del 5 al 6 por ciento en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como del 1 al 2 por ciento en el Impuesto de Solidaridad (ISO), que afecta solo a las grandes empresas.
También incluye un incremento del 3 al 6 por ciento en el Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado, y la creación de un impuesto a la telefonía móvil de 15 centavos de quetzal (casi 2 centavos de dólar) por cada minuto de uso.
Con esas medidas, según el presidente, el Estado logrará captar durante 2010 unos 3.200 millones de quetzales (cerca de 385,42 millones de dólares), mientras que con el combate a la corrupción y el contrabando prevén obtener 3.000 millones de quetzales (más 361,4 millones de dólares).
Basándose en esos cálculos y en una esperada buena reacción de la economía guatemalteca durante el próximo año, Colom consideró que la carga tributaria del país se podrá 'elevar del 9,9 por ciento actual, a casi el 11,7 por ciento'.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guatemala es uno de los países con la menor carga tributaria en América Latina.
De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, los recursos que el Estado prevé obtener como resultado de la reforma fiscal serán destinados para programas de salud, educación, seguridad, justicia y desarrollo social y para las municipalidades del país.
Colom espera que el Parlamento apruebe la reforma fiscal antes de que concluya este año, para que entre en vigor a partir de enero próximo, aunque las bancadas de oposición y las cámaras empresariales del país ya han expresado su rechazo.
- Terra
