La ley que fue respaldada por diputados y senadores, otorga a partir del 1 de diciembre de 2009, un reajuste a las remuneraciones de la Administración Civil del Estado, el Congreso, la Contraloría, organismos fiscalizadores, municipios, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
Tras la votación, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, indicó que debe tenerse en cuenta que 'el tema del reajuste no es fácil, sobre todo considerando la crisis internacional'.
Dado lo anterior, afirmó que se trata de un reajuste 'justo y bueno, que sube los sueldos de los trabajadores', cuestionando el paro ya que a su juicio 'la manera de solucionar las cosas no es a través de movilizaciones'.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl De la Puente, se retiró molesto del parlamento 'por el desprecio hacia los trabajadores públicos', y agregó que este jueves se decidirán las acciones a seguir.
Pese a que el Gobierno subió su oferta -inicialmente era de un 2,5 y luego de un 3,5%-, pero aún está lejos de las exigencias de los trabajadores, que reclaman un incremento salarial general del 6%, y del 7,5% para los sueldos más bajos.
El proyecto aprobado este miércoles, concede además por una sola vez, un bono de término de conflicto para los trabajadores movilizados.
Este será de 125 mil pesos (unos 240 dólares) para quienes tengan una remuneración bruta de hasta 497 mil pesos (unos 955 dólares) y de 75 mil (unos 144 dólares) para quienes perciban entre esa cifra y un millón 672 mil pesos (unos 3.215 dólares).
'Lo que se ha acordado es bueno y justo, y esperamos que así se refleje en las actitudes y acciones de todos los involucrados', declaró el ministro de Hacienda, tras la sesión en el Congreso.
La iniciativa contempla también el pago de dos bonos, uno de 147 dólares y otro de 245 dólares, para los trabajadores con ingresos más bajos, a pagarse en diciembre y enero próximos.
Este miércoles, la Conferencia Episcopal, presidida por Alejandro Goic, hizo un llamado para que los funcionarios fiscales depongan el paro de actividades, en respeto a la comunidad que sufre las consecuencias de la movilización.
'No se puede jugar con la salud de los más pobres; las luchas gremiales tienen un límite y la comunidad merece respeto', indicó Goic en un comunicado.
'La radicalización de los conflictos ha derivado en situaciones que afectan a la población y, de un modo muy grave, a los más pobres del país', subrayó.
Respecto de la movilización de los profesores, el presidente de la Conferencia Episcopal sostuvo que el episodio provocó 'un daño' en el sistema educativo y en los procesos de mejoramiento de la calidad de enseñanza.
Goic invitó a los dirigentes de los gremios en conflicto y a las autoridades pertinentes, a 'hacer gestos urgentes y concretos de generosidad y amistad cívica que permitan reponer un diálogo con disposición real por ambas partes hacia el encuentro de posiciones'.
Según la ANEF, a la huelga que hoy cumplió tres días se unieron unos 450.000 trabajadores, incluyendo a los empleados de todos los ministerios y organismos dependientes, además de las municipalidades del país.