IU ha anunciado que retirará su enmienda a la totalidad a la modificación de la Ley de Cajas regional, ya que está "a punto de llegar a un acuerdo de estabilidad en Caja Madrid" con el PP, Comfia-CCOO y la Unión de Impositores y Consumidores, que "adapta" y "renueva" el pacto alcanzado en la entidad en 1996.
El portavoz adjunto de IU en la Asamblea de Madrid, Miguel Reneses, ha hecho este anuncio en la Asamblea, tras explicar que su grupo ha retirado la enmienda a la totalidad del nuevo proyecto de Ley de Cajas de Ahorros de Madrid -que se adapta a las razones del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central-, que iba a debatirse mañana en el pleno de la Cámara autonómica. Reneses ha negado que el acuerdo 'hable de nombres, ni de presidentes, ni de (Miguel) Blesa', y ha afirmado que está 'abierto a otras fuerzas políticas y sociales'.
El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha confirmado que existe una "intensa negociación" y se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo "en menos de 24 horas".
La portavoz parlamentaria socialista, Maru Menéndez, ha aseverado que no ha habido 'ningún contacto' de su partido con el PP ni con el Gobierno de Esperanza Aguirre desde que éste aceptara adaptar la ley al recurso de inconstitucionalidad. Menéndez ha recordado que IU "ostenta la vicepresidencia de Caja Madrid desde años" y ha apuntado que, a su juicio, esa es "una de las claves del acuerdo que se ha hecho".
Intensas negociaciones
"Supongo que el acuerdo que han pergeñado entre (el secretario general del PP de Madrid, Francisco) Granados, (el coordinador general de IU-CM, Gregorio) Gordo y Comfia-CCOO tendrá que ver con la permanencia en los órganos de la Caja", ha señalado. Reneses ha hecho hincapié en que las modificaciones que asume el PP suponen 'volver al inicio de lo que existía' antes de la crisis por el control de la Caja.
Según el popular David Pérez, el acuerdo va a ser 'beneficioso para los madrileños' y va a 'asegurar un futuro más sólido para Caja Madrid'.
En septiembre de 2003, el Consejo de Administración de Caja Madrid acordó por 13 votos a favor y ocho abstenciones reelegir a Miguel Blesa como presidente de la entidad financiera madrileña durante otros seis años, después de que accediera a este cargo en 1996. En 1996 se logró que el consenso primase en las renovaciones del Consejo de Caja Madrid y se alcanzó un acuerdo entre varias fuerzas políticas y sindicales que se trasladó a la asamblea de la caja.
Los socialistas están invitados a unirse
Este acuerdo está abierto a que los socialistas y el resto de organizaciones políticas y organizaciones sociales se sumen 'con el objetivo de posibilitar un gran pacto de todos los entes con representación en la entidad financiera'.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de seis años, busca que la entidad continúe manteniendo su tradicional liderazgo en el segmento de las familias y de las pymes, especialmente en un momento como el actual marcado por la falta de liquidez.
A este acuerdo se han sumado en su calidad de entidades representativas la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, CEIM, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), la Fundación Carme Pardo-Valcarce y el Instituto de Estudios Económicos.
Los firmantes del acuerdo consideran que la voluntad de entendimiento y consenso en el funcionamiento de los Órganos de Gobierno de Caja Madrid es fundamental para consolidar la posición de esta Institución en el mercado financiero, así como para dar cumplimento a los fines fundacionales que tiene encomendados la Caja.
El compromiso alcanzado recoge también como objetivos el seguir avanzando en la mejora de la calidad de los servicios a los clientes; apoyar las inversiones en sectores estratégicos de la economía española contribuyendo a la solidez y solvencia de los proyectos en los que participa la Caja; profundizar en la responsabilidad social empresarial a través del desarrollo del Código de Buen Gobierno; incorporar la política laboral a los planes estratégicos de la entidad, considerada como motor de productividad y rentabilidad; y dedicar el mayor porcentaje de excedentes a dotar los recursos de la Obra Social, una vez garantizada la máxima solvencia.