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Las asociaciones Francisco de Vitoria (FdV) y Foro Judicial Independiente (FJI) reivindicaron hoy su derecho a hacer huelga tras presentar en el registro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los escritos por los que comunican la convocatoria de un paro de 24 horas para el próximo 18 de febrero al que están llamados 'los jueces y magistrados de todo el territorio nacional'. El escrito, que fue entregado por el nuevo portavoz de FdV, Marcelino Sexmero, y el de FJI, Benito Raboso, sostiene que la convocatoria 'se ampara en el derecho fundamental de huelga que contempla el artículo 28.2 de la Constitución', del que, según aseguran, también son 'titulares los jueces y magistrados'. Sobre este extremo tendrá que pronunciarse el CGPJ el próximo lunes en un pleno extraordinario. Para justificar la 'legimitación' de los jueces a la hora de llevar a cabo el paro, las asociaciones apelan al 'derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados', recogido en la Constitución; y a 'la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos sus aspectos', contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Como tercer argumento, aluden a una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 1981 'de la que se desprende', según informan en su escrito, 'la legitimación de las organizaciones profesionales para convocar huelga en el ámbito territorial y funcional que le es propio'. JUECES 'BASTANTE HARTOS' En declaraciones a las puertas de la sede del órgano de gobierno de los jueces, Sexmero aseguró que la huelga es 'un acto de responsabilidad' porque los jueces y magistrados están 'bastante hartos de la situación en la Administración de Justicia y de la irresponsabilidad de los Ministerios de Justicia y de los Gobiernos de este país, incluido el actual pero también los anteriores'. 'Si queremos hablar de responsabilidades, habrá que aplicárselas también al propio Ministerio de Justicia', señaló el portavoz de FdV antes de considerar 'bastante improbable' que el departamento dirigido por Mariano Fernández Bermejo 'vaya a negociar ni a hacer nada en estos diez días para evitar la huelga'. 'Aunque todo es posible, es improbable', dijo. Sexmero prefirió no pronunciarse sobre el número de jueces y magistrados que pueden secundar el paro el próximo día 18, aunque confió en que 'sean muchos', ya que está respaldada por las dos asociaciones convocantes y las juntas de jueces de toda España que han anunciado en las últimas semanas. SERVICIOS MÍNIMOS En su comunicación, además de citar las diez reivindicaciones que les llevan a convocar la protesta, las asociaciones reclaman al CGPJ que fije 'los servicios mínimos imprescindibles para atender debidamente a los ciudadanos durante el día de la huelga'. En su opinión, las actividades que no deberían estar afectadas por el paro son los servicios de guardia, las causas con presos o detenidos, la celebración de juicios con tribunal del jurado, las actuaciones que sean preferentes o urgentes y la participación de jueces y magistrados en las juntas electorales.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cargó hoy contra las dos asociaciones, el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Francisco de Vitoria (FdV), que el pasado viernes decidieron apoyar la hulega convocada para el próximo día 18. APM les acusó de tener intereses propios, haber 'repudiado la unidad judicial' y de haber 'defraudado la aspiración de los españoles'. 'Es una pérdida colectiva, que en modo alguno se justifica por las aspiraciones de influencia institucional que puedan tenerse o por las lógicas y legítimas pretensiones de incremento del grado de representación profesional', denunció la APM a través de un comunicado en el que lamentó 'sentida y profundamente' la declaración de huelga por parte de las dos asociaciones. 'El anuncio se desdice del compromiso que voluntariamente redactaron, firmaron y divulgaron en todos los medios de comunicación hace escasos días; y su decisión desprecia a todos los Jueces y Magistrados'. Además la APM acusa a FJI y a FdV de 'repudiar la unidad judicial' y de haber 'defraudado la aspiración de cuantos españoles creyeron en el mensaje voluntario de las asociaciones'. Las cuatro principales asociaciones judiciales acordaron el pasado día 12 de enero sustituir la huelga del 18--medida sin precedentes en la carrera-- por actos reivindicativos de menor intensidad y otorgar un plazo de seis meses al Gobierno para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir definitivamente a un jornada de paro el 26 de junio.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto celebrar un pleno extraordinario el próximo jueves para estudiar la convocatoria de huelga respaldada por un 20 por ciento de la carrera judicial y dos de las cuatro asociaciones de jueces, según informaron a Europa Press fuentes de este órgano. La decisión se produce después de que el pasado viernes la asociación Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) decidieran romper la coordinadora interasociativa que mantenía las negociaciones con el Ministerio. El máximo órgano de Gobierno de los jueces comunicará esta decisión hoy a las cuatro principales asociaciones en la reunión que mantendrán a partir de las 16.30 horas, según las mismas fuentes. Precisamente hoy, las dos asociaciones judiciales que el pasado viernes decidieron sumarse a la convocatoria de huelga, la Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), contestaron al ministro, Mariano Fernández Bermejo, que la posibilidad de prohibir por Ley las huelgas de jueces 'es un acto desvergonzado' y manifestaron su opinión de que una posible intervención en ese sentido no llegaría a tiempo para frenar el paro previsto para el día 18. 'Sería el único país civilizado con una legislación para prohibir una huelga de jueces, no existe ningún país, ni Portugal, ni Francia, ni siquiera Estados Unidos, donde exista una legislación así', denunció el nuevo portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (Fdv), Marcelino Sexmero. En ese sentido, recordó cómo 'en 2005 en Italia se celebró una huelga de jueces y ni Berlusconi, que para otras cosas se las trae, lo prohibió'. Asimismo, valoró la posibilidad de la prohibición como 'un acto desvengonzado por parte del Ministerio' y admitió que 'el legislador es soberano, pero matizó que deberá hacerlo en otro momento'. En cualquier caso, Sexmero, manifestó su confianza en que una posible interveción del legislador 'no llegaría a tiempo antes del 18' de febrero ya que según dijo, requiere una Ley Orgánica. Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo expresó que 'el Parlamento es el poder superior, pero no el absoluto y está sometido a la Constitución'. 'Si el Parlamento prohibe la huelga iremos al Constitucional' advirtió Gallardo quien coincidió con Sexmero en que no dará tiempo una prohbición por ley antes de la huelga del 18. 'Si hay que suspender la huelga habrá que tener la autorización pero la haremos en cuanto la tengamos, siempre usaremos vias legales', sentenció.
Un total de 21 jueces de Baleares están llamados a la huelga el próximo 18 de febrero, tras haber sido convocada por la asociación Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, les 'vendiera humo' en la reunión del pasado 26 de enero en la que se comprometió a destinar un fondo de 20 millones de euros a la modernización de la planta judicial. En declaraciones a Europa Press, los portavoces de FdV y FJI, Marcelino Sexmero, y Conrado Gallardo, que representan a 20 y 1 jueces de las islas, respectivamente, criticaron que en el citado encuentro, Bermejo 'no puso encima de la mesa ningún acuerdo negociable', más allá de anunciar una 'ridícula' partida de 20 millones para mejorar el sistema informático de la justicia. Así, Sexmero recalcó que el ministro 'no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo' con las asociaciones de jueces y, en este sentido, consideró que existe una 'falta de diseño' de lo que tiene que ser la justicia en España por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Por este motivo, señaló que la actitud de Bermejo respecto a las reivindicaciones de los jueces, que exigen una mejora de sus condiciones laborales y una menor carga de trabajo, 'nos obliga a hacer presiones', como la convocatoria de una huelga para el próximo 18 de febrero, pese a que, en un principio, sólo estaba previsto un acto de protesta. En similares términos se expresó Gallardo, quien dijo que ante la falta de compromiso por parte del ministro, FJI no ha tenido otro remedio que convocar una huelga, pese a que admitió que no le convence el hecho de que se 'rompa la unidad asociativa', dado que, por el momento, de la convocatoria se han descolgado las otras dos principales asociaciones judiciales, Jueces para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura.
Un total de 21 jueces de Baleares están llamados a la huelga el próximo 18 de febrero, tras haber sido convocada por la asociación Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, les 'vendiera humo' en la reunión del pasado 26 de enero en la que se comprometió a destinar un fondo de 20 millones de euros a la modernización de la planta judicial. En declaraciones a Europa Press, los portavoces de FdV y FJI, Marcelino Sexmero, y Conrado Gallardo, que representan a 20 y 1 jueces de las islas, respectivamente, criticaron que en el citado encuentro, Bermejo 'no puso encima de la mesa ningún acuerdo negociable', más allá de anunciar una 'ridícula' partida de 20 millones para mejorar el sistema informático de la justicia. Así, Sexmero recalcó que el ministro 'no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo' con las asociaciones de jueces y, en este sentido, consideró que existe una 'falta de diseño' de lo que tiene que ser la justicia en España por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Por este motivo, señaló que la actitud de Bermejo respecto a las reivindicaciones de los jueces, que exigen una mejora de sus condiciones laborales y una menor carga de trabajo, 'nos obliga a hacer presiones', como la convocatoria de una huelga para el próximo 18 de febrero, pese a que, en un principio, sólo estaba previsto un acto de protesta. En similares términos se expresó Gallardo, quien dijo que ante la falta de compromiso por parte del ministro, FJI no ha tenido otro remedio que convocar una huelga, pese a que admitió que no le convence el hecho de que se 'rompa la unidad asociativa', dado que, por el momento, de la convocatoria se han descolgado las otras dos principales asociaciones judiciales, Jueces para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura. DIVISIÓN EN LAS ISLAS
Jueces decanos y representantes de juntas de jueces en los los territorios que respaldan la huelga convocada para el próximo día 18 en la práctica totalidad de los órganos judiciales españoles se reunirán mañana en la sede de los juzgados de instrucción de Madrid junto con representantes de las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI) -que respaldan los paros-, con el objetivo de organizar la jornada del miércoles.
*El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el próximo 16 de marzo para dar cuenta de la situación de la Justicia y para responder a los requerimientos que le han hecho diversos grupos parlamentarios en relación con la sanción de 1.500 euros impuesta por el órgano de gobierno de los jueces al juez de Instrucción de Sevilla Rafael Tirado, por la desatención que motivó que Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, se encontrara en la calle a pesar de tener una condena pendiente por pederastia. Será la primera ocasión en la que el nuevo presidente del CGPJ comparece ante el Parlamento, y lo hará tras haberse producido las del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo el pasado 11 de febrero y la que protagonizarán, el próximo miércoles, los repesentantes de las cuatro asociaciones judiciales, cuya presencia ha sido reclamada por el PSOE. La Comisión de Justicia del Congreso puso fecha a la comparecencia de los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Asociación Francisco de Vitoria (AFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) para una fecha posterior a la huelga de jueces celebrada con éxito el pasado miércoles. Aunque las asociaciones no tienen obligación legal de atender la llamada del Parlamento, sus representantes ya anticiparon su disposición a explicar sus demandas ante el Congreso, siempre y cuando no se pretenda controlar las decisiones del Poder Judicial. La comparecencia de Dívar se produce más de un mes y medio después de que el presidente del Congreso, José Bono, le invitara a acudir a la Cámara para atender las distintas peticiones de comparecencia formuladas por los distintos grupos. En concreto, el PSOE acordó hace una semana con las minorías que se pediría la presencia del presidente del CGPJ para informar de la situación de la Administración de la Justicia y de las demandas de los jueces.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha expresado hoy su voluntad de poner 'el contador a cero' tras reunirse con las asociaciones judiciales, a las que ha anunciado la próxima convocatoria de 220 plazas de jueces y que mantendrán la competencia de fijar los señalamientos de juicios.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha expresado hoy su voluntad de poner 'el contador a cero' tras reunirse con las asociaciones judiciales, a las que ha dicho que se convocarán 'de inmediato' 220 plazas de jueces y que éstos mantendrán la competencia de fijar los señalamientos de juicios.
La huelga de Jueces y magistrados tendrá en Asturias un seguimiento del 15 o el 20 por ciento, según manifestó hoy, a Europa Press, el responsable del Foro Judicial Independiente (FJI) en el Principado, Agustín Azparren. A la huelga en Asturias se suma la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y es rechazada por la Asociación Judicial de la Magistratura (AJM) y de Jueces para la Democracia (JpD).
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