La Liga Árabe ha acordado pedir al Consejo de Seguridad de la ONU
formar una fuerza de paz conjunta para Siria, así como retirar a sus embajadores del país y aumentar las sanciones económicas contra el régimen de Damasco.
Estas decisiones fueron tomadas en una reunión extraordinaria en El Cairo de los jefes de la diplomacia árabe que tiene el objetivo de buscar una solución a la crisis siria, según el proyecto de resolución.
Los ministros de Exteriores árabes convinieron solicitar una resolución del Consejo de Seguridad para crear una misión integrada por miembros de la Liga Árabe y de Naciones Unidas que compruebe sobre el terreno el alto el fuego en Siria.
Además, pusieron fin a la anterior misión de observadores árabes, cuyo trabajo había quedado suspendido desde el pasado 28 de enero debido a la escalada de la violencia en ese país.
Esta decisión coincide con la dimisión del jefe de la citada misión de observadores árabes, el general sudanés Ahmed Mustafa al Dabi, y la propuesta de que el exministro de Asuntos Exteriores jordano Abdulilá Jatif, encabece la nueva misión conjunta con la ONU.
Asimismo, la organización panárabe acordó aumentar la presión contra Damasco con la suspensión de 'todas las formas de colaboración diplomática con los representantes del régimen sirio en los distintos países, entidades y conferencias internacionales', según el proyecto de resolución.
Otra de las medidas de presión adoptadas es intensificar la aplicación de las sanciones económicas y la suspensión de los tratos comerciales con el régimen sirio, excluyendo lo que afecta directamente a los ciudadanos.
Por otro lado, la Liga Árabe se comprometió a "abrir canales de comunicación con la oposición siria y facilitar todas las formas de apoyo político y financiero a la misma".
Los jefes de la diplomacia árabe decidieron, asimismo, pedir a la oposición que 'unifique sus filas' y mantener con ella un diálogo serio previo a la conferencia internacional sobre Siria, que determinaron celebrar el próximo día 24 de febrero en Túnez.
Entre otras decisiones adoptadas, figura la intención de ayudar a que las organizaciones internacionales humanitarias puedan atender al pueblo sirio, así como la organización de campañas para donaciones populares y la formación de un fondo internacional.
Desde que comenzaran las protestas contra el régimen sirio de Bachar al Asad en marzo pasado, más de 5.000 personas han muerto por la represión gubernamental, según la ONU, si bien el régimen culpa de la violencia a supuestos grupos terroristas.