La medida, que entrará en vigor el próximo 2 de abril, ya ha sido notificada a los consulados brasileños en España y a las autoridades españolas.
La Policía Federal, encargada del control migratorio, podrá solicitar al viajero la entrega de un comprobante de medios económicos cuyo valor mínimo corresponde a 170 reales (unos 80 euros) diarios, que deberán ser verificados mediante una tarjeta de crédito y su última factura para demostrar el límite de extracto de la misma.
Además, también podrán exigir un comprobante de la reserva de hotel, y en el caso de hospedaje en una residencia particular la carta de invitación de un residente en la ciudad brasileña de destino, informando del plazo de estancia del turista español.
La carta deberá estar compulsada ante un notario brasileño y acompañada de un comprobante de residencia emitido a nombre del declarante.
Los turistas deberán portar un pasaporte con una validez mínima de seis meses. El plazo máximo de permanencia del turista español en Brasil, de 90 días prorrogables, no ha sido alterado.
La mayor rigidez en el cumplimiento de los requisitos de entrada, que se aplicará solo a turistas españoles y no procedentes de otros países del espacio Schengen, responde al rigor con el que Madrid está aplicando las normas de entrada en su territorio a los turistas brasileños, declaró hoy a Efe una fuente de la División de Inmigración del Ministerio de Exteriores de Brasilia.
De acuerdo con esta fuente, España está llevando al 'límite' los requisitos de entrada para brasileños, que también rigen en otros países europeos que son más laxos en la exigencia de documentos, por lo que la medida no se ha extendido a sus ciudadanos.
Una fuente consular española consultada por Efe ha declarado que la medida pone por escrito reglas que ya se estaban aplicando y ha rechazado que implique un endurecimiento de la normativa.
La medida entra 'dentro de lo normal' y es 'calcada' a los requisitos que se exige a los brasileños para entrar en el espacio Schengen, que permite libertad de movimientos de personas y mercancías entre 22 países de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega e Islandia.