Se tratarían de casos en los que las peticiones de eutanasia sean denegados por los médicos de cabecera aduciendo motivos éticos o deontológicos. Si bien en un principio la iniciativa se financiará con fondos de los socios de la fundación, ésta espera que en un futuro el servicio sea cubierto por el sistema sanitario ordinario.
Los promotores de la clínica aclararon que los seis equipos móviles con los que trabajarán "se ajustarán a la ley de la eutanasia" vigente en Holanda desde 2002. La ley de la eutanasia requiere que los enfermos que solicitan la llamada muerte dulce padezcan una enfermedad incurable, que tengan un dolor insoportable y que los solicitantes estén en pleno uso de razón cuando piden que se les practique la eutanasia. Además, las solicitudes deben ser analizadas por una comisión de expertos independientes.
La ley holandesa pena con hasta 12 años de cárcel los casos de eutanasia en los que no se cumplan estos requisitos. La Federación de Médicos holandeses criticó la apertura de una clínica de estas características, ya que consideró que los facultativos carecerán de informaciones como el historial médico del paciente, entre otras cuestiones.