Sin perjuicio del 'respeto' que el alto tribunal le merece, la asociación expresa en un comunicado su discrepancia con la resolución judicial, al considerar que la postura que la Fiscalía mantuvo durante todo el proceso, no acusando a Garzón, fue la 'acertada'.
'La condena nos resulta absolutamente desproporcionada al considerar que los errores que pudieran cometerse en el seno de la investigación de los procedimientos penales pueden y deben ser revisados por vías distintas a la del Derecho Penal, máxime cuando es evidente que existen diversas opiniones que son jurídicamente defendibles en derecho, como hemos visto, oído y leído en relación al objeto de este procedimiento', afirma la UPF.
De igual modo, la asociación solicita que se regule legalmente 'de forma clara, precisa y detallada' los medios de investigación para combatir la criminalidad, por entender que 'la seguridad de cuantos servidores públicos trabajan para perseguir estos hechos delictivos no puede depender únicamente de criterios jurisprudenciales'.
De igual modo, sostiene que la sentencia tendrá 'nefastas consecuencias' para la persecución de los delitos de corrupción, ya que aumentará 'la inseguridad jurídica de estos servidores públicos'. 'Insistimos en que el único camino posible en un Estado de Derecho es el que hace que todas las decisiones judiciales sean medidas por igual, sin que el nombre de la persona o personas investigadas, perturben el principio de igualdad', concluye.