El coordinador federal de IU, Cayo Lara, considera necesario que haya una serie de movilizaciones en la calle durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral con el fin de "parar este nuevo entuerto" contra los derechos de los trabajadores. Afirma, además, "la marcha atrás que debe dar el Gobierno" en sus intenciontes laborales ya que los cambios ocasionales en el trámite parlamentario no serán a mejor.
"Hacemos un llamamiento a la movilización para responder en la calle lo que es un ataque a los derechos laborales de los trabajadores", ha añadido Lara en conferencia de prensa, durante la que ha ofrecido un primer análisis de la reforma del mercado de trabajo dada a conocer hoy por el Gobierno.
Lara ha recalcado, no obstante, que la convocatoria de una huelga general corresponde a los sindicatos, de modo que son estas organizaciones las que deben decidir, "y no los presidentes", en alusión al comentario de Mariano Rajoy en Bruselas cuando hablaba precisamente de la reforma laboral.
A su juicio, el plan del Ejecutivo, que IU cree que puede alterarse puntualmente a su paso por el Congreso debido a los pactos del PP con CiU, no conseguirá el gran objetivo que han plasmado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra Fátima Báñez a lo largo de su comparecencia ante la prensa. "Esta reforma tampoco va a crear empleo", ha sentenciado.
De hecho, parafraseando a la vicepresidenta, Lara ha comentado que "efectivamente" esta reforma laboral va a marcar "un después", y ésa es la lesión de los derechos de los trabajadores. "Estamos en una situación de pérdida de los derechos de los trabajadores", ha incidido el coordinador federal de IU antes de indicar que España, "en peores situaciones económicas", no ha tenido tan dañada la defensa de los trabajadores como ahora.
En su opinión, además, no hay razones económicas en las cifras del PIB como para cercenar los derechos y las garantías laborales. La reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, según ha reseñado, no va a dar la vuelta a la trayectoria de las reformas del anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que no sólo no se creará empleo, sino que además se aleja la salida de la crisis.
El plan laboral del Gobierno, ha declarado, enfrenta a los parados con los trabajadores, "como si estos debieran algo" a aquellos, hace el despido "más barato" y en consecuencia "más fácil" y abre la puerta a que las empresas, incluso sin pérdidas, puedan desprenderse de algunos empleados. Critica además la desaparición de la autorización administrativa para proceder a los ERE, lo que es de "una gravedad importantísima".
En este orden de argumentos contra la reforma, el dirigente de IU ha añadido que "se legaliza el trabajo precario", allana el camino para "el mercado negro laboral" y clausura la negociación colectiva, especialmente porque quedan fuera los empleados de pymes, es decir, el 85% de los trabajadores españoles.
El PP, a su juicio, pretende además convertir a los parados de larga duración en "voluntarios forzados", en la línea de lo que propugna la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dicho, y difícilmente puede defenderse que aumenta el periodo de formación en la propia empresa cuando se habla de 20 horas al año.