La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que el Ministerio y sus organismos asociados tienen una deuda de 40.000 millones de euros, una "herencia que limita la capacidad para operar infraestructuras".
La ministra anunció también que el Gobierno aprobará en julio un nuevo Plan de Infraestructuras, Vivienda y Transporte (PIVIT) con el horizonte 2024.
En cuanto a la deuda, detalló que en el área de carreteras, asciende a 1.700 millones de euros, en tanto que en el sector ferroviario supera los 14.600 millones; en Puertos del Estado, 2.600 millones, y AENA, 14.942 millones. Asimismo, indicó que el área de vivienda cuenta con un déficit de 130 millones de euros.
La ministra se mostró preocupada por estos datos e indicó que cerca de 1,5 millones de personas trabajan en tareas afectadas por las políticas que se desarrollan en su Departamento, y que por ello tratará de que Fomento lleve a cabo una política "seria, rigurosa y eficiente".
La AESA podrá supervisar el cierre de aerolíneas
Ana Pastor, ha anunciado que su departamento va a trabajar en medidas normativas y operativas para dotar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de las capacidades necesarias para la supervisión de las compañías aéreas tanto en el inicio de su actividad como y, sobre todo, en su suspensión de operaciones.
Pastor, quien calificó el cierre de Spanair de "abrupto y sin previo aviso", reveló que a las 18.00 horas del pasado viernes 27 de enero telefoneó al presidente de la aerolínea, Ferran Soriano, para advertirle de que le estaba llegando información a través de los trabajadores de la aerolínea del cese de operaciones, cuando ni la ministra ni los órganos competentes habían recibido notificación alguna.
Asimismo, indicó que la notificación del cese de actividad de Spanair a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) llegó media hora después de que se suspendiera el primer vuelo.
Pastor aseguró que la "primera sorpresa" que se ha llevado al frente de Fomento es que en este país se requiera de un largo procedimiento para poder iniciar operaciones aéreas pero baste con comunicar la suspensión de actividad para dejar de hacerlo. "Para la sorpresa de los ciudadanos y para la mía", afirmó en el Congreso en su comparecencia ante la Comisión de Fomento.
Por ello, dos semanas después del cierre de Spanair, consideró necesario plantear algunas medidas que permitan afrontar situaciones futuras --en las que profundizará en su próxima comparecencia a petición propia en el Congreso sobre este asunto-- con el objetivo de "asegurar y proteger" los derechos de los pasajeros y exigir a las compañías el cumplimiento de las obligaciones.
No obstante, avanzó que en el ámbito normativo en el que no se tenga competencia, como es el comunitario, promoverá que los que tengan responsabilidad la tengan al inicio de su actividad y a lo largo de todo el procedimiento.
En esta línea, subrayó que "los derechos de los ciudadanos no pueden verse subrogados a los intereses empresariales cuando las compañías cesen su actividad", líneas sobre las que trabajará desde Fomento, y para lo que espera contar con todos los grupos en la Cámara.
Con respecto a los trabajadores afectados por el cierre de Spanair, Pastor quiso transmitir el "apoyo y compromiso" de Fomento con "todos ellos" para un sector que es "clave" para mantener el crecimiento y sobre todo la actividad de estos profesionales.
Al respecto, el diputado del PSOE Rafael Simancas consideró que el Gobierno se equivocó en su actuación tras el cese de Spanair, ya que "era posible un cierre ordenado" cuando de todos era conocida la situación de la aerolínea, aunque reconoció que 'la responsabilidad última debe achacarse a la empresa'.
Reducir retrasos en aeropuertos
Por otro lado, Pastor avanzó durante su intervención que promoverá en el seno de la Unión Europea medidas para reducir los retrasos en los aeropuertos y limitar sus causas, ya que dijo, "no tiene sentido tener el mejor transporte del mundo si se hace perder el tiempo a los ciudadanos". Así, lamentó que de las 20 rutas con mayores retrasos en Europa, el 90% conecten con España.
También señaló que se aprobará una modificación de la Ley de Seguridad Aérea de 2003 para ahondar no solo en el mal uso de los 'slots' --derechos de aterrizaje y despegue--, sino también en el tiempo de espera en las salidas y llegadas que genera demoras.
"De igual manera que supone un coste para los ciudadanos perder el tiempo en los aeropuertos debe suponer un coste para quien la produce y/o la genera", concluyó.