El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, se ha sentado en el banquillo para encarar el primer juicio de los que tiene pendientes en el Tribunal Supremo. Las acusaciones particulares piden que sea inhabilitado hasta un máximo de 17 años por intervenir conversaciones que los implicados en la trama 'Gürtel' mantuvieron en prisión con sus letrados.
El presidente del tribunal, Joaquín Giménez, ha anunciado que la sala citará a declarar este miércoles a un funcionario del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Vicente Maroto, como pedía Garzón.
El tribunal también permitirá que se escuchen 'a puerta cerrada' las grabaciones entre los imputados del 'caso Gürtel' y sus abogados que se consideren procedentes, siempre que se justifique su interés para la causa y no hayan sido ya excluidas porque afecten a la confidencialidad o al derecho de defensa.
Estas han sido las dos únicas peticiones de la defensa que ha admitido la sala, ya que ha rechazado la recusación de los magistrados Manuel Marchena y Luciano Varela por ser una cuestión ya resuelta y ha optado por no entrar en la reclamación de Garzón de poder recurrir ante la Sala del 61 del TS una hipotética condena.
En este caso, Giménez ha explicado que el hecho de que los aforados no tengan acceso a una segunda instancia penal 'es una previsión legal que no es renunciable', ya que es lo previsto por el Poder Legislativo y por tanto, 'guste o no guste', el Supremo no puede intervenir en las decisiones del Parlamento.
También se ha rechazado la solicitud de la defensa de incorporar al juicio el auto del juez instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas, ya que ha recordado Giménez que ya consta en el proceso a petición del fiscal.
Unas peticiones que habían sido rechazadas por las acusaciones, que piden entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.
La Fiscalía, pese a que no acusa y pide la absolución del magistrado, también se ha opuesto a incorporar estas pruebas, aunque ha apoyado que en el caso de que se admitiera la audición de las grabaciones tuviera lugar a puerta cerrada, al igual que han pedido los abogados de la acusación.
Un juicio mediático
Frente a las puertas del Supremo varias decenas de personas, convocadas por la plataforma 'Solidarios con Garzón', se han concentrado para denunciar "la persecución política" al magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones desde mayo de 2010.
El grupo de simpatizantes, encabezado por la actriz Pilar Bardem y el diputado de IU Gaspar Llamazares, portaba una gran pancarta en la que se podía leer 'Contra la inmunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo', al tiempo que coreaban gritos en solidaridad con apoyo al juez e insistiendo en que 'hay que juzgar al franquismo criminal'.
Asimismo llevaban carteles con eslóganes como 'tapan sus delitos echando a Garzón' o 'acallan al juez; mañana a ti'.
A las puertas del Supremo también han acudido una decena de funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que era titular Garzón antes de ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial, 'para apoyar al jefe', e incluso alguno de ellos se ha cogido un día a cuenta de sus libranzas para estar junto al magistrado.
Casi un centenar de medios de comunicación de 15 países se han acreditado para el que será el primer juicio al que tenga que enfrentarse Garzón este mes de enero, ya que el próximo martes será juzgado también en el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.