'Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional', ha explicado Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. 'Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco', ha añadido, 'España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos'.
En un comunicado, Human Right Watch respalda al juez ante la próxima apertura del juicio por su investigación de los crímenes cometidos por el Fanquismo. Asimismo, esta organización señala que la imputación del juez por esta causa podría estar relacionada con las escuchas que ordenó para investigar el 'caso Gürtel', 'una extensa trama de corrupción relacionada con el Partido Popular, actualmente en el gobierno'.
'La imputación de Garzón en una segunda causa que investiga la decisión del juez de intervenir las comunicaciones entre diversos abogados y sus clientes en el marco de un resonado caso de corrupción hace sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en varios casos controvertidos', apunta esta organización, que justifica las escuchas ante la sospecha de que los abogados estuvieran involucrados en las actividades ilícitas de sus defendidos.
Human Rights Watch asegura que no ha adoptado una posición respecto de la legalidad de las grabaciones o de si estas pueden considerarse procedentes. Sin embargo, defiende que acudir a la interposición de una querella penal cuando existen otras vías posibles constituye una medida 'a primera vista injustificada'. 'El enjuiciamiento de jueces por el delito de prevaricación es un hecho prácticamente sin precedentes en España', enfatiza.
El juicio de Garzón en el 'caso de memoria histórica' está programado para el 24 de enero de 2012. Human Rights Watch recuerda que se le acusa del presunto delito de prevaricación --dictar a sabiendas resoluciones injustas-- por intentar llevar a cabo una investigación efectiva de crímenes de detención ilegal y desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil española y la dictadura del general Franco, a pesar de que en 1977 España aprobó una ley de amnistía para 'actos de intencionalidad política'.
'La decisión de Garzón de no aplicar la ley española de amnistía encuentra sustento en el derecho internacional, que establece la obligación de los estados de investigar los delitos internacionales más graves y considera las desapariciones como un delito de carácter permanente mientras no se de razón del paradero de las víctimas', dice esta organización, que recuerda el similar procedimiento abierto por Garzón contra el dictador chileno Augusto Pinochet.
CRÍTICAS A LOS QUERELLANTES
Human Rights Watch critica el 'carácter franquista' de las organizaciones querellantes y señala que, en el juicio por el 'caso Gürtel', son los abogados sospechosos e incluso imputados los que han llevado a que se suspendiera a Garzón de sus funciones.
Esta organización añade que un exmiembro del Tribunal Supremo recién jubilado --que no es citado-- señaló a Human Rights Watch que creía que 'los enemigos de Garzón en el poder judicial habían adelantado la causa Gürtel para que el proceso contra el juez por la investigación de los crímenes del franquismo, claramente más controvertido, tuviera menor difusión pública y permaneciera a la sombra de esta otra causa'.