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 Islandia, el país que dejó caer a la banca y enjuició a los políticos

6 de marzo de 2012

Geir Haarde (Agencia: EFE)

Geir Haarde (Agencia: EFE)

Islandia es una isla-estado en el Atlántico Norte que durante años fue un paraíso de las libertades financieras y campo abonado de la especulación. En 2008, resultó uno de los más golpeados con el estallido de la crisis financiera internacional.

Y en contraste con prácticamente el resto del mundo, Islandia lejos de optar por los paquetes de rescate y la austeridad, buscó una salida de la crisis en dejar caer a la banca y llevar a políticos y banqueros a la justicia.

Desde este lunes se sienta en el banquillo de los acusados el exprimer ministro Geir Haarde, conservador, de 61 años y jefe de gobierno entre 2006 y 2009. Los cargos: negligencia en la crisis financiera. Haarde, que considera el juicio una farsa y una persecución política, carga ya con la etiqueta de ser primer líder mundial que enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en la crisis.

Liberalización financiera

La explicación del abrupto hundimiento de la economía islandesa hay que buscarla en 2001, cuando se introdujeron fuertes reformas de desregulación del sector bancario en las que se incluyeron medidas como la autorización para permitir su endeudamiento en la adquisición de empresas extranjeras.

La crisis estalló cuando los bancos resultaron incapaces de refinanciar su deuda. Debían hasta US$200.000 por cada uno de los 300.000 habitantes de la isla. El gobierno acudió al FMI para pedir US$2.000 millones. El Producto Interno Bruto cayó un 7%, la inflación se disparó hasta el 12%, cifra similar a la subida de los tipos de interés. La moneda local -la corona- se desplomó

Los ciudadanos comenzaron a pagar los platos rotos: desempleo y ejecuciones hipotecarias. Las protestas no se hicieron esperar y terminaron con el gobierno de Haarde. El nuevo Ejecutivo optó por dejar caer a los bancos, nacionalizándolos para salvaguardar los ahorros de los ciudadanos y congelar el pago del 100% de la deuda con inversionistas extranjeros.

Muchos de sus clientes estaban en Holanda y Reino Unido. Esos gobiernos optaron por hacerse cargo de los ahorros perdidos por sus ciudadanos y reclaman a Reykiavik hasta US$5.000 millones. Las idas y venidas diplomáticas no han terminado.

Cuestión de tamaño

El relativo éxito de Islandia para encarar la salida de la crisis la explica el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson, por el tamaño de su economía. "Se hace virar más rápido un bote pequeño que un barco grande", le dijo a la BBC. Y la agencia de calificación de riesgos Fitch elevó recientemente la nota de Islandia un escalón hasta BB+, "grado de inversión". Dejó así de ser "bono basura".

Fitch justificó su decisión como "un reflejo del progreso hecho para restaurar la estabilidad macroeconómica, impulsando reformas estructurales y reconstruyendo la solvencia de su deuda soberana". Islandia creció en 2011 al 3%. La caída del valor de la corona hizo sus exportaciones más competitivas. Además, en 2009, el nuevo gobierno siguió emitiendo deuda y gastando durante un año hasta que comenzaron a implementar recortes.

Esto contrasta con el caso de los países de la eurozona con problemas en sus cuentas públicas, que por estar en el euro no pueden devaluar su moneda y se han visto abocados a fuertes recortes y medidas de austeridad al solicitar ayuda al FMI y la Unión Europea. Recientemente, la agencia de calificación de riesgos Fitch rebajó además la nota de cinco países europeos, entre ellos Italia y España. Standards & Poor hizo lo propio con nueve, incluida Francia.

El juicio

El exjefe de gobierno es visto por muchos como el símbolo de la burbuja económica islandesa que disparó el desempleo, los desahucios y la inflación con el colapso de los tres principales bancos comerciales.

La deuda de las entidades era varias veces el tamaño de la economía del país. Haarde se enfrenta a la acusación de negligencia ante el Landsdómur, corte especial para procesos que afectan a miembros del gobierno y que en 106 años de historia no había actuado nunca.

El juicio fue impulsado por el Althingi (parlamento), que votó en 2010 por 33 votos contra 30 dio luz verde a que el anterior jefe de gobierno fuera llevado a los tribunales. "Rechazo todas las acusaciones y creo que no tienen base", dijo Haarde ante el tribunal.

El trabajo de la Fiscalía es demostrar que sus decisiones provocaron efectivamente que se derrumbara la economía del país, mientras la defensa se basa en la imposibilidad de intervenir en la actividad de los bancos y en que la crisis islandesa estuvo relacionada con la internacional y que no había forma de haber previsto o haberla prevenido.

Pero en las últimas semanas parece haber decaído el fuerte apoyo popular con que contaba el juicio a finales de 2010, cuando dos de cada tres islandeses lo apoyaban. Los últimos sondeos apuntan a un empate entre partidarios y retractores.

El proceso también ha sido criticado por el hecho de que Haarde es el único político procesado. Algunos señalan también a los socialdemócratas, actualmente en el poder y en 2008 parte de la coalición de gobierno, y al primer ministro entre 1991 y 2004, David Oddsson, impulsor de la drástica liberalización del sector financiero que muchos apuntan como causa de la crisis.

Pese a todos los procesos abiertos, las primeras condenas no se impusieron a políticos ni banqueros. Cuatro ciudadanos fueron sentenciados el año pasado por haber entrado ilegalmente en el parlamento durante las protestas de finales de 2008.

Terra