"Una reforma importante, de calado y completa", así ha definido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la reforma laboral que ha presentado el Ejecutivo tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este viernes. "Una reforma histórica", ha sido el adjetivo utilizado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
La reforma laboral que abarata el despido se tramitará en el Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley, lo que significa que podrían ser incluídas algunas modificaciones durante su paso por la Cámara Baja.
Facilitar la contratación con especial atención a los jóvenes, a los parados de larga duración y a las personas con cargas familiares; Estabilidad en el empleo; Atajar las causas de la economía submergida y apoyar a los autónomos, son las cuatro líneas que han guiado al Gobierno para establecer las medidas básicas a seguir en la modificación de la legislación laboral.
En líneas generales, éstos son los principales puntos del Real Decreto Ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros:
1. Abaratamiento del despido a un máximo de 33 días
A partir de la aprobación de este Decreto Ley la indemnización de los contratos indefinidos será de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.
Por su parte, en caso de despido procedente, la indeminación será de 20 días, hasta un máximo de 12 mensualidades. Se considerará así el despido producido por causas económica, es decir, "cuando los resultados de las empresas muestren pérdidas actuales o previstas, o cuando haya disminución de los ingresos o ventas por parte de la venta durante tres trimestres consecutivos".
Los trabajadores que tengan ya un contrato firmado no verán afectados los derechos que hasta ahora han ido adquiriendo pero, desde el momento en el que entre en vigor la Ley, la indemnización que le corresponda al trabajador por ese período será lo fijado por la nueva norma. Esta Ley se aplicará a todos los trabajadores.
2. Contrato indefinido para los emprendedores
El Gobierno ha aprobado la creación de un contrato indefinido para emprendedores que podrá aplicarse a las empresas de menos de 50 trabajdores y tendrá un año de duración. Un contrato en el que además, se incluye la deducción de 3.000 euros en la primera contratación de un menor de 30 años.
Dicho trabajador cobrar el 25% de la prestación por desempleo y el empleador podrá deducirse en el plazo de un año el 50% del montante que al trabajador contratado le quede por percibir.
3. Derecho a 20 horas de formación anuales
Con el objetivo de facilitar la empleabilidad de los trabajadores, el Ejecutivo fomentará su formación. Para ello, crea una cuenta para cada trabajador, similar a la Seguridad Social, por la que el empleado tendrá derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por su empresa.
4. Prohibición de encadenar contratos temporales
A partir del próximo 31 de diciembre, se retoma la prohibición de encadenar más allá de 24 meses un contrato temporal.
5. Limitar las indemnizaciones de los directivos de banca
Una de las medidas aprobadas es la limitación a las indemnizaciones por cese de actividad de las entidades de crédito. El directivo perjudicado por este cese podrá recibir un máximo de dos años de indemnización. Si ese profesional ha sido sujeto a un expediente, no tendrá derecho a indemnización
Además, los directivos de empresas públicas que cesen y se reincorporen a su puesto anterior en la Administración no tendrán indemnización por despido, según la reforma laboral que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.
6. Agencias de colocación y teletrabajo
Las agencias de trabajo temporal colaborarán con los servicios públicos de empleo en la colocación de trabajadores. Hasta ahora, el antiguo INEM apenas colocaba al 3% de los parados
Asimismo, Báñez ha anunciado, aunque no concretado, que el Gobierno regulará "por primera vez" el teletrabajo.
Empleo pide responsabilidad a los agentes sociales
Fátima Báñez ha llamado a la "responsabilidad" a los agentes sociales en relación a eventuales movilizaciones, tras aprobar por decreto la reforma laboral, cuyo contenido presentará a empresarios y sindicatos "en todo detalle" el próximo lunes.
"Apelamos a su responsabilidad en un momento de crisis grave" ya que "a corto plazo esta reforma frena la sangría" de empleos, ha defendido Báñez.
La ministra ha recalcado que durante todo el proceso de elaboración de la reforma el Gobierno ha estado en contacto "permanente" con empresarios y sindicatos, y se ha remitido a la petición que les hizo el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para que se pusieran de acuerdo en los términos de la modificación del mercado laboral.
Lograron un "importante" acuerdo de moderación salarial, ha recordado, pero ante el desacuerdo en el resto de materias, "la obligación del Gobierno" es legislar al respecto, ha dicho la ministra.
Por ello, preguntada por si el Gobierno está "preparado" para eventuales movilizaciones sociales en protesta por la reforma, Báñez ha apelado a la "responsabilidad" de los implicados.
El secretismo molesta a los sindicatos
Y es que la aprobación de esta reforma se ha producido en medio de un enorme secretismo y ese 'mutismo' del Gobierno sobre las medidas concretas ha generado un gran malestar entre los sindicatos, que no encuentran precedentes de lo que está pasando. En otras ocasiones en las que el Ejecutivo decidió actuar unilateralmente al menos fueron consultados.
Pero en esta ocasión, nada. Pese a pedirlo insistentemente, el Gobierno no ha convocado a los agentes sociales para explicarles el contenido de la reforma y se temen lo peor, más aún si se tiene en cuenta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó a decir que podría causarle una huelga general.
Los comentarios de De Guindos a Rehn han añadido más leña al fuego porque los sindicatos se han opuesto firmemente a rebajar el coste del despido alegando que ahí no se encuentra el problema del mercado de trabajo.
La reforma laboral llega al Consejo de Ministros en medio de un enorme crisis de empleo, con casi 5,3 millones de parados, según el registro del antiguo Inem, y menos de 17 millones de afiliados a la Seguridad Social, cifra de la que España no se apeaba desde 2004.