Con estas medidas, que en más del 70 por ciento representan recortes del gasto público y en cerca del 30 por ciento nuevos impuestos y tasas, Austria quiere consolidar sus cuentas públicas.
La república alpina perdió en enero pasado su nota máxima de solvencia de la agencia internacional de calificación de riesgo Standard & Poor's, sobre todo por la fuerte exposición de su economía a los países excomunistas del Este de Europa y las estrechas relaciones comerciales con la vecina Italia.
En ese sentido, el canciller federal y líder del SPO, Werner Faymann, dijo hoy ante la prensa en Viena que con este paquete de medidas, que fue negociado durante las últimas 10 semanas, Austria quiere 'hacerse independiente de los mercados financieros'.
Además, la coalición propondrá al Parlamento una reducción del 10 por ciento de los diputados en todas las asambleas nacionales y regionales, 'como un acto simbólico de ahorro', aseguró el vicecanciller y jefe del OVP, Michael Spindelegger.
Las medidas anunciadas hoy pretenden reducir gradualmente el déficit presupuestario, hasta llegar a cero en 2016, con el objetivo a mediano plazo de bajar la deuda pública del actual 73 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 60 por ciento, exigido por el Pacto de Crecimiento y Estabilidad de la zona euro.
La mayor parte del volumen de ahorro generado por el paquete proviene de los jubilados y funcionarios -que sufrirán aumentos por debajo de la inflación y congelaciones salariales, respectivamente- nuevos impuestos y medidas de ahorro en las administraciones de los nueve estados federados del país.
Concretamente, el Gobierno ha pactado una ligera subida de impuestos para los asalariados ganen más de 187.000 euros anuales y los empresarios con beneficios superiores a los 175.000 euros al año, además de un impuesto sobre los beneficios generados de la compra-venta de inmuebles.
El paquete incluye también una tasa sobre las transacciones financieras a partir de 2104, con lo que desea ingresar unos 500 millones de euros por año, aunque sólo en caso de que ésta sea introducida por la zona euro entera.
Mientras que el Gobierno se mostró satisfecho por lo pactado, los partidos de la oposición -ultraderechistas, liberales y ecologistas- lo criticaron como insuficiente y socialmente poco equilibrado.