Además, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentó hoy en el Palacio de Tribunales, en Santiago, 403 querellas por 566 víctimas de violaciones a los derechos humanos que nunca han sido investigadas por la Justicia.
La Justicia tampoco había investigado hasta ahora la muerte de Salvador Allende, que, según la versión más difundida, se quitó la vida el 11 de septiembre de 1973 mientras aviones de las Fuerzas Armadas bombardeaban el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno, en el golpe de Estado que encabezó Pinochet.
El abogado Eduardo Contreras, que en representación de la AFEP solicitó al juez Mario Carroza la exhumación de los restos, dijo entender el dolor de la familia de Allende, pero a su juicio 'lo más importante es la verdad histórica y la justicia'.
'No se pueden aceptar dogmas de fe cuando todos sabemos que el cuerpo del presidente fue acribillado a balas por los militares y no se tiene certeza de cuál de las balas fue la que causó su muerte', aseguró.
El caso del mandatario se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos que la Fiscalía a iniciativa propia presentó el pasado 26 de enero ante el juez especial Mario Carroza, y que tampoco habían sido investigadas antes por la Justicia.
La hija del exgobernante socialista, la senadora Isabel Allende, se reunió ayer con el juez Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y a la salida del encuentro reiteró que la familia está convencida de que Allende se suicidó.
'La familia tiene su propia convicción y está formada no de forma antojadiza (...). Pero es distinto que haya una investigación desde el punto de vista del país, histórica', explicó Allende.
La parlamentaria socialista no consideró necesario practicar una autopsia al cuerpo de su padre, ya que sus restos fueron analizados tras la restauración de la democracia, cuando fueron trasladados desde Viña del Mar a Santiago.
'Ya la hicimos el año noventa. Antes de proceder al traslado de sus restos hubo una exhumación (y una autopsia) y por lo tanto eso ya existió. Y por lo tanto, eso ayuda a confirmar lo que han sostenido los médicos', recalcó.
El juez Carroza citó a declarar como testigo para la próxima semana al médico Patricio Guijón, que ha relatado en varias ocasiones que vio al presidente dispararse un tiro cuando regresó al segundo piso del palacio para llevarse como recuerdo su máscara antigás.
Por otra parte, las querellas presentadas hoy incluyen los casos de cuatro nonatos, hijos de madres torturadas, una bebé de un mes y 63 niños y adolescentes de entre ocho y diecinueve años, todos ellos ejecutados entre 1973 y 1990.
Este viernes se cumplen veinte años desde que el entonces presidente Patricio Aylwin dio a conocer en 1991 el Informe Rettig, elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que cifró en 2.279 los ejecutados y desaparecidos durante la dictadura.
- Terra
